El Gobierno valenciano que preside Ximo Puig va a aprobar en su reunión plenaria de hoy la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo contra el recorte del trasvase Tajo-Segura que se aprobó en el real decreto que firmó Teresa Ribera, ministra de Transición Energética. La decisión llega después de que esa medida del Gobierno haya sido estudiada por la Abogacía de la Generalitat en los últimos días.
La conclusión de los servicios jurídicos del Gobierno valenciano es que hay que pedir la suspensión cautelar de la aplicación de los caudales ecológicos del Tajo (que van aumentando progresivamente hasta el año 2027), hasta que el tribunal no se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.
Esto es lo que hoy va a trasladar Puig a los diferentes consellers en la reunión que el pleno del Gobierno valenciano va a celebrar en la localidad alicantina de Orihuela (una de las más afectadas por este recorte del trasvase).
El presidente autonómico valenciano considera que ha de hacer lo posible para "defender el interés general" que, en este caso, pasa por no permitir que haya reducción de aportes hídricos del Tajo a la cuenca del Segura sin que antes se haya hecho una evaluación por parte de la comisión de seguimiento de la situación ecológica del río. También se pedirá que se revisen previamente las inversiones que se han de abordar en la Comunidad de Madrid para la mejora de la calidad de las aguas y también en las desaladoras en la fachada mediterránea.
Revisar la situación del río antes que los caudales
La pretensión del Gobierno valenciano es que se revisen los caudales en función de la situación en la que se encuentra el río antes de proceder a los recortes que, según la posición exhibida por Ximo Puig, "serían muy lesivos para los intereses de los regantes y las miles de familias que viven pendientes del trasvase".
Ximo Puig procura que esta cuestión no se extienda en el tiempo y, sobre todo, que no se convierta en un argumento electoral que se utilice como arma arrojadiza, pero va a ser difícil evitarlo. El enfado de agricultores y regantes de las comarcas alicantinas es muy grande y el PP de Carlos Mazón hace tiempo que venía advirtiendo de esa cuestión, por lo que en estos momentos hay dos frentes fáciles de distinguir.
El primero de ellos lo conforman el propio Mazón, desde la Diputación de Alicante, junto al presidente murciano, Fernando López Miras. Ambos llevan una estrategia común en los recursos que ya han planteado en los tribunales. Por otro lado, está el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, quien considera que el plan aprobado por la ministra Ribera "cumple con la ley y el sentido común y permitirá por primera vez en 40 años no perjudicar a nadie de forma interesada".
Puig constreñido entre dos frentes
Entre esos dos frentes se ha situado Puig. Es una posición de debilidad porque tiene al PP valenciano y murciano en una posición de mayor fortaleza y empatía con los afectados. Y además quiere evitar el conflicto con su compañero García-Page pero a tres meses de las elecciones autonómicas el asunto de la guerra del agua ha entrado con fuerza en la precampaña y puede decantar miles de votos hacia las filas del PP en la provincia de Alicante.
El entorno de Puig siempre ha defendido que Teresa Ribera se ha equivocado en el momento de la toma de decisión y ha "obligado" al presidente valenciano a judicializar un asunto que puede tener mucho perjuicio y poco beneficio para el PSOE en tierras alicantinas.
Y es que por mucho que Puig recurra al Supremo, queda claro que su posición es más tibia en el planteamiento y siempre destaca que el real decreto tiene aspectos interesantes, y que "no estamos en contra de todo". El PP, por contra, ha planteado un ataque mucho más frontal que se percibe de manera más positiva entre los miles de afectados por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez.
