El Gobierno de la Comunidad de Madrid va a cambiar en los próximos días el Consejo Consultivo regional dentro de la renovación que se produce cuando vence el periodo para el que han sido elegidos. Parece que en esta ocasión serán cesados tres o cuatro miembros y sustituidos por otras tantas personas. El sueldo de cada uno de estos consejeros es de 8.000 euros brutos al mes, 5.500 netos. UPyD pidió hace algún tiempo que desapareciera este organismo que considera inútil. Parece que los que van a caer son las personas más cercanas a Esperanza Aguirre, anterior presidenta regional.
Cada uno de los consejeros tiene un letrado que le hace un informe para la sesión semanal en la que se aprueban los expedientes. El consejo está formado por un presidente, Ignacio Astarloa, y nueve vocales: Ismael Bardisa Jordá; Rosario Laina Valenciano; Jesús Galera Sanz; Pedro Sabando Suárez; Cristina Alberdi Alonso; Javier María Casas Estévez; María José Campos Bucé; Andrés de la Oliva Santos y Mariano Zabía Lasala, que fue el anterior presidente. Joaquín Leguina es miembro permanente por su condición de expresidente de la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre renunció a ese derecho. Actúa como secretario general José Luis Cádiz Deleito.
Los nuevos consejeros, que serán nombrados posiblemente este jueves, se aseguran trabajo bien remunerado para los próximos seis años, que es el mandato que tienen estipulado en la Ley.
Hay dudas sobre si González elegirá a personas cercanas al PP, juristas de reconocido prestigio o si habrá reparto por cuota. En cualquier caso es un buen puesto de trabajo por pocas horas al mes. Las reuniones son una mañana a la semana.
El Consejo Consultivo es el superior órgano consultivo del Gobierno y de la Administración autonómica de Madrid, así como de las corporaciones locales y de las universidades y demás entidades de derecho público de la región, según su página web.
Trata, entre otros temas, sobre responsabilidad patrimonial de la Administración, contratación administrativa, revisión de oficio de actos administrativos o proyectos de reglamentos. Emite sus opiniones a través de dictámenes, fundamentados en derecho, algunos de los cuales son publicados, para conocimiento general, como doctrina legal.
Es uno de los pocos organismos que ha quedado con los recortes que puso en marcha el Gobierno regional primero con Esperanza Aguirre, y posteriormente con el propio Ignacio González. Casi nadie entiende las razones por las que no ha sido eliminado.
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