La Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha aprobado por mayoría pero sin el apoyo de VOX, PP y Más País Verdes Equo el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que será remitido al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria, al contar la comisión con competencia legislativa plena.
El texto legislativo ha contado con los 22 votos favorables de PSOE, UP, CS, EH-BILDU, PNV, ERC y Teruel Existe; cinco votos en contra de Vox y diez abstenciones, las de los diputados de PP y Más País Verdes Equo.
Durante el debate y la posterior votación, Vox ha mostrado su rechazo a esta ley porque según el diputado Francisco José Contreras el grupo tiene una visión "alternativa" a la del resto de los grupos.
Por su parte, PP se ha abstenido en la votación porque considera necesario seguir trabajando las numerosas propuestas al texto en su fase en el Senado, mientras que para Más País Verdes Equo sería "incongruente" votar a favor de una ley "falta de ambición" y que "defiende los intereses de los lobbies de las empresas". Aunque Cs había anunciado su abstención, finalmente ha votado a favor del texto.
"Falta de consenso y capacidad de diálogo"
En el debate parlamentario, todos los grupos de la oposición han coincidido en la "falta de consenso y capacidad de diálogo" del Gobierno de coalición en el debate de la ley que llegó hace prácticamente un año a la Cámara Baja, pero que se ha votado después de cuatro sesiones de la ponencia del texto, celebradas durante el mes de marzo.
Una vez superado el debate y la defensa de enmiendas y antes de dar paso a la votación, el presidente de la Comisión, Juan López de Uralde, ha interrumpido la sesión para solicitar el acuerdo de los portavoces de los grupos para que el diputado de ERC Joan Capdevilla votase desde su despacho, donde tiene que permanecer aislado tras detectarse un positivo en covid-19 esta mañana en un compañero de partido.
Precisamente, una de las enmiendas que ha salido adelante había sido presentada por ERC y que establece que las zonas de bajas emisiones que deberán ser una realidad en 2023 serán obligatorias en municipios a partir de 20.000 habitantes cuando se superen los niveles límite de contaminantes del Real Decreto de mejora de la calidad del aire.
Otro acuerdo transaccionado en la Comisión es mantener los objetivos actuales de la ley pero se introduce una enmienda por la que se acuerda su revisión en el año 2023.
Objetivos para 2030
En concreto, los objetivos de la ley se fijan en el horizonte de 2030 una reducción de las emisiones de CO2 del 23 por ciento; una penetración de renovables en el consumo final de energía del 42 por ciento; un 74 por ciento de renovables en el conjunto del sistema eléctrico y un objetivo de eficiencia energética del 39,5 por ciento.
La Ley establece también el año 2040 como el fin de la matriculación de vehículos de combustión, con el objetivo puesto en alcanzar la neutralidad del parque móvil en 2050.
Los partidos que apoyan al Gobierno han consensuado con varios grupos parlamentarios entre ellos PP, ERC y Cs, crear en el plazo de seis meses tras la aprobación un grupo de expertos para analizar una reforma fiscal dirigida a plantear la fiscalidad verde. No obstante, los grupos han pactado que toda modificación en materia de fiscalidad verde irán "acompasadas con la situación económica".
Durante la votación de las enmiendas transaccionales han sido aprobadas las consensuadas por los grupos del Gobierno y una más, presentada por Más País Verdes Equo relativa a los mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, el resto de enmiendas de los grupos han sido rechazadas.
A la sesión de este jueves llegaron vivas el 90 por ciento de las 757 planteadas al proyecto de ley, según destacó el diputado del PP, Diego Gago, lo que en su opinión, es una muestra de la falta de diálogo demostrada por los partidos que apoyan al Gobierno en la fase de negociación.
