España

Jesús Marrodán, inspector educativo: "El Ministerio actúa a rebufo de las CCAA"

El presidente de USIE explica a 'Vozpópuli' las desventajas de la enseñanza virtual y advierte un posible aumento del fracaso escolar porque "no todos los alumnos tienen recursos, ni hábitos, ni apoyo familiar"

El incesante aumento de los contagios por coronavirus ha vuelto a poner patas arriba el sistema escolar. Con el arranque del nuevo curso a la vuelta de la esquina, profesores y alumnos aún no saben si tendrán que acudir presencialmente al colegio o si, por el contrario, se verán obligados a permanecer en sus domicilios y recurrir a la enseñanza a distancia.

La tardanza en convocar la Conferencia Sectorial de Educación y la Conferencia de Presidentes por parte del Gobierno ha suscitado las críticas de diversos agentes de la comunidad educativa. Los encuentros, donde se abordará -entre otros aspectos- cuál es la situación epidemiológica que atraviesa el país y si es conveniente o no retornar a las aulas no se celebrarán hasta finales del mes de agosto y principios de septiembre, respectivamente.

Los inspectores educativos han sido los últimos en cargar contra la "falta de liderazgo" del Ministerio de Educación y en reclamar un protocolo común ante el avance de los rebrotes de covid-19.

En un extenso comunicado que dieron a conocer este jueves, la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) denunció que España no consideraba la Educación como un asunto de Estado, mientras que una veintena de países de la OCDE ya habían experimentado la vuelta a los colegios. Vozpópuli entrevista a Jesús Marrodán, presidente de la organización.

¿Con qué problemas se están encontrando los centros escolares a la hora de reabrir sus puertas?

Son muchos los problemas con los que se están encontrando, destacando entre ellos la ausencia de normas claras sobre el inicio de curso que además están continuamente cambiando, el temor a no saber actuar ante una posible vuelta a la enseñanza virtual y la incertidumbre existente por parte de las familias y los alumnos ante una situación llena de interrogantes.

Los centros consideran que hay que incrementar los recursos materiales para la prevención y más profesorado para atender grupos más reducidos de alumnos.

¿Cómo está afectando al sector de la inspección educativa?

La incertidumbre es común a toda la comunidad educativa, por tanto también afecta a los inspectores a quienes no se les ha consultado sobre estos temas. Los inspectores son conscientes de que los planes de actuación de inspección deben ser modificados sustancialmente.

Las acciones prioritarias en este año son totalmente distintas a las de años anteriores y el asesoramiento y el apoyo a los centros y a las familias requerirá gran parte del tiempo y esfuerzo. Por otra parte un instrumento clave del trabajo inspector, que son las visitas a centros, queda totalmente afectada por esta situación. El teletrabajo será, de nuevo, relevante para ejercer la inspección.

Según los inspectores, ¿están los centros preparados para impartir clases presenciales y garantizar la seguridad de los alumnos? 

Hay una gran disparidad en la situación de los centros por su tamaño, tipo de alumnado, instalaciones y recursos. Muchos centros lo están intentando poniendo para ello todos sus recursos y esfuerzos, aunque las cambiantes normas dificultan este proceso.

Además, los centros precisan instrucciones sanitarias y educativas más concretas. Para garantizar esa seguridad es vital la existencia y aplicación adecuada de un plan de contingencia y la coordinación con los centros de salud o de atención primaria, además de la colaboración de las familias.

¿Prevén un aumento del absentismo escolar por el miedo de las familias al contagio?

Es una situación excepcional que es difícil de prever. Puede haber cierto absentismo sobre todo en infantil y primaria motivada por la desconfianza de las familias, especialmente las que tienen hijos con problemas sanitarios o de otro tipo, pero confiamos en que las medidas preventivas adoptadas reduzcan esta situación a casos concretos.

¿Están observando diferencias entre los de modalidad pública, privada y concertada? ¿Cuáles?

En general los centros sostenidos con fondos públicos (centros públicos y centros concertados) están actuando de forma similar pues la normativa autonómica y estatal les afecta plenamente. Son las administraciones educativas las que están diferenciando el tipo de recursos que le dan a cada uno de ellos.

Respecto a los centros privados debería hacerse un seguimiento de sus planes de contingencia para garantizar la salud de todos.

Las distintas reuniones y conferencias para abordar la vuelta al colegio no se celebrarán hasta la última semana de agosto, ¿qué consecuencias tendrá esta tardanza?

Las consecuencias son evidentes: disparidad de criterios sobre lo que hay que hacer, distintas normativas y recursos, todo ello generando un clima de inquietud y confusión.

