El Gobierno podrá vetar los proyectos que las comunidades autónomas quieran financiar con el fondo de rescate europeo, a pesar de que Pedro Sánchez dijo esta semana que las regiones gestionarían el 50% del plan. Algunos ejecutivos autonómicos aseguran que el sistema ideado por Sánchez no solo le garantiza un control total, sino que además generará retrasos que hacen inviable disponer de un solo euro hasta 2023.
La conferencia de presidentes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebrada el pasado lunes de forma telemática no ha aclarado demasiado el panorama. Sánchez anunció que las comunidades gestionarán el 50% del fondo de recuperación. Pero algunas autonomías denuncian, por un lado, que la cantidad de dinero es inferior a la que vende el Gobierno. Y, por otro, que el criterio de reparto será totalmente discrecional. Es decir, que Moncloa siempre tendrá la última palabra.
Las comunidades tienen hasta el 31 de diciembre para presentar sus proyectos, que deben estar en sintonía con las líneas que marca la Unión Europea: transición ecológica y digital. Sánchez dijo que el Gobierno invertirá 72.000 millones –de los 140.000 que corresponden a España- en los próximos tres años. Las comunidades aseguran que el 50% de ese dinero será 30.000 millones, porque la cifra anunciada por Sánchez corresponde a dos programas de asistencia financiera diferentes.
30.000 millones para las CCAA
Los 72.000 millones se dividen en 12.000 correspondientes al React Europe, al que supuestamente no acceden las comunidades, y los 60.000 restantes del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia. Los 60.000 millones, según Sánchez, serán los que se dividan al 50% entre Gobierno central y autonomías.
Sin embargo, los gobiernos regionales aseguran que Moncloa no ha establecido unos criterios de reparto. Y que los proyectos quedan al albur de lo que decida el presidente. Andalucía, por ejemplo, ha pedido que se establezca un sistema idéntico al de la Comisión Europea. Y que esos 30.000 millones se asignen en función de renta per cápita, población y tasa de paro. En ese caso a Andalucía le corresponderían 9.400 millones, según explica a Vozpópuli el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que dirige todo el trabajo relativo al fondo europeo en Andalucía.
“Entre diciembre y abril, el Gobierno tiene que negociar con Bruselas y realmente Moncloa puede tumbar cualquier proyecto”, dice Marín. “Sánchez puede utilizarlo para negociar con sus socios o disponer como quiera”.
Compartir proyectos
La única certeza que se ha trasladado a los gobiernos autonómicos es que los proyectos transautonómicos puntuarán más. Es decir, las comunidades podrán proponer planes que no solo beneficien a sus territorios, sino que impliquen a diferentes comunidades. Un ejemplo que se ha expuesto estos días en las reuniones técnicas entre Gobierno, comunidades y Comisión Europea es la digitalización de fondos culturales dispersos en diversas regiones.
Otra de las quejas más recurrentes en el acceso al programa europeo es el plazo. Según Marín y otros dirigentes autonómicos es imposible que las comunidades vean un solo euro de Europa hasta 2023. No es solo que el acuerdo con Bruselas no se espera hasta abril o mayo de 2022, sino que además hace falta el proceso de licitación y adjudicación. Sánchez ha prometido una ley para agilizar los trámites y eliminar trabas administrativas, pero nada se sabe de esta reforma por el momento.
Marín asegura que han pedido al Gobierno claridad sobre dónde o cómo entregar sus proyectos. El Gobierno no les ha aclarado si tiene que ir a la unidad de seguimiento que coordina Manuel de la Rocha en el Gabinete de la Presidencia o algún Ministerio.
“Nuestro trabajo estará hecho el 31 de diciembre. Ahora nos tienen que explicar exactamente donde enviamos nuestro proyectos”, explica Marín. “Lo mínimo es que tengamos una firma y un sello de entrada”.
En la reunión telemática, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó la misma queja: "Hasta ahora no se nos ha comunicado los criterios de distribución ni se nos han pedido nuestras aportaciones".
Evitar otro 'plan E'
Fuentes ministeriales confirman que las comunidades no tendrán acceso directo al paquete de dinero a fondo perdido de la UE. La estrategia de Sánchez, y sobre todo de sus ministros económicos, es que “no se repita otro Plan E”, afirman en conversación con este diario para referirse al proyecto de inversiones impulsados por el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Los ayuntamientos y comunidades autónomas de momento se mueven en la incertidumbre. Algunas administraciones consultadas por este diario admiten que están preparando varios proyectos, pero todavía no han recibido las líneas guías de Moncloa. Las esperaban para el pasado 15 de octubre, pero hasta la fecha su buzón de correos está vacío.
Lo que sí saben es que el grueso de los fondos se dirigirá a proyectos ‘verdes’ (de impacto ecológico) y digital, de acuerdo con las imposiciones europeas. El abanico, sin embargo, es muy amplio, y todas las iniciativas deberán pasar por los despachos ministeriales antes de llegar a la Comisión Europea. En ese embrollo la sensación que trasladan los administradores locales es que el Gobierno quiere ofrecer la idea de cogobernanza, cuando todo quedará en sus manos.
Lo que sí le pedirá Sánchez a las comunidades será vigilar sobre el cumplimiento de los proyectos. En la Moncloa reiteran que ese punto es clave. Si España no logra ejecutar todo el dinero que recibirá de la UE, lo tendrá que devolver. Eso incrementará el déficit público. El peligro es que, una vez más, se genere una desconexión entre el Estado y las regiones, al igual que ocurrió en la gestión sanitaria de la pandemia. Esos errores ya han despertado la atención de la prensa internacional y de las embajadas extranjeras en territorio nacional, lo que afecta a la imagen de España en el exterior y la captación de inversiones extranjeras.
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