Las necesidades hídricas de la Comunidad Valenciana son evidentes y con el paso de los años no han hecho sino aumentar. El PP valenciano que preside Carlos Mazón va a rescatar la política de trasvases entre diferentes cuencas hidrográficas y, entre ellos, la ejecución del trasvase del Ebro que durante 2004 y 2005 se convirtió en una batalla política en España de primer orden.
Fue en abril de 2004 cuando José Luis Rodríguez Zapatero claudicó ante Esquerra Republicana de Cataluña, entonces liderada por Josep Lluís Carod-Rovira, para poder llegar a la presidencia del Gobierno. Las contrapartidas para que ERC apoyara la investidura de Zapatero eran básicamente dos: que el líder socialista respaldara la reforma del Estatuto de Cataluña que saliera del Parlamento autonómico y el abandono definitivo del trasvase del Ebro previsto en el Plan Hidrológico Nacional (PHN).
La derogación llegó sólo cuatro meses después de que el anterior presidente del Gobierno, José María Aznar, depositara una primera piedra del proyecto en el extremo sur de la provincia de Almería. Hasta allí deberían llegarlas aguas del Ebro, trasvasadas desde Tarragona, y después de pasar por la Comunidad Valenciana y Murcia con un coste de 4.000 millones de euros.
Aquella lucha política supuso que años después el PP valenciano fuera matizando su reivindicación para no entrar en conflicto con el PP aragonés que 'sufría' electoralmente si apoyaba la ejecución de ese trasvase, tal y como le pasaba al PP en Castilla-La Mancha con el Tajo-Segura.
Consenso en cuencas cedentes
Carlos Mazón, sin embargo, ha propuesto cambiar el rumbo de los acontecimientos y recuperar un 'espíritu de concordia' respecto al agua y abordar la ejecución de infraestructuras desde el consenso en los diferentes territorios. La próxima campaña electoral va a suponer de hecho un intento por 'repensar' un nuevo Plan Hidrológico Nacional en el que los populares valencianos piensan en mantener el trasvase Tajo-Segura sin los recortes actuales y en rescatar la transferencia hídrica desde el Ebro hasta tierras valencianas.
El avance de la desertización es grande en zonas como el sur de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. Mazón entiende que es el momento de tener una planificación nacional de los recursos hídricos y una ejecución de las infraestructuras necesarias para la mejora de las condiciones de las cuencas cedentes.
En una entrevista reciente con Vozpópuli Carlos Mazón explicaba que "todo el PP asume que debe haber recursos hídricos suficientes y a un precio razonable. Hay países como Francia donde todas las cuencas hídricas están interconectadas y tanto del Ebro como del Tajo salen decenas de trasvases. El Ebro manda agua a Francia y el Tajo a Portugal pero los únicos trasvase polémicos en España son los que llegan a la Comunidad Valenciana, Murcia o Almería".
El apoyo de Feijóo
La declaración de intenciones está clara, aunque Mazón sabe que si no se reviste de solidaridad esta nueva intentona por mejorar la distribución de los recursos hídricos puede acabar, de nuevo, en fracaso. El presidente del PP valenciano cuenta con el apoyo del presidente de Andalucía, Juanma Moreno; y el de la Región de Murcia, Fernando López Miras y, lo que es más importante, con la aprobación del presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.
La cumbre del agua que el PP quiere celebrar (probablemente en Murcia a lo largo del presente mes de noviembre) tratará todas estas cuestiones que se incluirán en la propuesta para elaborar un nuevo Plan Hidrológico Nacional. También considerará ese plan como prioritarias la ejecución de las infraestructuras que se han quedado por acometer por la actual planificación.
La batalla del agua fue virulenta en la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería con manifestaciones que llegaron a aglutinar a un millón de personas bajo las presidencias de Francisco Camps en Valencia y Ramón Luis Valcárcel en Murcia. Bajo el lema de 'agua para todos' la calle fue un hervidero de protesta por lo que se consideraba una falta de solidaridad de otros territorios ante el avance de la desertización en el este y sureste de la península.
Esa 'herida' sigue abierta pero quizás el momento es más favorable para volver a abordar un nuevo PHN por la indudable proliferación de los fenómenos atmosféricos más virulentos que causan inundaciones o largas sequías en cualquier parte del territorio español.
Batería de enmiendas hídricas a los PGE
Entre las enmiendas que el PP ha presentado en el Congreso de los Diputados a los Presupuestos Generales del Estado figuran algunas como la de no recortar el trasvase Tajo-Segura; aumentar la capacidad de embalse para almacenar y distribuir agua entre el Mijares y el Palancia; buscar una solución al pantano de Contreras, que sólo tiene en uso el 50% de su capacidad; regular el río Girona para mejorar el aprovechamiento de aguas superficiales para regadíos o poner en funcionamiento el pantano del Algar.
También los populares han presentado enmiendas para mejorar la limpieza en los cauces para prevenir inundaciones; aumentar la capacidad del embalse de Arenós; reparar el embalse de Loriguilla que lleva 40 años al 25% de su capacidad; construir balsas de regulación para el regadío tradicional en el río Turia; reparar la balsa de San Diego en el río Vinalopó o acometer obras de acondicionamiento para la integración de aguas invernales en el pantano de Crevillente.
Otra cuestión que Mazón y López Miras han encabezado es la utilización de las desaladoras que se pusieron en marcha cuando Cristina Narbona era ministra de Medio Ambiente, ya que el precio del agua para los consumidores particulares y agricultores era desorbitada para las posibilidades económicas de los destinatarios finales. Es por ello que otra de las enmiendas a los PGE propone que el agua desalada no supere los 0,3 euros por metro cúbico.
El presidente del PP valenciano va a defender en los próximos meses junto a sus compañeros del Partido Popular –veremos si Feijóo logra que sea en todos los territorios– la necesidad de que, una vez ha finalizado el tercer ciclo de planificación hidrológica, se implemente un nuevo PHN que ofrezca seguridad jurídica y se genere desde el consenso social, económico y político.
Entre las cuestiones planteadas en el nuevo PHN impulsado por los populares figura la "previsión y las condiciones de las transferencias de recursos hídricos entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca". Así se ha redactado en una de las enmiendas presentadas esta semana en el Congreso de los Diputados a las cuentas del Estado en 2023.
El dilema de Puig
Esta 'ofensiva' del PP en materia hídrica va a obligar al presidente valenciano, Ximo Puig, a posicionarse sobre este asunto tan delicado y que suele tener afectación en el plano electoral en la Comunidad Valenciana. Puig debe defender las necesidades hídricas de la región, especialmente en el sur de Alicante y en algunas zonas de Valencia y Castellón, pero ello conllevará una difícil convivencia con otros líderes socialistas de territorios con equilibrios políticos diversos.
Veinte años después los planteamientos y las necesidades se mantienen aunque quien está al frente del Gobierno valenciano ahora es el PSPV de Ximo Puig junto a Compromís y Podemos y también lidera el Gobierno de España. En 2004 era el PP el que gobernaba en la Comunidad Valenciana y también en España hasta el primer trimestre de ese año. Habrá que ver si se producen avances en esta materia tan controvertida o si por delante hay otras dos décadas de falta de entendimiento.
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