La okupación ilegal de viviendas en la Comunidad Valenciana se elevó hasta la 1.874 (939 en Valencia, 656 en Alicante y 279 en Castellón) durante el año 2022. Los datos del Ministerio del Interior revelan que esta es la segunda autonomía en cuanto a la problemática práctica delictiva, sólo superada por Catalá, y ello ha generado un foco especial de atención de la campaña electoral en la mejora de la seguridad.
La tendencia durante el primer trimestre de este año no parece haberse revertido y los datos oficiales sitúan en un total de 420 nuevos casos de okupas en inmuebles que tienen sus propietarios y que han denunciado esa situación. Ese incremento del 23,66% se eleva hasta el 24,43% en el caso de la ciudad de Valencia y hasta un 46,77% en lo que se refiere a la provincia de Castellón.
La tipología de los inmuebles okupados varía según las fuentes consultadas pero la inmensa mayoría pertenecen a bancos, grandes tenedores (10 ó más viviendas en propiedad) o Administraciones y, en menor medida, a particulares que las tienen como segunda o tercera residencia. También hay un porcentaje menor que corresponde a propietarios que han sufrido la okupación en su residencia habitual.
La usurpación (okupación de viviendas vacías) y el allanamiento de morada (okupación de viviendas habitadas) son las dos modalidades delictivas que las estadísticas no diferencian hasta que la denuncia llega a los tribunales pero la primera, sin duda, es la más extendida.
Esta problemática se ha ido arraigando en las tres provincias de la Comunidad Valenciana y ha entrado con fuerza en la campaña electoral. PSOE, Compromís y Podemos están centrados en la defensa de las personas vulnerables y en la desokupación de vivienda en los casos más extremos.
Desalojos exprés
El PP aboga por incrementar la seguridad ciudadana con más policías en las calles y garantizando la desokupación de viviendas en las 24 horas posteriores a la denuncia.
La ley de la Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha añadido algo más de 'permisividad' a los okupas y eso es algo que ha agitado la campaña electoral valenciana a apenas tres semanas de las celebración de los comicios autonómicos y locales.
Viviendas públicas afectadas
Por lo que respecta al parque público de viviendas que gestiona la Generalitat, las cifras de okupación también preocupan. Y es que según los partidos que integran la coalición del Gobierno autonómico superan las 800 okupaciones ilegales. Esas cifran son elevadas por el PP hasta las 1.600 y Vox las sitúa en 1.200.
En cualquier caso, es sintomático de la dificultad de los desalojos que suelen tardar de media un año y medio y también de la casuística en determinadas zonas de las grandes ciudades de la Comunidad Valencia donde hay bloques enteros de promociones públicas okupados de manera ilegal.
Legalizaciones
La situación de exclusión social y emergencia de muchas familias, con menores a su cargo, dificulta la labor de la actual Administración que no quiere dejar abandonadas a estas personas. Por ello, se activó un programa de legalización de estos okupas una vez que se analiza inidividualmente cada caso.
La lentitud de estos trámites y la ideología contraria a los desalojos de los partidos que sustentan la Generalitat ralentizan estos trámites y el goteo de legalizaciones, a veces, es menor que las nuevas situaciones de okupación ilegal.
Esta situación ha sido criticada duramente por el director de campaña del PP, Miguel Barrachina, quien pide que "cuanto antes el actual Gobierno deje paso a nuevos gestores" al entender que ni siquiera en el caso del parque de vivienda pública se está actuando con diligencia y están "traspasando el problema a futuros gobiernos".
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