La reunión del Consejo de Ministros de este viernes dejaba como últimos nombramientos importantes el del subgobernador del Banco de España, que ha recaído en Fernando Restoy Lozano a propuesta del actual gobernador, mientras que ara cubrir la vacante de consejero el nombre elegido ha sido el de Maximino Carpio García, ambos economistas de reconocida competencia. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que comparecía junto a la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha querido hacer incapié en que en estas decisiones ha prevalecido el consenso entre los dos grandes partidos, algo que según ella se había perdido.
Una vez más la portavoz del Gobierno recordaba que son momentos complicados para la economía española, y que el ejecutivo está llevando a cabo medidas para sanear y provisionar las entidades financieras. "Se está haciendo un importante esfuerzo de reformas que permitan consolidar la confianza en el euro. Defendemos un conjunto de reformas en la Unión Europea que permitan avanzar hacia más Europa, como son una unión bancaria que permita mayor y mejor supervisión, con instrumentos comunes que garanticen la recapitalización que se pueda necesitar; una mayor unión fiscal y financiera y reformas que avancen hacia un mercado único", explicaba Sáenz de Santamaría.
En ese sentido, mencionaba dos medidas encaminadas a ese objetivo de mejorar la competitividad y la consolidación fiscal. Respecto al primero, se autoriza el endeudamiento de las CCAA, en concreto a 14 de ellas, a tomar préstamos a largo plazo por un importe agregado de 17.778 millones de euros, enmarcados en el plan de pago a proveedores. Según las facturas remitidas, se pagarán unas 3.700 a un total de 29.107 proveedores, de los cuales 20.954 son Pymes y 555 grandes empresas.
Desde el Eurogrupo y la UE se valoran positivamente las reformas estructurales que se están llevando a cabo
Respecto a la mejora de la competitividad, la vicepresidenta anunciaba la aprobación de un anteproyecto para la modificación de la Ley de ordenación de los transportes terrestres, explicando que es una nueva reforma estructural que se enmarca también dentro de las grandes líneas de actuación del Gobierno. "Resulta clave simplificar la burocracia y la tramitación que necesitan los transportistas para ejercer su tarea, pasando de ocho licencias necesarias actualmente a una única, tramitable además telemáticamente. Se incrementa la transparencia y la profesionalidad de un sector clave para nuestra economía pero también para el transporte de viajeros. Estamos buscando una reforma profunda de la manera en que las Administraciones Públicas se relacionan con los diferentes ciudadanos y con los diferentes sectores, otorgando mayor agilidad y transparencia", repetía Sáenz de Santamaría.
Posteriormente, la ministra de Fomento, Ana Pastor, comentaba las principales modificaciones del anteproyecto para explicar que la anterior legislación data de 1987 y ha quedado obsoleta, además de que no está adaptada a la normativa comunitaria. "La modificación aportará flexibilidad y facilitará la operativa y logística, luchando contra el intrusismo e introduciendo sanciones para quienes incumplan la normativa, como aquellos que operan sin autorización. Se mantendrá el servicio de transporte regular de viajeros, garantizando la movilidad y favoreciendo la cohesión territorial", matizaba Pastor.
La propia ministra añadía que la aprobación del anteproyecto iba a ser sometido a un informe de las Comunidades Autónomas, del Consejo Nacional del Transporte Terrestre (órgano asesor), de las principales asociaciones del sector y de la Comisión Nacional de la Competencia.
El rescate, sin repercusiones para el ciudadano
La vicepresidenta del Gobierno ha insistido además en que el rescate bancario solicitado por España a Europa no lleva aparejada la imposición de condiciones macroeconómicas con repercusión en el ciudadano. La portavoz enfatizó que la asistencia de hasta 100.000 millones de euros a la que podrá recurrir España para capitalizar su sistema financiero es "sin condicionalidad económica".
Las condiciones que se impondrán procederán "desde el punto de vista financiero y bancario" sin otro tipo de condiciones que afecten al ciudadano, porque el Eurogrupo y la UE valoran positivamente las reformas estructurales acometidas por España, argumentó.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación