El Congreso ha aprobado la ley de protección de deudores hipotecarios y para combatir los desahucios, con sólo los votos del PP, entre críticas de la oposición, que ha acusado a los populares de dar la espalda a la calle, y de los colectivos de afectados, que se han manifestado ante el Parlamento.
Mientras la Comisión de Economía daba el visto bueno a la ley, popularmente conocida como 'ley anti desahucios', miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras entidades que han colaborado en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la dación en pago y el alquiler social manifestaban su disconformidad con un texto que ha "desvirtuado" su propuesta.
Para hacer más evidente su disconformidad, los promotores han dado por retirada su propuesta y han guardado un minuto de silencio tras conocer la aprobación de la Ley para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, nombre definitivo de la nueva norma.
El texto, que ahora se remite al Senado para finalizar la tramitación parlamentaria, es el del último borrador elaborado por el PP, que a última hora ha admitido una enmienda de UPN relativa al fondo de alquiler social de la banca para dejar abierta la puerta a futuros beneficiaros de esta bolsa de viviendas.
Todos los grupos de la oposición han criticado la poca flexibilidad del grupo popular en la elaboración de la ley y han denunciado que sólo ha admitido propuestas de tipo técnico y de forma parcial, mientras el PP ha insistido en que ha tenido en cuenta 50 enmiendas de los partidos y ha recogido el espíritu de la ILP.
Todos los grupos de la oposición han criticado la poca flexibilidad del grupo popular en la elaboración de la ley
La nueva ley, que previsiblemente estará en vigor en dos meses, es el resultado de la unión de los dos proyectos de ley sobre el asunto de los desahucios que había en el Congreso, el proveniente de la ILP y el que tenía como origen el decreto de paralización de desalojos aprobado por el Gobierno. Asimismo, el PP ha incluido modificaciones de varias leyes para adaptar el procedimiento de ejecución hipotecaria a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que el mes pasado dictaminó que la normativa española incumple la directiva europea de protección de los consumidores.
El contenido de la norma
La Ley suspende los desahucios (lanzamientos) de viviendas durante dos años para colectivos definidos como vulnerables, modifica el régimen de subastas de viviendas para que el precio de adjudicación sea mayor, limita los intereses de demora y, en cumplimiento de la sentencia del alto tribunal europeo, permite al juez suspender un desalojo si hay cláusulas hipotecarias abusivas. Asimismo, articula un sistema para reducir la deuda pendiente mediante quitas una vez que la vivienda ha sido adjudicada a un tercero y recoge el mencionado fondo social de vivienda, que ya está en marcha.
En cuanto a la dación en pago, la contempla sólo en el marco del código de buenas prácticas bancarias, que permite entregar la vivienda para sufragar la deuda cuando la reestructuración no sea viable y sólo para casos de especial vulnerabilidad. El PP considera que se trata de una norma de protección social y que las quitas de deuda la equipara a una ley de segunda oportunidad, una de las demandas de la oposición.
La ley contempla la dación en pago sólo en el marco del código de buenas prácticas bancarias
La segunda oportunidad es un proceso que existe en muchos países de nuestro entorno y que permite renegociar deudas y posibilitar a personas sobre-endeudadas rehacer su situación económica. Por el contrario, los grupos políticos creen que se ha desperdiciado una oportunidad para implementar medidas que eviten el sobre-endeudamiento, aprobar una verdadera ley de segunda oportunidad y auguran que en poco tiempo será superada por la realidad social y por la actuación de los jueces.
"Hoy podía ser un buen día para dar una segunda oportunidad a las familias, para permitir que hubiera renegociaciones de deudas (...) y para que se pudieran quedar en sus casas" y, sin embargo, "el PP lo haya impedido con su mayoría absoluta", ha dicho la portavoz de Vivienda del PSOE en el Congreso, Leire Iglesias.
La diputada de CiU Lourdes Ciuró ha pedido una ley más ambiciosa que dé una solución a todas las personas que han sufrido un desalojo de su vivienda, mientras que desde La Izquierda Plural Joan Coscubiela ha acusado al PP de decantarse por proteger los intereses de los mercados financieros en vez de los de las familias.
Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, ha denunciado la "obcecación irracional" del PP y del Gobierno, que ha impedido lograr acuerdos en cuestiones en las que todos los grupos de la oposición coinciden, y Pedro Azpiazu (PNV) ha lamentado la falta de voluntad para pactar a pesar de que su grupo ha renunciado a la mitad de sus enmiendas. Desde el grupo mixto, Olaia Fernández (BNG) ha acusado al PP de hacer de "cinismo puro" y simular "una pose inicial" con la ILP para después "ignorarla".
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