El Congreso de los Diputados ha incautar los bienes presentes en el despacho de 'tito Berni', el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, en el centro del 'caso Mediador'. La Cámara Baja recibió esta misma tarde la solicitud emitida por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, encargada de investigar el caso.
Según fuentes de presidencia del Congreso, Meritxell Batet ha remitido ya oficio, dirigido a la Comisaría del Congreso y a la Secretaría General del Congreso, acordando dar cumplimiento a la mayor brevedad posible a lo solicitad, y ha comunicado a la jueza el acuerdo adoptado.
En busca de más pruebas que inculpen a 'tito Berni'
En su solicitud, la magistrada pide entregar los efectos que se encuentran en el despacho del exdiputado canario, cuyas correrías con prostitutas y acuerdos fraudulentos con empresarios han elevado las peticiones en las últimas semanas para que se registrara dicho despacho.
La autorización de Batet da paso a que el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional estudie todo el material incautado y realice un informe pericial de su contenido. El objetivo es determinar si hay más pruebas que le incriminen en la causa por presunto amaño de subvenciones y ayudas públicas y que salpica a más de una decena de parlamentarios del PSOE.
Si bien el objeto de la investigación serán los bienes de Curbelo aún presentes en su escritorio (documentación, efectos personales o su ordenador de mesa), su estudio podría continuar salpicando a otros implicados en la trama, como su sobrino Taishet Fuentes (exdirector general de Ganadería canario), al mediador Antonio Navarro Tacoronte o al general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas.
La magistrada alude a 'tito Berni' como "líder de la rama política de la organización criminal". Los actos del exdiputado, asevera, "entran de lleno en el campo de los indicios racionales de criminalidad de un delito de corrupción tales como cohecho, tráfico de influencias, falsedad y pertenencia a grupo organizado, los cuales habría llevado a cabo en el seno de una organización criminal".
"Se hace necesario acordar el análisis de los instrumentos de comunicación telefónica y dispositivos de almacenamiento de información digital a los repositorios telemáticos de datos, la nube, correos electrónicos y redes sociales, así como a la documentación, anotaciones personales, facturas, libros de contabilidad en formato físico y digital, actas, extractos, expedientes, documentos registrales, notariales, tributarios, correspondencia postal y electrónica, sellos y cualquier otro soporte que pudiera tener relación con los hechos investigado, inclusive documentación falsificada", reza el auto.
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