Las prisas del PSOE para facilitar el uso de catalán, gallego y euskera en el Congreso de los Diputados ha provocado el malestar de los letrados de la Cámara y preocupación entre juristas y notarios. El primer Diario de Sesiones en lenguas cooficiales, que recoge el debate sobre la reforma del reglamento, ha tardado en publicarse casi una semana. Y los expertos advierten de que las traducciones tal y como se han recogido crean una "inseguridad jurídica" que puede derivar en graves problemas a la hora de traducir textos legales.
"Cuando vengan las leyes, proyectos de ley y este tipo de iniciativas podemos tener un problema con la traducción", dicen fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli.
El primer Diario de Sesiones en lenguas cooficiales se ha publicado este lunes después de varios días 'secuestrado'. Recoge las intervenciones en el idioma original utilizado por el diputado y la traducción. La parte en euskera, gallego o catalán está supuestamente facilitada por los traductores contratados por el Congreso, aunque no se especifica. Sobre la traducción que figura en el Diario se incluye una salvaguarda al final del texto.
"El Diario de Sesiones refleja la interpretación al castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas, facilitadas por los servicios de interpretación y transcripción", dice la cláusula.
'Lost in Translation' en el Congreso
Es decir, los servicios de taquigrafía de la Cámara dejan bien claro que se responsabilizan de lo que dice el intérprete, pero no del discurso original al no hablar esos idiomas. Taquigrafía dejará de recoger en el diario de sesiones cualquier comentario fuera de micrófono que se haga en una lengua diferente al castellano. Antes se hacía. Previamente a la reforma, cuando un diputado utilizaba el catalán el Diario de Sesiones lo recogía como "continúa su intervención en catalán" sin recoger nada de lo que decía.
Algunos funcionarios han sembrado dudas en las últimas semanas de la validez oficial del Diario de Sesiones con este guirigay de traducciones. Este documento tiene valor notarial y, por ejemplo, es aceptado como prueba en procesos judiciales.
Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas creen que el Diario conservará su valor oficial y de prueba porque la interpretación de otro idioma puede variar en alguna palabra pero el significado del discurso en su conjunto suele estar perfectamente recogido. Y, en cualquier caso, hay diversas fuentes oficiales para comprobar y revisar la literalidad de las intervenciones.
Las leyes y lo que hace Bruselas
Otra cosa, dicen, es el debate de leyes y proposiciones no de ley. La reforma del reglamento autoriza el trabajo de los diputados en las lenguas cooficiales. Así que están en su derecho de registrar sus iniciativas en catalán, euskera o gallego.
"Aquí sí es importante hilar muy fino", explican. "Primero hay que atender a los estándares de Europa sobre este tipo de traducciones y comprobar que no haya ningún error ni malentendido en la ley o en una enmienda antes de que llegue al Boletín Oficial del Estado".
Bruselas cuenta con su propia Dirección General de Traducciones, que emplea a más de 2.500 personas. Todos las intervenciones y documentos oficiales se traducen a los 24 idiomas oficinales que reconoce la UE. Las directivas, por ejemplo, tardan más de un mes en estar disponibles desde su aprobación y son revisadas varias veces por equipos de abogados.
Esta situación provoca atascos legislativos en la Eurocámara. El Financial Times ha publicado que hay unas 200 normas pendientes de aprobación por retrasos en la traducción. Con el final de la legislatura europea a la vuelta de la esquina -hay elecciones en mayo del 2024-, el diario alertaba de que estas leyes podrían llegar a decaer si la traducción no llegaba a tiempo.
La norma general en España establece que todos los documentos que se encuentren en otra lengua que no sea el castellano y deban surtir efecto legal deben ir acompañados de la correspondiente traducción jurada. Esta traducción jurada no se ha introducido en el Congreso hasta el momento.
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