Hemos denunciado esta situación motivada por la inacción del Ministerio. La Conferencia Sectorial de Educación debería haberse reunido en julio para iniciar el debate y el consenso sobre el inicio de curso y de esta forma elaborar protocolos y medidas comunes que simplifiquen su aplicación evitando así la confusión en la comunidad educativa. Ello no implica que cada CC. AA., posteriormente, introduzca variaciones según su realidad territorial.

Una veintena de países de la OCDE ya han experimentado el retorno a las aulas tras el confinamiento, ¿va España a remolque?

El curso se ha iniciado antes en otros países, como todos los años. Estos países sí han elaborado protocolos comunes que aplican con ligeras modificaciones todos los centros. Hay un mensaje único que la sociedad percibe con claridad y que hace más fácil su cumplimiento, es lo que falta en nuestro país.

El Ministerio de Educación se aferra a que las competencias en materia educativa pertenecen a las CCAA, ¿está cumpliendo el Gobierno con sus funciones?

El Ministerio de Educación tiene un conjunto de competencias educativas recogidas en la Constitución Española y en las leyes orgánicas vigentes, además de la capacidad de convocar la Conferencia Sectorial de Educación y una serie de organismos (INTEF, etc) y medidas (beca, ayudas..) para realizar política educativa.

Debería haber iniciado el debate territorial educativo a partir de mediados de julio y así posibilitar una respuesta consensuada y conjunta a la nueva situación educativa. De hecho, el 'Plan de Contingencia Escenarios para el inicio del curso 2020-2021' aplicable a Ceuta y Melilla podría haber sido en cierta forma un borrador para el debate.

Por tanto se ha echado en falta un papel más proactivo y de coordinación del Ministerio de Educación, que actualmente actúa a rebufo de las CCAA.

A tenor de la experiencia de países como Alemania e Israel, ¿ve viable que los niños acudan al colegio en un país que vuelve a ser el mayor foco de la pandemia en Europa?

Como señalaba la Asociación Israelí de Médicos de Salud Pública: "Puedes abrir el sistema educativo, pero debes hacerlo con ciertos límites, y debes hacerlo de manera cuidadosa".

La vialidad va a depender de los recursos y protocolos que se puedan aplicar en los respectivos centros, es decir con medidas sanitarias estrictas asumidas por toda la comunidad educativa, con recursos que garanticen el cumplimiento de esas medidas y con protocolos definidos para situaciones de riesgo.

Unos recursos económicos para incrementar la prevención y unos recursos humanos para disminuir ratios y atender al alumnado más vulnerable.

En el hipotético caso de que un colegio se convierta en un foco epidemiológico, ¿en quién recae la responsabilidad?

Primero tendríamos que analizar las causas del problema para dirimir las posibles responsabilidades.Tras la investigación de los hechos, se determinarán la responsabilidad de personas concretas, del centro o ajenas a él, que no han respetado el plan de contingencia o protocolo del centro y por tanto originan el foco epidemiológico.

Las administraciones públicas deberían establecer claramente estas responsabilidades y, en el caso de los centros públicos, si no se observa negligencia por su personal, asumir la responsabilidad correspondiente.

¿Qué efectos ha tenido y tendrá la enseñanza a distancia en los alumnos? ¿Y en los profesores?

Los efectos ya han sido estudiados por diferentes entidades españolas y extranjeras a partir de lo acontecido en el último trimestre del curso escolar 2019-2020.

Algunos de esos efectos han sido la brecha digital que ha agravado la brecha social, el estrés de gran parte del profesorado, la difícil conciliación laboral de muchas familias con hijos menores, las evidentes carencias de competencia digital de parte de la comunidad educativa, la desigualdad en la obtención de determinadas titulaciones como el Bachillerato, etc.

¿Cómo influirá la pandemia en la formación de los niños y adolescentes? 

Influirá en su mayoría de forma negativa por varios factores: falta de socialización al reducir el contacto y la actividad en grupo, vuelta a metodologías más individuales que grupales sin interacción entre grupos de iguales, dificultades de uso de materiales por carencias en la competencia digital…

¿Contemplan un mayor fracaso escolar?

Posiblemente el fracaso escolar se incremente pues no todos los alumnos tienen recursos, ni hábitos, ni apoyo familiar para seguir la enseñanza virtual, a pesar de ello el esfuerzo común de docentes y familias y alumnos se intentará que sea el menos posible.

Por parte de los inspectores brindamos todo nuestro apoyo legal y asesoramiento a docentes y familias para superar esta compleja situación educativa.

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