La que fuera alcaldesa de Arrecife con el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y después con Coalición Canaria, Isabel Déniz, ha sido condenada a 10 años y medio de cárcel y 42 de inhabilitación por delitos de corrupción: dos de fraude a la administración, 2 de cohecho y 2 de prevaricación.
La Audiencia Provincial de Las Palmas ha hecho pública este lunes la sentencia de la última de las piezas del 'caso Unión', la 'operación Jable', una trama de sobornos de directivos empresariales a cargos políticos y funcionarios públicos de Lanzarote para conseguir tratos de favor en la adjudicación de contratos en el Ayuntamiento de Arrecife.
El fallo dicta condenas para 9 de los 16 procesados, entre ellos el expresidente del Cabildo de Lanzarote y fundador del PIL Dimas Martín, que añade a su hoja penal una nueva sentencia de 2 años y medio de cárcel y 12 de inhabilitación por fraude a la administración y cohecho, todo ello con la atenuante de haberse confesado culpable, al contrario de lo que hizo Isabel Déniz, que negó haber cometido delito alguno.
Esta es la sexta condena por delitos relacionados con la corrupción para Dimas Martín que, de hecho, declaró desde prisión durante el juicio, celebrado en septiembre.
Al contrario, la que fuera alcaldesa de Arrecife por el PIL no reconoció haber cometido delito alguno y dijo durante su declaración ante el tribunal que consideraba "normal" recibir regalos de empresas con las que el Ayuntamiento tenía vinculaciones, aunque aseguró que con el paso del tiempo su percepción había cambiado y ahora lo veía como "algo malo".
Entre los regalos con los que la obsequiaron las empresas Tecmed -luego Urbaser- y FCC por ser adjudicatarias del contrato de basuras, en el primer caso, y de una obra deportiva en el segundo, estaban viajes a Kenia, vía Tanzania, o Marruecos; un reloj Rólex, o muebles de diseño valorados en 1.200 euros, obsequios que negó haber recibido.
Pese a lo argumentado por las defensas durante el juicio, el tribunal asegura que el "poder convictivo" de las pruebas es "demoledor" para la presunción de inocencia de los acusados, porque la causa está "repleta de datos objetivos verificables".
Otro de los implicados en esta trama corrupta es el abogado Felipe Fernández Camero, quien fuera secretario general del Ayuntamiento de Arrecife en el momento de los hechos.
El tribunal le ha impuesto penas que suman 10 años y tres meses de cárcel y 30 de inhabilitación por delitos de fraude a la administración, cohecho, revelación de secretos con grave daño para la causa pública, falsedad cometida por funcionario público e infidelidad en la custodia de documentos.
Según la sentencia, queda probado que hubo un acuerdo entre Martín y Déniz "para lucrarse solicitando cantidades dinerarias de forma ilícita" a miembros de la empresa Tecmed, tanto Jacinto Álvarez -delegado de la mercantil en Lanzarote-, cuyas anotaciones de todo lo que ocurrió aquellos años dieron pie a la apertura de este caso, como Manuel Andrés Martínez, Santiago Alonso Herreros y Francisco José Martínez Llerandi.
Con estas dádivas, entiende el tribunal, se aseguraron "la adjudicación en el concurso público de gestión indirecta de los servicios de recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Arrecife".
A los miembros de la empresa que reconocieron los sobornos días antes de que arrancara el juicio, se les imponen condenas de dos años de cárcel en el caso de Martínez y Alonso, de un año y nueve meses en el de Álvarez, y de un año en el de Martínez Llerandi.
Para llevar a cabo esta actitud criminal, Martín y Déniz necesitaron la participación "necesaria" de dos funcionarios públicos del Ayuntamiento, detalla la sentencia en referencia a Fernández Camero y al que fuera jefe de la Oficina Técnica del Consistorio, Juan Rafael Arrocha, a quien se condena a cinco años de cárcel.
El tribunal llega a calificar de "groseros" los actos delictivos que llevaron a cabo Fernández Camero y Arrocha en unión con el delegado de Tecmed en Lanzarote.
Esta empresa, según lo que considera probado la Audiencia, llegó a abonar dádivas por valor de 72.000 euros al fundador del PIL y pagos en efectivo de más de 140.000 euros a la exalcaldesa de Arrecife, a lo que se suman los distintos regalos y obsequios.
Por su parte, en lo que respecta a FCC, el que fuera delegado en Las Palmas en ese tiempo, Enrique Hernández Martín, ha sido condenado a un año y tres meses de prisión por haber costeado un viaje a Marruecos de la exalcaldesa y varios allegados para que le adjudicara el contrato de obra del pabellón deportivo de Argana Alto.
Contra esta sentencia, cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación