La declaración de un agente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ante el tribunal que juzga el caso Alquería ha corroborado que el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez tenía "absoluto conocimiento" de que los contratos de alta dirección de personas afines a Compromís y PSPV en la empresa pública Divalterra eran ilegales y arbitrarios.
El perito ha explicado la investigación que llevaron a cabo y ha insistido ante el tribunal en que Jorge Rodríguez "estaba al tanto de todo". Para llegar a esas conclusiones el agente de la UDEF ha detallado que el expresidente de la corporación provincial recibió varios correos electrónicos con informes en los que se le advertía de una situación de incertidumbre con esas contrataciones.
Esos correos se los hizo llegar el exgerente de Divalterra Víctor Sahuquillo en los que este último solicita hablar dos veces con él y le pide que acuda al Consejo de Administración a explicar un informe sobre los contratos cuestionados. "Le pide que, dada la incertidumbre con los contratos de alta dirección, hable y exponga el caso en el Consejo de Administración", ha asegurado.
Nosotros solo tenemos dos chorradas de Medio Ambiente
También ha proseguido con el chat que Rodríguez mantiene con otra persona en el que se puede leer textualmente: "Compromís se queda de nuevo Turismo y ahora suma Promoción Económica. Ése era nuestro perfil que hemos buscado nosotros". Además, comenta: "Nosotros solo tenemos dos chorradas de Medio Ambiente".
La UDEF llegó ahí a dos conclusiones: "La primera, que Rodríguez habla de dos chorradas de direcciones de área; y, la segunda, que queda en entredicho el reparto de áreas. Se intuye el reparto político de direcciones de área entre los miembros del partido", ha analizado.
Durante su testimonio el agente de la UDEF también ha hecho referencia al registro del despacho de Jorge Rodríguez y al documento que allí encontraron en el que se detallaba el organigrama con los altos cargos contratados y quién era su 'padrino' político.
Es en ese documento donde aparece el alcalde Valencia, Joan Ribó, como el valedor de Soledad Torija para llevar el área de Medio Ambiente, tal y como adelantó Vozpópuli. Junto a él aparecen todos los altos cargos relacionados con cargos de Compromís, como en este caso, y en otros también con el PSPV.
Este testimonio era esperado por las defensas para 'afear' la actuación policial que derivó en la detención de Rodríguez y algunos de sus colaboradores más próximos pero el tribunal no ha tenido a bien atender esa línea de argumentación de alguna de las defensas de los acusados.
El testigo también ha revelado el papel que para la UDEF jugó una de las coherentes de Divalterra, Agustina Brines, ya que ha asegurado que conocía las contrataciones de alta dirección "exactamente igual o más que Rodríguez", ha dicho.
Brines, en numerosos correos electrónicos, "hablaba abiertamente de que los contratos estaban cogidos con pinzas, que se estaba cometiendo una ilegalidad y en que tenían que mirar por el retrovisor", ha manifestado el agente de la UDEF. En el extracto del correo al que hacía referencia el testigo Brines decía: "Me dices que llevo el retrovisor puesto… Por supuesto, en esto y en muchas cosas que igual algún día agradeceremos. En concreto, con las personas de confianza… además vienen de un acuerdo político y de hace un par de años".
Como conclusión el testigo ha afirmado ante el tribunal que: "El conocimiento de las contrataciones por parte de Brines y del resto de gerentes viene por parte de informes de Pellicer y otros que obran en la causa. Todos ellos tienen absoluto conocimiento de lo que pasaba", ha finalizado.
El juicio del caso Alquería enfila su recta final y con la declaración de los agentes de la UDEF y la interventora de la Administración General del Estado puede tener una foto bastante definida de lo que sucedió durante el mandato de Jorge Rodríguez en relación a la empresa Divalterra y al consejo paralelo al Consejo de Administración que, presuntamente, constituyeron con afines a Compromís y PSPV para tener el control de la empresa pública.
