Esquerra Republicana (ERC) ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que demanda la retirada del coche oficial a los cargos públicos y la presentación de una ley que regule las dietas que cobran y los transportes que utilizan y que, entre otras cosas, les obligue a viajar en clase turista. Los únicos límites al recorte de lo que considera "privilegios" de los cargos políticos será la necesidad de garantizar su seguridad.
Los independentistas catalanes, según apuntan en la iniciativa que recoge Europa Press, quieren que el Gobierno haga un diagnóstico de las "prebendas" de las que, a su juicio, se benefician los políticos y que en un plazo de seis meses remita al Congreso un informe al respecto.
En concreto, ese documento debería concretar el número de coches oficiales adscritos a la Administración General del Estado y a las empresas y organismos públicos, los cargos que los usan y el gasto que supone cada uno de ellos. Y también el número de tarjetas de crédito de las que dispone este colectivo y los gastos efectuados con cargo a las mimas en los últimos cinco años.
El informe que ERC requiere al Ejecutivo tendría que incluir, asimismo, una relación desglosada por gasto de regalos, convites y ceremonias institucionales con cargo a los presupuestos de la Administración General del Estado y de las empresas y organismos públicos en el último lustro.
Ni prebendas ni gastos suntuarios
Esta 'fiscalización' del periodo 2009-2014 alcanzaría también a los viajes oficiales -consignando el gasto y la justificación de cada desplazamiento- y a las campañas institucionales de la Administración General y las empresas y organismos dependientes.
Acompañando a ese informe, Esquerra propone que el Gobierno redacte un documento con propuestas concretas para la supresión de los "privilegios políticos" y "la reducción del gasto suntuario de la Administración General del Estado".
En la misma línea, insta a la aprobación de un proyecto de ley sobre el uso de los espacios y los medios públicos, así como de las dietas y los transportes de los cargos públicos. Esa futura ley, según los independentistas, debería establecer que la Administración Pública sólo cubrirá viajes en clase turista, "salvo las excepciones establecidas legalmente en que por justificadas razones de seguridad y/o eficiencia se deban hacer en transporte privado".
La seguridad también será la excepción para la supresión de los coches oficiales que ERC quiere que sea un hecho en el plazo máximo de un año. Aunque plantea que sea el Congreso el que regule este aspecto concreto, propone 'indultar' a los vehículos asignados a los cargos públicos que tengan más de dos guardaespaldas, para garantizar su protección.
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