Los letrados del Puerto de Valencia han avalado solicitar a la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero que devuelva 40.000 euros brutos que cobró durante 8 años (desde 2015 a 2023) como vocal del Consejo de Administración bajo la presidencia del histórico socialista Aurelio Martínez.
La incompatibilidad que la Abogacía de la Generalitat ha detectado entre el cargo de eurodiputada y el de vocal de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) es lo que ha llevado a los juristas a concluir que esas percepciones en concepto de dietas se cobraron "indebidamente" y, por lo tanto, se exigirá la devolución de las mismas.
Cumplir la legalidad
Es la APV la que tenía que tomar la iniciativa en este caso y las fuentes consultadas indican que "no se puede hacer otra cosa que cumplir con la legalidad" y que ese dinero revierta en este organismo público porque de lo contrario estaría avalando una praxis irregular que está claramente recogida en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
La irregularidad con la que Rodríguez-Piñero ha convivido durante 8 años fue 'destapada' curiosamente por el eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo a quien el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, le propuso ocupar el puesto como vocal de la eurodiputada socialista en el Consejo de Administración.
Tal y como adelantó Vozpópuli el informe que García-Margallo solicitó a la Abogacía de la Generalitat arrojó la sorprendente conclusión de que existía una clara incompatibilidad que el Ejecutivo autonómico que presidía Ximo Puig no había detectado durante dos legislaturas con Rodríguez-Piñero ejerciendo como vocal de la APV y como eurodiputada. Tampoco en el Puerto de Valencia fueron capaces de advertir de esta cuestión.
Destitución
El Gobierno valenciano destituyó en el último pleno a Inmaculada Rodríguez-Piñero como vocal por esta cuestión de la incompatibilidad pese a que hace dos meses ella misma había presentado su dimisión.
El pleno del Consell tenía previsto aceptar esa dimisión cuando se produjera una sustitución de dos de los cuatro vocales del Consejo de Administración que le corresponden a la Generalitat pero el informe de la Abogacía ha acelerado esa decisión que ha acabado en una destitución.
En paralelo, el grupo popular en las Cortes Valencianas, ha solicitado toda la documentación sobre la presencia de Rodríguez-Piñero en el órgano rector de la Autoridad Portuaria de Valencia.
Rodríguez-Piñero asume el error
La protagonista de esta historia, Inmaculada Rodríguez-Piñero, aseguraba ayer que era "la única perjudicada" y lamentaba que "nunca me advirtieron las administraciones implicadas sobre la posible incompatibilidad, ni la Abogacía del Estado ni los servicios jurídicos de la Autoridad Portuaria".
La eurodiputada socialista agradece a Ximo Puig que pensara en ella como vocal para el Puerto de Valencia haciendo valer su experiencia como titular en el Europarlamento de las competencias de comercio internacional.
Rodríguez-Piñero descarta la mala fe en su actuación, ya que recuerda que la normativa europea sí que establece la compatibilidad "para ser consejero de la Autoridad Portuaria o de cualquier otro consejo de administración".
No obstante, como la legislación española es bastante clara al respecto de la incompatibilidad "asumo el error y responderé por él", ha afirmado.
Sólo devolverá los años prescritos
Ahora falta por determinar si la eurodiputada socialista devolverá los 40.000 euros correspondiente a las percepciones de los 8 años que estuvo como vocal del Puerto o sólo las dietas de los años que no hayan prescrito.
Rodríguez-Piñero tiene intención de devolver los ejercicios no prescritos que serían los del periodo 2020-23, por lo que sólo devolvería unos 15.000 euros del total de 40.000 que ha percibido de manera irregular.
La eurodiputada socialista, por último, acusa Gobierno que preside Carlos Mazón de "intentar mancillar su imagen pública" a través de este asunto.
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