La empresa Terminal International Limited (TIL) se replanteará seguir adelante con la inversión de 1.021 millones de euros para la ampliación del Puerto de Valencia si continúa el 'bloqueo' del Gobierno de Pedro Sánchez. La compañía está sufriendo desde hace años una situación que definen como "incómoda" al tener que operar en dos terminales con los consiguientes costes extraordinarios para el posicionamiento de contenedores.
La ampliación norte del Puerto de Valencia fue aprobada en una sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia a finales del año pasado con los únicos votos en contra de los representantes de Compromís. Tanto esta formación como Podemos defienden que hay que hacer una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), más allá de la que se hizo en 2007, y que daba luz verde a la ejecución de esta infraestructura.
Recurso judicial
El recurso de una plataforma vecinal, que tiene el apoyo de Compromís, sobre quién tiene que decidir si hace falta o no una nueva DIA –la Autoridad Portuaria de Valencia o Puertos del Estado– provocó que el Tribunal Superior de Justicia madrileño adoptara una medida cautelar para determinar quién es competente.
Ahora bien, no entró a analizar el fondo de la cuestión: la propia ejecución de la nueva terminal de contenedores que está previsto que gestione la multinacional ítalo suiza TIL, filial de MSC. Tanto el Ministerio como la APV mantienen la misma posición, ya que ambos consideran que no hace falta una nueva DIA para avalar la fase constructiva del dique norte.
No hay impedimento judicial para que el Consejo de Ministros incluya entre sus asuntos a tratar la aprobación a este proyecto. La ley exige que el Gobierno se pronuncie en aquellas inversiones públicas de más de 12 millones de euros (en este caso serán 542). Así pues, el retraso continuado por parte del Gobierno tiene una fundamentación meramente política.
El PSOE presionado por sus socios
Los representantes socialistas votaron a favor de la ampliación y se encuentran en una posición difícil para explicar a la Autoridad Portuaria el motivo por el cual no se incluye este asunto en el Consejo de Ministros. Este medio ha tratado de recabar la opinión de Puertos del Estado sin éxito y guardan silencio desde hace semanas.
Por su parte, la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, que dirige Rebeca Torró, ha explicado a este medio que "no sabemos si va a entrar o no en el Consejo de Ministros. Es un tema de competencia estatal".
La previsión del Gobierno que preside Pedro Sánchez, según las fuentes consultadas por Vozpópuli, es no abordar este asunto hasta que pasen las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, ya que se quieren evitar conflictos con Podemos y Compromís que son los socios necesarios para reeditar una coalición en el Gobierno valenciano.
TIL, preocupada por la incertidumbre
Esta situación es lo que ha motivado que TIL se replantee su inversión por la incertidumbre de qué sucederá con la ampliación norte del puerto. No es la primera vez que esto ocurre, ya que en octubre de 2019 –después de reunirse con el alcalde de Valencia, Joan Ribó–, el presidente de MSC en España, Francisco Lorente, advirtió que si la ampliación se alargara indefinidamente por la necesidad de una nueva declaración de impacto medioambiental podría "zozobrar" la inversión prevista.
Ahora, tres años y medio después, la situación sigue sin desbloquearse y TIL analiza poder invertir en otros puertos. El propio presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, reconoció recientemente que la terminal que utiliza MSC en el Puerto de Valencia –cuyos movimientos son cercanos al 50% del tráfico total del recinto– está "congestionada" y que ya se están desviando barcos a otros puertos.
Tánger, Calabria, Málaga o Barcelona son algunos de los recintos portuarios que estarían recibiendo esos barcos y que amenazan la posición privilegiada del Puerto de Valencia.
La decisión final de TIL podría llegar, precisamente, con las elecciones municipales y autonómicas. Y es que un nuevo Gobierno autonómico y municipal, con Compromís y Podemos dentro de ellos, garantizaría que la demora en la adopción de una decisión podría ser aún mayor.
Seguir la estela de Volkswagen
El órdago que en su día lanzó Volkswagen al Gobierno para asegurar su inversión en Sagunto para construir una gigafactoría de baterías podría repetirse próximamente por parte de TIL al respecto de sus 1.021 millones de euros de inversión en el Puerto de Valencia. En principio, no tienen aún previsto manifestarse de manera oficial pero ya ha habido conversaciones en las que han dejado caer su profundo malestar con la falta de resolución de la ampliación.
Esta nueva situación que se puede dar con la empresa ítalo-suiza puede obligar al Gobierno de Sánchez a mover ficha antes de las elecciones (algo que ahora no tiene previsto), ya que arriesgarse a perder esa importante inversión generaría una sensación de inseguridad jurídica para las empresas que quieren apostar por proyectos en España.
Por contra, si finalmente autoriza que el Consejo de Ministros avale la ampliación y se pone del lado de la firma inversora –como sucedió con el PERTE-VEC en el caso de Volkswagen– pondría en serio riesgo su relación con Podemos y Compromís. Es un equilibrio difícil que deberá gestionar en las próximas semanas.
Redacción de los pliegos
En paralelo la Autoridad Portuaria de Valencia sigue adelante con la redacción de los pliegos para intentar cumplir con los plazos para que la adjudicación de las obras se pueda producir antes de que finalice 2023. La construcción del muelle está prevista en unos 58 meses desde el inicio de las obras (aunque la intención es poder acortarlas medio año).
El acuerdo de diciembre pasado del Consejo de Administración de la APV supondrá una inversión pública de 542 millones de euros, a los que hay que añadir los citados 1.021 millones que aportará la empresa Terminal Investment Limited (TIL) que será la encargada de la construcción y explotación, en régimen de concesión administrativa, de la nueva terminal de contenedores.
Está previsto que la empresa TIL pueda disponer de los 1.000 metros de muelle y la superficie anexa aproximadamente a los 24 meses del inicio de las obras de la primera fase. También prevé desarrollar una terminal ferroviaria dotada de 6 vías de 1.000 metros de longitud, con capacidad para mover 305.000 TEUs/año por ferrocarril.
Esperan crear 6.000 empleos
La nueva terminal estaría ubicada en las aguas interiores del dique de abrigo de la ampliación norte del Puerto de Valencia, cuyas obras finalizaron en 2012 con una inversión de 204 millones de euros, de los que 74 millones fueron subvencionados con Fondos de Cohesión Europeos. Tendrá una superficie de unas 137 hectáreas y 1.970 metros de línea de atraque, con una capacidad para albergar 5 millones de contenedores.
El estudio sobre el impacto de la nueva Terminal de Contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia que elaboró el Instituto de Transporte y Territorio (ITRAT), con la nueva terminal a pleno funcionamiento, determina que el impacto económico del puerto de Valencia representaría en términos de valor añadido el 2,27 % del conjunto de la Comunidad Valenciana.
El empleo superaría los 44.000 puestos de trabajo, cuyo salario medio estará en torno a los 32.000 euros anuales. En su conjunto, el Puerto de Valencia representará el 2,2 % de todo el empleo de la Comunidad Valenciana pasando de 38.866 (según el informe elaborado por la Universidad Politécnica de Valencia con datos de 2016) a más de 44.000 empleos y creará más de 5.000 nuevos puestos de trabajo en el entorno del Puerto de Valencia entre directos, indirectos e inducidos.
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