La relación histórica entre Pedro Sánchez y Ximo Puig está llena de dientes de sierra y en ese permanente carrusel de emociones la fotografía actual es de grave ruptura. El futuro cuestionado del trasvase Tajo-Segura asoma en el horizonte de este desencuentro que apunta a definitivo si ninguno de los dos son capaces de encontrar el camino de la reconciliación y el asunto, como ya estudia el presidente valenciano, acaba en los tribunales.
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha cambiado las reglas del 'juego' aprobadas en el Consejo Nacional del Agua y Pedro Sánchez, pese al riesgo electoral que supone en la Comunidad Valenciana, mira hacia otro lado.
La negociación previa a la celebración del Consejo Nacional del Agua –en noviembre pasado– entre la secretaría de Estado de Medio Ambiente y la secretaría autonómica de Agricultura del Gobierno valenciano ( a nivel técnico), y los segundos escalones de Moncloa y de Presidencia de la Generalitat (a nivel político) saltó por los aires sin previo aviso a Ximo Puig.
Gradual y a la espera de inversiones
Tanto el secretario de Estado, Hugo Morán, como el secretario autonómico, Roger Llanes, y sus equipos técnicos alcanzaron un consenso para acudir al Consejo Nacional del Agua con unas garantías mínimas de acuerdo, que también parecía sólido entre los negociadores de Sánchez y Puig.
La subida del caudal ecológico del río –desde los actuales 6 metros cúbicos por segundo a los 8,65 en 2027– menguan las posibilidades de trasvasar agua del Tajo a la cuenca del Segura, por lo que en ese borrador se incorporó una disposición adicional que dejaba el incremento del caudal ecológico establecido con carácter progresivo.
Lo fundamental de ese texto consensuado entre el Gobierno de España y la Generalitat es que, gracias a esa progresividad, se dejaba un margen de espera para comprobar la eficacia de las inversiones previstas (entre 1.000-1.600 millones de euros) en el tramo del río que discurre por la Comunidad de Madrid.
Gracias a las nuevas infraestructuras se puede mejorar la calidad de las aguas y evitar seguir aumentando el caudal ecológico cada año. Se haría un seguimiento anual por parte de los técnicos y en función de la evolución se podría mantener o incluso aumentar, si las condiciones lo permitieran, el volumen de agua a trasvasar.
Del respiro a la indignación
Era un escenario de 'respiro' para los regantes de Alicante, Murcia y Almería, y de seguridad sobre la continuidad del trasvase. La misma jornada de celebración del Consejo Nacional de Agua ya se vio que algo había cambiado, aunque a los representantes del Gobierno valenciano nadie les advirtió.
Los representantes de Castilla-La Mancha que por la mañana anunciaban que votarían en contra del plan de cuenca, por la tarde decían que votarían a favor. Y la consellera de Agricultura, Isaura Navarro, recién aterrizada en el cargo, se abstuvo en la votación siguiendo la lógica de las negociaciones previas desarrolladas por sus compañeros del Ejecutivo valenciano. No se opuso.
Lo que cambió fue que esa ventana gradual al respecto del caudal ecológico y la esperanza de que las nuevas infraestructuras surtieran efecto se diluyó y Teresa Ribera –que tiene un profundo sentimiento antitrasvasista– cedió a las presiones del Gobierno castellano-manchego.
En el documento enviado al Consejo de Estado no queda ni rastro de la negociación previa entre el Gobierno y la Generalitat y ello ha motivado la presentación de alegaciones por parte de la Abogacía del Gobierno valenciano, amén de las movilizaciones que ya han tenido su primer reflejo en la protesta de esta semana frente a la sede del Ministerio de Ribera. No en vano hay 27.314 hectáreas de regadío en Alicante, Murcia y Almería y 15.323 empleos en juego.
Diálogo con final de camino en la justicia
A cuatro meses de la celebración de las elecciones, la 'guerra' del agua ha estallado con toda su crudeza y eso, en territorio alicantino, es peligroso para los intereses de Puig. El posicionamiento de Ribera parece inamovible a tenor de sus declaraciones públicas, pero Puig tampoco puede ya ceder. Las fuentes consultadas por Vozpópuli en Presidencia de la Generalitat hablan de su disposición siempre al "diálogo".
No esconden su malestar por un tema que consideran evitable y que con las alegaciones de la Abogacía abre un camino que, de no resolverse políticamente, no tendrá otra salida que los Tribunales. En otros departamentos del Gobierno valenciano muestran más abiertamente su "estupor" con lo que está sucediendo y un "profundo descontento con la actitud de Moncloa".
Desde Moncloa aseguran que el diálogo con Puig está "abierto", aunque han rehusado ofrecer más detalles sobre si finalmente se podrá desbloquear esta cuestión que ya parece de difícil solución.
Lo reñida que se augura la carrera electoral aumenta la inquietud entre los tres partidos que forman la coalición del Gobierno valenciano. Y es que el trasvase Tajo-Segura es una conducción establecida desde hace 40 años y ha consolidado una realidad socioeconómica muy arraigada y de la que dependen miles de familias.
Sánchez provoca el agobio de Puig
Un tropiezo en Alicante le puede costar a Puig la Presidencia de la Generalitat y Sánchez parece haber puesto 'empeño' en que así sea. La falta de inversiones en los Presupuestos Generales del Estado en la provincia; unido a que no prosperaran las candidaturas de Elche y Alicante para albergar la Agencia Espacial y de Inteligencia Artificial, respectivamente; y ahora el conflicto del Tajo-Segura, lo demuestran.
El presidente del PP valenciano, por su parte, ha olido el desencuentro y ha aumentado sus muestras de apoyo a los regantes y agricultores alicantinos que ven peligrar sus explotaciones por el aumento del caudal ecológico, el recorte a la mitad del agua trasvasada y el aumento significativo del coste del agua desalada.
Carlos Mazón, incluso, baraja recuperar el trasvase del Ebro en su programa como parte de una "solidaridad interterritorial" que el PP quiere establecer en un nuevo Plan Hidrológico Nacional. Parece una quimera conseguir ese punto de equilibrio entre territorios al respecto de un bien tan escaso, pero lo que ha quedado claro esta semana es que el agua va a ser uno de los platos fuertes de la campaña electoral.
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