El Congreso ha dado este martes el primer paso para que todos los hijos de mujeres asesinadas por la violencia machista reciban una pensión de orfandad, incluso aquellos cuyas madres no cotizaron a la Seguridad Social y que ahora no tienen reconocido ese derecho.
Lo ha hecho al apoyar por unanimidad la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE en la que también se demanda, para aquellos que sí perciben esta prestación, un aumento del 52% al 70% el cálculo de la base reguladora de las madres.
Así se asegura que los niños que perdieron a sus madres por la violencia de género -169 desde 2013- reciban un mínimo de 677 euros al mes, al tiempo que, en los casos en los que la víctima tuviera más de un hijo, se aplicará el 118% por ciento de la base reguladora a repartir entre los menores.
Durante la defensa de su iniciativa, la diputada socialista Ángeles Álvarez ha subrayado que, pese a los avances logrados, la realidad es que cada semana se incorpora a las estadísticas un nuevo huérfano más del "terror machista", pero sin embargo más de la mitad se encuentra en situación de desamparo y desprotección.
Algo que se deduce del hecho de que el 20% de las mujeres asesinadas tenían menos de 30 años, por lo por las posibilidades de que cumplieran los requisitos de cotización -haber trabajado 500 días en los últimos 5 años- son mínimas, a lo que se suma que una gran mayoría tuvieron que dejar sus empleos por las "estrategias de control de los violentos".
Considera que respaldar su propuesta es "un buen prólogo" antes de que concluyan las reuniones de la subcomisión para un pacto de Estado contra la violencia machista y una forma de demostrar que todos los grupos están en la misma senda de "unanimidad en la repulsa y unidad en la respuesta" a esta lacra, ha concluido.
La parlamentaria popular Carolina España ha mostrado el apoyo de su grupo porque para entienden que la lucha contra la violencia de género "es una cuestión de Estado" y su voluntad es que todos los menores puedan ser reparados con una pensión de orfandad.
En este sentido, ha recordado que la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ya anunció en marzo en el Senado su compromiso para que todos estos niños tengan derecho a una pensión y no solo los que perdieron a su madre a partir de 2015, fecha en la que con la reforma del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia se les reconoció este derecho al cien por cien.
Desde Podemos, Sofía Castañón ha apelado a la urgencia de asumir de una vez por todas la responsabilidad social que tiene en materia de violencia machista el Estado al haber permitido asentarse una cultura "patriarcal", e Ione Belarra ha añadido que su obligación es también la de ayudar a estos niños a transformarse "de víctimas en supervivientes".
Marta Martín, de Ciudadanos, ha reprochado al PSOE que use este asunto "de manera partidista" cuando su proposición podría haberse consensuado en el seno de la subcomisión, si bien la ha respaldado porque su grupo comprende hay que estar juntos en la lucha contra esta lacra.
Por parte de ERC, Teresa Jordà ha denunciado que en la sociedad aún conviven "la homofobia, la transfobia y el machismo", fruto de una cultura "heteropatriarcal" que ha permitido además abandonar a cientos de niños "a su suerte" y que necesitan de una reparación como las víctimas del terrorismo.
También Íñigo Barandiaran, del PNV, cree primordial atender la "realidad del desamparo" en el que quedan estos pequeños al sufrir una doble victimización, una por ser víctimas de la lacra machista propiamente dichas y la otra por ser huérfanos.
Algo en lo que han coincidido los miembros del Grupo Mixto Lourdes Ciuró, del PDeCAT; Íñigo Alli, de UPN, e Isidro Martínez, del Foro Asturias.
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