Son el último recurso para muchos. Para otros, un liberador desahogo. O, simplemente, la única manera de que alguien escuche sus peregrinas propuestas. Cada legislatura, más de 5.000 ciudadanos envían al Congreso de los Diputados cartas en las que reclaman, exigen, proponen, suplican y sugieren desde ideas a casos personales. Los nueve parlamentarios que forman la muy poco conocida Comisión de Peticiones, presididos por el popular Gabino Puche, son los encargados de lidiar con todas ellas en reuniones que se celebran una vez al mes a puerta cerrada.
La última tuvo lugar el pasado 12 de junio. Ese día los parlamentarios analizaron decenas de peticiones llegadas en los últimos meses, según la documentación de la misma a la que ha tenido acceso Vozpópuli. Así, por ejemplo, vieron la petición de José, que reclama que se le conceda una pensión por el tiempo que estuvo en el Ejército. La de Alfredo, que propone una letra para el himno nacional. La de Imad, que pide que se le conceda la nacionalidad española. O la de Elisa, que exige que el nombre su marido, fallecido en 1994, “cause baja en las bases de datos de todas las administraciones públicas”. En estos casos, como en la práctica totalidad de los otros que llegan, la comisión tiene poco margen de maniobra. En muchos casos, sus miembros se limitan a actuar de intermediarios. Reenvían la solicitud a los órganos administrativos que consideran competentes para los asuntos que les plantean los ciudadanos para, cuando reciben una respuesta de éstos, enviar la respuesta a los ciudadanos. En otros casos, simplemente, las archivan.
Rafa Zouhier, condenado por el 11-M, pide a sus señoría recibir en la cárcel "el mismo trato" que el resto de los presos
Entre las cartas que analizan, abundan las de una temática ‘clásica’: las cárceles. Así, en su última reunión, los diputados de la Comisión de Peticiones analizaron qué hacer con varias misivas de presos que pedían el régimen abierto, que se les revisase su condena, que denunciaban las malas condiciones del centro penitenciario donde se encuentran recurridos o, simplemente, que reclamaban un trabajo cuando abandonen sus celdas. Uno, por ejemplo, les solicitaba que se trasladase a un hermano, también preso, a la misma cárcel donde él estaba para terminar de cumplir las condenas juntos. Y Rafá Zouhier, condenado por los atentados del 11-M y recluido en la prisión de Puerto de Santa María, les exigía que se le apliquase “el mismo trato que a otros internos”. Su petición tuvo suerte y fue reenviada al Ministerio del Interior, el departamento que gestiona las cárceles. Las de otros 27, sin embargo, han sido archivadas porque la lentitud en la tramitación de sus solicitudes hizo que ellos abandonaran las prisiones antes de que tuvieran tiempo de analizarla.
Peticiones que rozan el absurdo
Tampoco faltan las peticiones que rozan el absurdo. Como la de Antonio, quien ha presentado una solicitud para que “su descubrimiento sobre la cuadratura del círculo sea enseñado en los colegios, academias y centros culturales”. En breve, según refleja la documentación de la Comisión, recibirá en su domicilio la contestación del Ministerio de Educación a su ofrecimiento. Y como por pedir que no sea, ahí está en grupo de ciudadanos que, de manera individual pero coordinada, han enviado una solicitud para participar “de manera directa, mediante la emisión de voto electrónico, en las votaciones” del Congreso y Senado. Además, piden que se les remita cumplida “información de los resultados de cada votación y cómputo del voto emitido por su persona en el recuento de votos”. La Comisión la ha remitido a la Comisión Constitucional para que dé una respuesta a estos ciudadanos defensores de la democracia participativa.
Manuel pide a los diputados que “su descubrimiento sobre la cuadratura del círculo sea enseñado en los colegios”
También hay peticiones muy ‘pegadas’ a la actualidad. Antonio pide que el Ministerio de Defensa también sufra los recortes penitenciarios “como los demás ministerios” y reclama que alguien presente sendos “recursos de inconstitucionalidad” contra la última reforma laboral y la amnistía fiscal. Hay quien reclama una “renta básica universal” y que se bloquee cualquier medida de “co-repago” en la Sanidad Pública. Uno se opone a la decisión de expulsar al embajador de Siria en España. Y hay quien exige que se derogue el decreto que fija las nuevas condiciones para designar al presidente (sic) de RTVE. Incluso, los hay que creen haber encontrado la clave para solucionar los problemas de la crisis. Así, Manuel pide que “se estudie la falta de trabajo en España y la necesidad de los jóvenes de salir temporalmente a trabajar al extranjero. Alfonso, por su parte, se “queja por el número de concejales existente en algunos municipios”. María insiste con un listado elaborado por ella de “medidas que deberían adoptase para superar la crisis que atraviesa el país”. Y José María remite la documentación que considera necesaria para elaborar “una ley que controle eficazmente los actos de los jueces”.
"Un trabajo" o entregar una carta el embajador de Japón
Otras, sin embargo, tienen un punto dramático que irremediablemente hace pensar en la desesperación de la gente. Francisco, por ejemplo, ha enviado una carta con “sus reflexiones sobre la situación del empleo y los salarios de los cargos públicos” en las que finalmente pedía “un trabajo” para él. José pide que hagan llegar al embajador del Japón en España una carta en la que pide que le devuelvan a su hijo, quien supuestamente está en el país asiático junto a su madre. Enrique se ‘conforma’ con que no demuelan su vivienda. Y Juan y su hijo José Ramón con que se le “perdone” al primero la deuda que tiene con la Seguridad Social. Muchas, sin embargo, parecen haber sido redactadas más pensando en los Reyes Magos que en los diputados. Es el caso de Antonio, que pide que le paguen “10 millones de euros por las injusticias sufridas”. No detalla cuales. Fernando pretende que le ayuden a revisar la “sentencia injusta” de su divorcio. Elisa, que se conceda una finca que reclama en herencia. Y Yosheba que se cierre la central nuclear de Garoña (Burgos).
Y también están los insistentes, capaces de mandar no una carta sobre un tema, sino un sinfín sobre las más variadas cuestiones. Es el caso de Antonio, quien se presenta como el secretario de una asociación de vecinos de un barrio de la ciudad de Valencia, que igual manda una propuesta para “acabar con el problema de la vivienda” que pide que se mejore y amplíe el Museo de Bellas Artes de San Pío de su ciudad o que la Policía deje de usar “las escopetas de bolas de goma”. Antonio fue, de hecho, la persona con diferencia de la que más peticiones se analizaron en la última reunión de la Comisión parlamentaria: nada menos que 33. Ahora, todas ellas siguen el trámite que acabará en su archivo o, en el mejor de los casos, en una cortes carta de respuesta por parte de cualquier organismo de la administración.
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