Los vecinos afectados por el incendio de dos edificios en el barrio de Campanar de Valencia el pasado 22 de enero tendrán bonificaciones tributarias que ayudarán a paliar su difícil coyuntura. El Gobierno valenciano ha aprobado en su último pleno el decreto ley de medidas tributarias urgentes destinadas a las víctimas.
El Ejecutivo autonómico valenciano estima "necesario y urgente" aprobar ayudas que permitan, por una parte, facilitar la adquisición de un nuevo inmueble por parte de aquellas personas propietarias e inquilinas de viviendas que hayan resultado inutilizables como consecuencia del siniestro y, por otra, eximir del pago de las cuotas del canon de saneamiento que quedaron pendientes de facturación.
2024 y 2025
Para ello, se establece una bonificación temporal, durante los años 2024 y 2025, de la totalidad del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados devengado por la adquisición de un nuevo inmueble destinado a uso residencial por parte de los propietarios y propietarias que "hubieran sufrido la pérdida del uso de un inmueble destinado a tal fin, residieran o no en el mismo, y de los arrendatarios y arrendatarias cuya vivienda habitual haya resultado afectada".
Ello supone que, en el caso de que la adquisición estuviera sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, "no resultarán de aplicación los tipos situados entre el 3% y el 11 % previstos en la Ley por la que se regula el Tramo autonómico del IRPF".
En el supuesto de que la adquisición efectuada fuera una vivienda de obra nueva, "no serán exigibles los tipos del 1% ó del 0,1 % establecidos en la mencionada ley", según recoge el citado decreto.
Grandes tenedores
El texto aprobado por el Gobierno valenciano explica que "resultarán exceptuadas de la aplicación del beneficio las personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que sean titulares de un número de inmuebles urbanos de uso residencial o de una superficie construida que les haga ser calificadas como grandes tenedores conforme a la definición dada por la Ley 12/2023, de Derecho a la Vivienda".
Además, se bonifica la totalidad de las cuotas del canon de saneamiento que quedaran pendientes de facturación a las personas abonadas afectadas por el siniestro. Este beneficio no solo afecta a las cuotas correspondientes al bimestre anterior al incendio, sino también a las "cuotas fraccionadas pendientes de pago en virtud de lo previsto en el Decreto Ley 11/2023, del Consell, para minimización del impacto sobre las familias y empresas del pago del canon de saneamiento".
Ayudas y realojos
Estas medidas se suman a las ayudas monetarias que ya han emitido tanto la Generalitat Valenciana como el Ayuntamiento de Valencia a través de una ventanilla única, así como a las viviendas que se han puesto a disposición de las víctimas que así lo han solicitado en un edificio en el barrio de Safranar de Valencia.
Mientras, la vía judicial sigue su camino y la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado reabrir la causa que archivó provisionalmente el juez para que se siga "investigando" minuciosamente cuáles han sido las causas del incendio y cuáles son las responsabilidades que se pueden solicitar tanto a la constructora, la promotora o las empresas de mantenimiento
La evolución de ese recorrido judicial determinará la posibilidad de reclamación de los vecinos afectados y de los familiares de las víctimas mortales.
Los vecinos afectados por el incendio también están a la espera de ver cómo se pueden reconstruir sus viviendas, ya que los informes periciales indican que no hay daños estructurales graves por lo que podrían levantarse los inmuebles sobre el actual esqueleto de los dos edificios calcinados por las llamas.
El año 2027 es el horizonte que se plantea para poder terminar esa reconstrucción que aún no tiene luz verde de manera oficial.
