El Pleno del Congreso ha aprobado este martes la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE que reforma la Ley Reguladora del Derecho de Asociación para que se puedan disolver entidades que ensalcen el franquismo y humillen a sus víctimas, un proceso que se podrá iniciar a instancias de la Fiscalía y concretarse sólo mediante resolución judicial.
La tramitación de la iniciativa ha sido respaldada por todo el hemiciclo, salvo Vox, único grupo que ha votado en contra. El PP también la ha apoyado pese a que durante el debate había acusado al PSOE de utilizar al dictador Francisco Franco como "comodín".
Aunque los socios del Gobierno han votado a favor de la tramitación varios de ellos han anunciado que presentarán enmiendas pues consideran que la norma debe ser más ambiciosa. Además, ERC y Junts han puesto en duda que se vaya a poder aplicar, pues deja la disolución de estas asociaciones en manos de los tribunales.
Con esta iniciativa los socialistas dan cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, que data de octubre de 2022, y que ya preveía la modificación de la ley de asociaciones en este sentido.
Un año de retraso
Sin embargo, la reforma llega con un año de retraso pues tenía que haber sido promovida a más tardar en octubre de 2023, doce meses después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria. Para poder acelerar su aprobación, los socialistas han optado por impulsar la reforma a través de una proposición de ley en vez de mediante un proyecto de ley del Gobierno.
La propuesta del PSOE consiste en la inclusión de una disposición adicional en la citada norma para incluir como causa de disolución "la realización de actividades que constituyan apología del franquismo".
La futura norma especificará que esa apología se podrá producir "bien ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior o bien enalteciendo a sus dirigentes, cuando concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra de España o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales".
En esa disposición se especifica que la disolución tendrá que realizarse mediante resolución judicial y que corresponderá al Ministerio Fiscal "el ejercicio de la acción en este tipo de procesos".
Además, la proposición de ley del PSOE deja claro que el motivo de disolución se aplicará con independencia de los fines teóricos y actividades plasmados en los estatutos y de que la asociación cuestionada haya cumplido o no el deber de inscripción registral, toda vez que el éste se prevé sólo a efectos de publicidad.
Durante el debate algunos partidos como Bildu y el BNG han pedido que se actúe ya para disolver también fundaciones como la que lleva el nombre de Francisco Franco. Desde el Ministerio de Cultura, que dirige Ernest Urtasun, ya se han dado pasos con ese objetivo.
Los supuestos por los que se instaría la extinción de asociaciones o fundaciones como la citada son los mismos y la diferencia estriba en que, en el caso de la asociaciones, el proceso lo iniciaría el Protectorado dependiente del Ministerio de Cultura y en el de las asociaciones, como plantea la proposición de ley del PSOE, esta tarea recaerá en el Ministerio Fiscal. Eso sí, en ambos casos la decisión final corresponderá a un juez.
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