Declararse insolvente es uno de los trucos recurrentes que utilizan los delincuentes para no pagar las indemnizaciones a las víctimas. Esta misma artimaña ha sido empleada por una mujer que fue condenada por contratar a un sicario al que pagó para matar a una agente de Policía Nacional de Alicante. Después de una batalla judicial, la Dirección General tendrá que asumir los 18.000 euros del importe que corresponden a la funcionaria que estuvo con tratamiento 150 días al ver su vida amenazada, según una sentencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
Para entender este suceso hay que remontarse a la primavera del año 2014. Esta agente y su compañero, ambos de la Comisaría de Benidorm, acudieron como refuerzo a una intervención de los Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana. Los funcionarios debían asumir la tutela de dos menores ya que la madre al parecer ejercía la prostitución y no estaban en un entorno adecuado.
La prostituta no se tomó nada bien la decisión y desde ese momento urdió un plan para vengarse de los policías, que solo habían acudido al domicilio para vigilar que todo ocurriera de la forma más pacífica posible. Ni corta ni perezosa se puso en contacto con un sicario.
La negociación con este asesino comenzó en un precio de 15.000 euros por cabeza. Al final el valor de la vida de los policías quedó marcado en 5.000 euros. Todo por mensajes de WhatsApp sin medidas para ocultar la planificación.
150 días de tratamiento
Lo que no esperaba esta mujer es que el sicario que contrató se plantara en la Comisaría de Benidorm para desvelar todos los detalles de la operación que había negociado con la supuesta prostituta. La Policía Nacional detuvo poco después a la chica por planificación de asesinato.
La noticia del sicario cayó como un jarro de agua fría en la policía. Para superar el trance estuvo con tratamiento de ansiolíticos y terapia psicológica. Necesitó 150 días de curación y una semana de incapacidad al ver como podrían haber acabado con su vida, según informan fuentes policiales a Vozpópuli.
La sentencia sobre la contratación del sicario se concretó en 2015. La mujer fue condenada a cinco años de prisión y el sicario tenía que pagar a la agente de Policía Nacional una cantidad de 18.000 euros en concepto de indemnización por los daños morales que padeció.
Sin embargo, el proceso del pago se fue dilatando en el tiempo. Se dilató tanto que en 2021 la varón se declaró insolvente y el dinero de la agente cayó en un limbo. En un primer momento la Dirección General de la Policía desestimó hacerse cargo de la indemnización el 2 de septiembre de 2022.
La Policía pagará la indemnización
La agente, que contó con los servicios jurídicos del sindicato Jupol, recurrió esta decisión. La Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana emitió una sentencia en favor de la policía el pasado 23 de diciembre de 2023. La Sección 2 estimó el recurso interpuesto y la Dirección General tendrá que abonar la indemnización de 18.000 euros en concepto por las lesiones sufridas en acto de servicio, con los intereses correspondientes desde el 25 de octubre de 2021.
La treta de los delincuentes de declararse insolventes se viene produciendo de forma recurrente en muchos de los procesos judiciales. El abono de la responsabilidad civil o las indemnizaciones quedan muchas veces en el limbo y otras se tiene que hacer cargo la administración. Muchos de estos condenados viven utilizando el dinero negro y tienen a cero sus cuentas corrientes. En el banco tienen lo mínimo para pagar las pocas facturas que tienen domiciliadas para no levantar más sospechas.
