La tensión en el Tribunal Constitucional es máxima tras la renuncia de Juan Carlos Campo a valorar cualquier asunto relacionado con la amnistía. El presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido va a activar los mecanismos y frenará la cascada de recusaciones que se espera recibir para frenar un efecto en cadena dentro del sector progresista, cuya mayoría es determinante para avalar la polémica norma.
Fuentes del tribunal de garantías consultadas por Vozpópuli explican que el giro de 180 grados que propició la abstención del exministro de Justicia tras recaerle la ponencia de un recurso de amparo contra la amnistía ha generado más nerviosismo, si cabe, con la deliberación de la futura ley.
Consciente de que se trata de un asunto de vital importancia y que marcará su mandato al frente del órgano, Conde-Pumpido va a tratar de poner freno a las recusaciones que vayan entrando en el tribunal. Las fuentes consultadas dan por hecho que se va a tratar de una "cascada" de peticiones que irán dirigidas muy especialmente a Juan Carlos Campo, Laura Díez en su condición de exalto cargo del Ministerio de Presidencia y el propio Cándido Conde-Pumpido.
Fractura ante la ley de amnistía
Al respecto cabe destacar que tanto las abstenciones como las recusaciones se abordan en el Pleno que integran 11 magistrados. No obstante, el estudio de las mismas se efectúa toda vez que se ha admitido a trámite el recurso en cuestión que lo plantea, de manera que si el bloque progresista impone su mayoría para inadmitir recursos de menor calado sobre la amnistía, eludirán, consecuentemente, pronunciarse sobre la petición de que se aparten estos magistrados.
Con todo, la decisión de Juan Carlos Campo ha abierto una grieta importante en el bloque progresista. Conde-Pumpido quería asegurarse el 'sí' de los siete progresistas que hasta ahora han respaldado en bloque todas las actuaciones más relevantes del Ejecutivo de Pedro Sánchez que han pasado por el Tribunal Constitucional, esto es: la ley Celáa, la reforma del CGPJ que impulsó el PSOE, la ley del aborto, la 'ley rider', o también el impuesto a las grandes fortunas.
El exfiscal general del Estado pretendía que la deliberación más trascendental que se va a estudiar bajo su mandato, la ley de amnistía para los líderes del procés, saliera con el ya tradicional resultado de siete votos de los progresistas frente a los cuatro en minoría del sector conservador. Sin embargo, la decisión de Juan Carlos Campo de abstenerse ha provocado un revuelo en el órgano.
"La amnistía no cabe"
El exministro de Justicia se pronunció después de que le cayera la ponencia sobre el recurso de amparo de un particular contra la proposición de ley que se tramita en el Congreso de los Diputados. Campo pidió esta misma semana su abstención por escrito en garantía de "apariencia de imparcialidad" toda vez que se ha posicionado claramente en contra de la amnistía.
En concreto expuso que la amnistía era "inconstitucional" en la propuesta motivada que elaboró como ministro de Justicia para el indulto de Oriol Junqueras. "A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito", recogió el escrito firmado el 22 de junio de 2021.
En paralelo, ese mismo año también se pronunció sobre la inconstitucionalidad de una posible amnistía durante su intervención en el programa de Al Rojo Vivo. "La amnistía no cabe. Es una cuestión técnica pero muy reveladora: la amnistía es el olvido. Aquí no hay olvido hay perdón. El indulto no olvida. La amnistía no cabe", expuso.
Las voces consultadas por este medio entienden que el escrito de Campo no solo desata el nerviosismo de Conde-Pumpido ante posibles nuevas 'sorpresas' en el bloque progresista, sino que también pone en una posición de entredicho a los magistrados que no se aparten por sus posibles vínculos con el asunto en cuestión.
Presión para Conde-Pumpido
En el caso de Laura Díez el motivo reside en que fue directora general de Asuntos Constitucionales del gabinete de Félix Bolaños, el ministro de Presidencia y ahora también de Justicia a quien se le atribuye la redacción de la norma. En lo que respecta a Conde-Pumpido cabe recordar que se ha abstenido en muchos de los asuntos del procés que han entrado en el Tribunal Constitucional, por lo que la abstención de Campo en cierto modo añade presión a la actuación de estos dos magistrados.
Para evitar que la sombra de la recusación planee durante estos meses hasta el estudio de la ley, se prevé que el presidente del Constitucional actúe como ya hizo cuando asumió la presidencia a principios de año. Entonces se recusó a gran parte de los magistrados del tribunal como ocurrió con asuntos del procés o el recurso contra la derogación de sedición que planteó Vox.
El presidente llevó a Pleno estas recusaciones y los magistrados no solo desestimaron las recusaciones sino que lanzaron un aviso a navegantes contrario a las recusaciones masivas. Al hilo avisaron que las recusaciones masivas afectan al quórum del tribunal y ello implicaría que no alcanzaría el número mínimo requerido para constituirse.
Con todo, en el caso de la amnistía no se daría ese supuesto. De apartarse los tres magistrados más vinculados con la norma (Conde-Pumpido, Campo y Díez), el Pleno podría seguir constituyéndose al componerse de ocho magistrados. Las fuentes consultadas descartan por completo ese escenario el cual, en caso de darse, la vicepresidenta del órgano, Inmaculada Montalbán, evitaría cualquier empate técnico de cuatro votos frente a cuatro que se pudiera dar.
Objetivo: frenar las recusaciones
Precisamente Conde-Pumpido, a su llegada a la presidencia se saltó la norma no escrita de nombrar como vicepresidente a un miembro de sensibilidad opuesta a la suya y que además se encuentre en el último tercio de su mandato. En su defecto, Conde-Pumpido nombró a la también progresista Montalbán, que ingresó en el órgano en la última renovación de enero.
Tampoco cambiaría el escenario si se renovara antes de la votación la plaza vacante en el Tribunal Constitucional. El Pleno opera con 11 de los 12 magistrados que lo componen tras la renuncia de Alfredo Montoya el pasado verano por motivos de salud. Su designación compete al Senado a propuesta de los populares pero el PSOE condiciona el trámite a que, a cambio, se plieguen a renovar el CGPJ.
Al respecto fuentes de las negociaciones consultadas por este medio sostienen que ese escenario sigue sin ser factible a corto plazo por lo que la deliberación acerca de si la ley de amnistía tiene o no encaje en la Constitución competerá a los 11 miembros actuales del TC. Al respecto Conde-Pumpido desplegará las actuaciones necesarias para que las bajas no superen la de Campo.
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