La Audiencia de Palma ha condenado este viernes al marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, por varios delitos de corrupción a seis años y tres meses de prisión en el marco del caso Nóos. Sin embargo, aunque la pena impuesta al cuñado de Felipe VI es superior a los dos años de cárcel previstos en el Código Penal que obligan a entrar en prisión, dicha sentencia dictada por el tribunal mallorquín no es firme.
De ahí, que las consecuencias inmediatas que tendrá la misma en el matrimonio Urdangarin Borbón son inciertas en estos momentos. Hay dos posibilidades en el actual escenario. La primera, que la sentencia no se ejecute hasta que la Sala Segunda del Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación que previsiblemente se presentarán tras la notificación de la misma y, la segunda, que la Fiscalía Anticorrupción inste a la ejecución de la misma dada la gravedad de los delitos por los que han sido condenados los principales acusados y ante un posible riesgo de fuga.
En este segundo supuesto, Anticorrupción tendría que solicitar al tribunal presidido por la magistrada Samantha Romero que convoque la 'vistilla' prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal e instar en dicho acto judicial al ingreso en prisión provisional de los principales cabecillas de Nóos.
Huelga decir que el criterio que adopte sobre este aspecto el fiscal Pedro Horrach deberá contar con el visto bueno del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. No obstante, pese que el Ministerio Público llegue finalmente a pedir que Urdangarín y Torres ingresen de forma inmediata en prisión, la última palabra la tiene el tribunal compuesto por las magistradas Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín.
Precedentes en ambos sentidos
Lo cierto es que hay precedentes en ambos sentidos. El último ejemplo de un ingreso en prisión sin que la sentencia fuese firme ha sido esta misma semana con el fallo de Gürtel valencia. Los cabecillas de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes se encuentran actualmente en prisión sin que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia sea firme y cuando han anunciado que será recurrido ante el Alto Tribunal. En ese caso, la Fiscalía apreció riesgos si Correa, Crespo y El Bigotes permanecían en libertad e instó a su encarcelamiento inmediato.
La diferencia principal entre Urdangarin y los cabecillas de Nóos es que si bien tanto Correa como Crespo estuvieron a lo largo de la instrucción del caso Gürtel en prisión preventiva por el riesgo de fuga, durante todos los años de investigación judicial del caso Nóos ni la Fiscalía ni el juez José Castro apreciaron indicios de que el cuñado del Rey pudiera fugarse.
Sin embargo, en otro caso reciente, el de la policía local Raquel Gago, condenada por el asesinato de la ex presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco a doce años de cárcel por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León, fue el opuesto. La agente no ingresó en prisión antes que el Tribunal Supremo confirmó –y aumento en dos años- su pena el pasado mes de diciembre. Hasta que el fallo no fue firme la condenada permaneció en libertad.
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