El pulso entre el Ministerio que lidera Óscar Puente y las ciudades de Valencia, Elche y Alicante va en aumento. Son varias las infraestructuras clave para estos municipios que se van a tratar de impulsar en los próximos meses con la ayuda de la Generalitat Valenciana que preside Carlos Mazón.
La aprobación de la ampliación norte del Puerto de Valencia parece un islote en el mar de desacuerdos que hay ahora mismo entre las tres Administraciones locales, la autonómica y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Óscar Puente no ha activado cuestiones que estaban paradas por su antecesora en el cargo Raquel Sánchez y que afectan en gran medida a la movilidad sostenible de ciudades como Valencia, Elche o Castellón y que aglutinan a más de 1.300.000 habitantes.
Décadas de retraso
Esa falta de acuerdo es la que ha propiciado que los ayuntamientos de estas ciudades impulsen convenios con la Generalitat Valenciana para resolver esas infraestructuras que llevan años (décadas en los tres casos) pendientes de finalización.
En el caso de Valencia esa infraestructura clave para la movilidad y el desarrollo urbanístico es el soterramiento de las vías de Serrería. Esta actuación resulta muy importante para el Corredor Mediterráneo y también para que pueda haber comunicación entre el nuevo y el viejo cauce del Turia, algo que no sucede en la actualidad y que afecta a los barrios de Nazaret, La Punta, Grao y Penyarroja.
Eliminar esa 'cicatriz' que supone el trazado ferroviario en superficie tendría un coste en su versión más ambiciosa, la del soterramiento total del trazado, cercano a los 200 millones de euros.
La 'cicatriz' de las vías
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ya ha propuesto comenzar con los estudios y proyectos técnicos necesarios y el Ayuntamiento adelantaría 10 millones de euros para tal fin. Hay que recordar que para este proyecto se llegó a recaudar dinero en su día procedente de la ejecución de diferentes Planes de Actuación Integrales del entorno de este trazado ferroviario.
La respuesta de Adif ha sido la de sentarse a dialogar y Catalá quiere desbloquear esta situación ya, aunque Óscar Puente ya advierte que el Ministerio no sufragará la parte fundamental de estos trabajos al considerarlo una "operación urbanística" donde el Ayuntamiento de Valencia debe llevar, a su juicio, el peso de la carga económica.
Catalá sí que ha encontrado eco en el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y esperan poder concretar un acuerdo para dar un primer impulso a la planificación y a las obras si es preciso, mientras aguardan a que Puente dé un paso adelante al que le han conminado en varias ocasiones públicamente pero que no acaba de producirse.
160.000 vehículos en Elche
Una situación análoga sucede en Elche donde desde hace más de diez años están pendientes de la finalización de la ronda sur. Esta infraestructura viaria contribuiría a aliviar el tráfico interior de la ciudad y completaría todo el trazado de la circunvalación que comenzó a ejecutarse principios de siglo y que ya registra una alta intensidad diaria de vehículos.
El parque móvil de Elche se sitúa en 160.000 vehículos que serán los potenciales usuarios de ese tráfico alternativo, y que se sumarán a los miles de usuarios de transporte privado que diariamente utilizan ya los tramos finalizados de la circunvalación, especialmente la ronda norte.
La parálisis del Ministerio de Óscar Puente en esta cuestión es absoluta por lo que el pasado lunes el pleno del Gobierno valenciano acordó iniciar un convenio con el Ayuntamiento ilicitano para finalizar los 1,9 kilómetros que quedan por ejecutar en la ronda sur.
El Ejecutivo de Carlos Mazón ha aprobado el convenio para la ejecución de las obras entre la carretera CV-851 y la N-340 con un presupuesto de 43,6 millones de euros de los que la Generalitat sufragará 35,8, mientras que el Ayuntamiento de Elche se hará cargo inicialmente de los 7,8 millones restantes.
Borrado de los PGE
La intención es que las obras puedan estar finalizadas en 2028 y el Consistorio inicia desde ya la expropiación de 64 parcelas de 137.000 metros cuadrados a las que se comprometió el Ministerio de Transportes pero que finamente no ha cumplido.
El alcalde de Elche, Pablo Ruz, tiene claro que la exigencia del Ayuntamiento es que el Ministerio de Óscar Puente "sea quien sufrague esta enajenación de los terrenos expropiados".
Hay que recordar que los Presupuestos Generales del Estado ya recogieron estas expropiaciones y la finalización de la ronda sur en el año 2016, pero el Gobierno de Pedro Sánchez acabó por ignorar este compromiso.
En Castellón tiene ya 8 millones
Y en Castellón también hay retrasos, aunque en menor medida achacables al Ministerio de Transportes. La ejecución de los 2,3 kilómetros de longitud de la ronda oeste desde el enlace con la CV-151 y los accesos a la Universidad Jaume I (UJI) lleva pendiente años.
El pleno del Gobierno valenciano, como sucede con Elche, alcanzó un acuerdo el pasado lunes para impulsar un convenio con el Ayuntamiento de Castellón para finalizar esa actuación con un montante total de 46,4 millones de euros, de los que 37,3 millones de euros los aportará la Generalitat y 9,1 millones de euros serán por cuenta del Ayuntamiento de Castellón de la Plana. El Consistorio, de hecho, tiene reservados 8 millones para esta actuación.
El Ministerio de Transportes lleva retraso con la parte que le corresponde en esta actuación, la de la rotonda de la UJI en su conexión con la N-340, la AP-7 y la CV-17 que necesita de un estudio y soluciones técnicas para contemplar las necesidades que provocará el seguro aumento de tráfico en carreteras de su competencia.
Desde el Gobierno valenciano ya se han puesto en contacto con la demarcación de Carreteras del Ministerio de Transportes para ver cuál es la mejor solución sin que se siga produciendo ninguna demora.
Falta por determinar si para sortear los obstáculos naturales en el recorrido se abordará la ejecución de dos puentes o se optará para la ejecución de un túnel que es la solución más costosa pero más efectiva para el tránsito de los vehículos con fluidez.
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