La tensión entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Valencia no desaparece y cobra energía. Hoy en la comisión de Urbanismo se ha producido un nuevo desencuentro al votar el grupo popular junto al PSPV y Compromís las condiciones, plazos, avales y características del estadio que se van a imponer al máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, para que reanude las obras del nuevo estadio. Vox ha quedado al margen.
La formación populista encabezada por Juanma Badenas ha presentado una moción que su socio de Gobierno, el PP, no ha secundado, lo que ha provocado una airada reacción del portavoz municipal de Vox al asegurar que "es la primera vez que se han quitado la careta y ya sabemos que el único grupo que ha defendido al valencianismo de los incumplimientos de Peter Lim es Vox".
El pleno lo aprobará
El acuerdo PP-Compromís-PSPV que se refrendará en el pleno previsto para el próximo martes establece la "modificación del Plan de Actuación Territorial Estratégica en los ámbitos estratégicos de cualificación urbana zona A 'antiguo Mestalla" y zona B "Corts Valencianes", que incluyen las fichas de gestión, que se encuentra actualmente en tramitación".
En segundo término, se establece que las fichas de gestión incluyan, a falta de la firma de un nuevo convenio, "las condiciones que ha de cumplir el nuevo estadio, de manera vinculante, para poder disponer de las plusvalias urbanísticas".
Auditoría y fianza
El tercer punto del acuerdo que ha salido adelante hace referencia a la obligatoriedad de que se "elabore una auditoría externa, aprobada en la Comisión de Urbanismo de febrero de 2024, del coste del estadio con los requisitos de las fichas urbanísticas aprobadas con las exigencias del convenio, y el coste resultante sea el utilizado para el depósito de la fianza, para preservar que no se materialicen los derechos urbanísticos sin asegurar el cumplimiento de las obligaciones como requisito previo a la aprobación del programa de actuación integrada para el desarrollo de la unidad de ejecución de la fase 2 de la zona A 'antiguo Mestalla'".
También se recoge en el acuerdo que se hace por "la necesidad de garantizar que no se produce un nuevo incumplimiento en línea con el que ha acreditado el TSJCV, evitando que las obras vuelvan a quedar paralizadas una vez iniciado el trámite o que estas produzcan como resultado un estadio de menor calidad y condiciones del requerido".
Derogación de la ATE
El cuarto punto del programa de exigencias acordado establece que "si el Valencia Club de Fútbol S.A.D. incumple los plazos de ejecución de la obras establecidos en la licencia, se procederá a la derogación del planeamiento derivado del Plan de la Actuación Territorial Estratégica "Valencia Club de Fútbol" aprobado por Resolución de la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de 19 de febrero de 2015 (BOP de 15 de mayo de 2015), cuya vigencia mantuvo el punto cuarto del acuerdo del Consell adoptado en su sesión de 29 de julio de 2022, lo cual implicará la completa eliminación de las plusvalías urbanísticas que este instrumento de planeamiento atribuyó a los terrenos propiedad del Valencia CF y la consiguiente recuperación de la vigencia de la
ordenación anterior.
Polideportivo municipal
El último punto hace referencia a la ficha de gestión de la zona B 'Corts Valencianes' (solar del nuevo estadio) y que establece el primero de los requisitos necesarios para el otorgamiento de cualquier licencia de edificación de obras de nueva planta sobre las parcelas con aprovechamiento lucrativo privado que tengan asignado un uso dominante terciario.
El texto explica que para ellos será necesario el "ingreso en la Tesorería Municipal del importe fijado con coste total IVA incluido de la construcción del polideportivo municipal en la parcela GSP-1 a ejecutar por el Ayuntamiento de Valencia, de acuerdo con la valoración actualizada que efectúe la Fundación Deportiva Municipal en aplicación de las previsiones contenidas en el Convenio de colaboración suscrito el 3 de septiembre de 2007."
El resumen de este acuerdo es que a postre Lim se le ponen condiciones para evitar que venda los terrenos sin antes finalizar el nuevo estadio que debe tener las características fijadas inicialmente (70.000 espectadores) y, además, se impone una garantía económica fijada por una auditoría externa.
La moción de Vox, que no ha sido apoyada por su socio de Gobierno, iba más allá y presentaba dudas legales. Pedía directamente la derogación del Plan ATE, una modificación puntual del PGOU, la auditoría externa, la resolución de los convenios y el pago de una indemnización por los incumplimientos y la suspensión del planeamiento vigente, así como la avocación de competencias en el pleno.
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