La Comunidad Valenciana lleva un retraso considerable en la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y sólo hay 6 de estos equipamientos por cada 10.000 habitantes (en edad de tener vehículos a motor).
Este bajo ratio aleja aún más a los consumidores de la compra de este tipo de utilitarios que no contribuyen a mejorar los datos de electromovilidad que están pinchando reiteradamente en España y con especial incidencia en la Comunidad Valenciana.
El último informe de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) indica que la Comunidad Valenciana tiene en sus tres provincias un total de 3.374 puntos de recarga para vehículos eléctricos lo que apenas supone un 11% del total con las que cuenta España.
Sin horizonte 2030
Para una región donde están empadronados más de 5 millones de habitantes resulta a todas luces insuficiente y el objetivo de que haya más de 30.000 de estas instalaciones en el horizonte de 2030 parece cada vez más una quimera.
Un reflejo más de la inseguridad que hay sobre el sector es que en la Comunidad Valenciana hay 921 puntos de recarga construidos pero que están fuera de servicio y abandonados.
Pocos cargadores rápidos
Respecto a la eficiencia de estas instalaciones más del 80% de los puntos de recarga son de una potencia menor a 50 kW (cargadores lentos) y el 20% restante tienen capacidad para suministrar más de 50kW (cargadores rápidos).
Esa circunstancia es una de las que más retrasa la decisión de los consumidores de pasarse al vehículo eléctrico enchufable porque a la escasez de puntos de recarga se suma la lentitud en el suministro que actualmente no admite comparación con la rapidez en el repostaje de los vehículos con motores de combustión.
La influencia de ese frenazo del parque automovilístico eléctrico en el futuro de dos fábricas clave para el sector en la Comunidad Valenciana está resultando muy elevada.
Frenazo en la Ford
Y es que apenas un 11,6% de los vehículos matriculados en la Comunidad Valenciana durante 2023 son eléctricos puros (BEV) o enchufables (PHEV). La cuota sobre el total del parque automovilístico apenas llega al 1% como sucede en el conjunto de España.
Estos números, que también se registran a nivel mundial (salvo en China con una gran subvención estatal a los vehículos de este tipo de propulsión) ha llevado a Ford a retrasar sus plazos de implantación del coche eléctrico hasta más allá de 2027.
En esa fecha se ensamblará en su factoría de Almussafes un vehículo multienergía pero no será hasta más avanzada la década cuando se clarifique cuál será su apuesta por los eléctricos puros.
El elevado precio es también un muro insalvable para la gran mayoría de los usuarios que no encuentran apenas incentivos para cambiar de vehículo si tampoco tienen una eficaz red de recarga.
La gigafactoría de baterías
Todos esos argumentos juegan en contra también de otro de los proyectos básicos para el sector en la Comunidad Valenciana como es la gigafactoría de baterías en Sagunto cuya ejecución ya ha comenzado PowerCo, la filial de Volkswagen.
Sobre el papel, este proyecto va a generar una inversión de 4.500 millones de euros en el periodo 2024-2026. Y en una primera fase, durante la construcción de la planta, montaje de maquinaria y puesta en marcha, supondrá la creación de más de 20.000 empleos de media anual.
Más adelante, en la fase de producción, el empleo se aproximaría a 4.200 puestos directos, 3.000 de ellos solo en la fase de desarrollo, según la iniciativa industrial presentada para su declaración como Proyecto Territorial Estratégico ante la Generalitat Valenciana.
La ralentización del mercado, no obstante, puede tener un efecto grave para la gigafactoría que se centra en el suministro de celdas de las baterías para los vehículos eléctricos. Si la producción y la venta no aumentan exponencialmente en los próximos años, la entrada en funcionamiento de la fábrica en Sagunto podría tener en su arranque una dimensión menor a la esperada.
Otro ejemplo de esta incertidumbre sobre el coche eléctrico que preocupa al Gobierno valenciano es la dimisión del responsable de la patronal del automóvil en España, Wayne Griffiths, el pasado 13 de junio. Su decisión llegó por la "inacción del Gobierno de España en favor de la electrificación".
