El Pleno del Congreso vota este jueves cuatro decretos leyes aprobados por el Gobierno en septiembre, entre ellos los que contienen la prórroga del sistema de protección al empleo de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la nueva regulación del teletrabajo.
Estos decretos están en vigor desde su aprobación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) pero, conforme a la Constitución, el Congreso debe pronunciarse para convalidarlos o, en su caso, derogarlos. Los grupos tienen también la oportunidad de tramitarlos como proyectos de ley para poder proponer cambios a través de enmiendas.
Concretamente, el Gobierno defenderá ante el Congreso tres decretos aprobados en el Consejo de Ministros del pasado 29 de septiembre y otro aprobado siete días antes, el día 22 de septiembre, en el que se contiene la regulación del teletrabajo.
Respecto a los otros tres, uno contiene la prórroga de los ERTE acordada por el Ministerio de Trabajo con sindicatos y patronal, así como la extensión de medidas extraordinarias de protección social --el conocido como 'escudo social'--, la regulación del teletrabajo en la Administración Pública y medidas para facilitar la contratación en Sanidad y Educación.
El teletrabajo se considera regular a partir del 30% de la jornada
Aprobada también con el aval de los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, la regulación del teletrabajo considera esta opción como regular si alcanza al menos el 30% de la jornada, siendo sufragado o compensado por la empresa y sin suponer gastos por parte del trabajador con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.
En términos generales, el trabajo a distancia será voluntario y reversible y requerirá la firma de un acuerdo por escrito, que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento posterior, sin que esta modalidad pueda ser impuesta.
ERTE, ayudas a autónomos y parte del 'escudo social'
Otro de los decretos leyes que examinará al Congreso contiene la prórroga hasta el 31 de enero del sistema de los ERTE y de parte de las medidas de protección social, el conocido como 'escudo social', como el veto a los desahucios, los alquileres 'abusivos' y las medidas relativas a los grandes tenedores. Sin embargo, la prórroga no incluye ni la moratoria hipotecaria ni la prohibición de cortar el suministro de agua, electricidad y gas.
En la prórroga de los ERTE, su prórroga extendió los ERTE de fuerza mayor a determinados sectores e incluyó dos nuevas figuras, de limitación y de impedimento, disponible para todas las empresas afectadas por restricciones sanitarias por la pandemia.
Asimismo, el acuerdo prorroga la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos, con una nueva ayuda por bajos ingresos para quienes no cumplan los requisitos de acceso, así como la "prohibición" al despido por causas objetivas, y la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad.
Teletrabajo en la administración
El Gobierno también defenderá en el Pleno el decreto ley con la regulación básica del teletrabajo para los empleados públicos de todas las administraciones, en torno a 2,5 millones de trabajadores, si bien cada comunidad autónoma procederá al desarrollo normativo que considere oportuno en el plazo de seis meses.
Esta norma, acordada con los sindicatos de la administración CSIF, CCOO y UGT, incorpora en el Estatuto Básico el teletrabajo como una modalidad organizativa, recoge que no podrá suponer ningún incumplimiento de la jornada y el horario y de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, y establece como requisito previo la valoración del carácter susceptible de poder realizarse las tareas asignadas al puesto y la formación en competencias digitales.
Facilitar la contratación en sanidad y educación
Este mismo decreto ley también incluye una de las medidas aprobadas en ese Consejo de Ministros para reforzar la contratación en la Sanidad y en la Educación con motivo de la emergencia por la pandemia de covid.
En este caso, se permitió a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) la contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19 que, aun teniendo el grado, licenciatura o diplomatura correspondiente, carezca del título de especialista reconocido en España para realizar funciones propias de una especialidad.
Con esta medida, el Gobierno calcula que podrían contratarse unos 10.000 sanitarios facultativos por parte de las comunidades autónomas, 4.557 de ellos en el ámbito de la Medicina que realizaron las pruebas selectivas de la convocatoria 2019/2020 y que no tienen plaza.
Respecto al ámbito educativo, el Gobierno aprobó en ese Consejo de Ministros otro decreto ley para permitir, de manera excepcional y temporal, la contratación de docentes que cumplan con todos los requisitos pero que aún no hayan cursado el máster específico, con el fin de reforzar las plantillas educativas durante el curso 2020-2021.
Esta medida permite que las administraciones educativas puedan nombrar funcionarios interinos para plazas adicionales de docentes derivadas de las medidas adoptadas a causa de la covid-19 para los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, técnicos de FP, profesores de música, artes escénicas, artes plásticas y diseño y escuelas oficiales de idiomas de titulados que no estén en posesión del máster que acredita la formación didáctica.
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