El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, propuso este miércoles una decena de nombramientos en la carrera en el marco de un Consejo Fiscal especialmente tenso debido a su negativa a abstenerse en una designación clave. La polémica tuvo lugar cuando un vocal le pidió que no participara en la propuesta del fiscal jefe de penal del Tribunal Supremo, por afectarle personalmente, y éste lo descartó.
Fuentes fiscales consultadas por Vozpópuli explican que el fiscal general no respondió a la solicitud formulada por el vocal Salvador Viada, si bien sí lo hizo la 'número dos' de la institución, María Ángeles Sánchez-Conde. La teniente fiscal del alto tribunal rechazó a la solicitud formulada por el vocal, quien entendió que el cargo que él designe se verá directamente afectado si el Tribunal Supremo acaba abriendo causa contra García Ortiz por revelación de secretos.
Como informó este medio, a la plaza de fiscal de Sala jefe de la Fiscalía del Tribunal Supremo concurrían ocho candidatos, entre los que se encontraban los fiscales de Sala Javier Zaragoza y Jaime Moreno. Se trata de dos fiscales de reconocido prestigio dentro de la carrera y que han representado -junto con Fidel Cadena y Consuelo Madrigal- a la Fiscalía en el procés.
Investigación a García Ortiz
En ese sentido, el vocal Viada recordó que estos dos candidatos formaron parte del conjunto de fiscales que, en la Junta del pasado 24 de abril, votaron a favor de investigar si existió revelación de secretos con la nota que filtró la Fiscalía sobre la investigación fiscal a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El vocal advirtió que estos dos candidatos formaron parte del bloque que se negó a avalar la orden de la 'número dos' de la Fiscalía de oponerse a esta investigación. La cuestión partió en dos la Junta, aunque acabó imponiéndose por la mínima el criterio del fiscal general. Por ese motivo, el Ministerio Público acabó informando en contra de admitir la querella del novio de Ayuso para investigar a dos fiscales por revelación de secretos.
En ese sentido, el vocal advirtió momentos antes de este nombramiento, que, en aras a mantener la apariencia de imparcialidad, García Ortiz debía abstenerse del mismo, toda vez que en estos momentos el Tribunal Supremo está estudiando la imputación del fiscal general del Estado por los hechos arriba descritos.
Además, Viada explicó que la participación del fiscal general en este nombramiento afectaría seriamente a la imagen de la Fiscalía, puesto que el cargo de fiscal jefe de lo Penal del Supremo se verá afectado si este mismo órgano decide abrir diligencias contra el máximo representante de la institución.
Sin embargo, la teniente fiscal se negó a acceder la solicitud del vocal porque, según dijo, García Ortiz no participó directamente en la Junta de abril referenciada y, por tanto, no hay vinculación directa. De esta forma, García Ortiz designó para fiscal jefe de penal del Supremo a Fernando Prieto Rivera.
Este fiscal experto en delincuencia organizada que participó en los informes de la Fiscalía sobre los ERE, se impuso al obtener el apoyo de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y de los tres vocales natos del órgano. Se tratan de García Ortiz, su 'número dos' y de la inspectora jefe, María Antonia Sanz Gaite.
De esta forma, Prieto ha obtenido cinco votos, frente a los seis que ha conseguido Ángeles Garrido. Todos los vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales han votado a favor de esta candidata, miembro de su asociación, mientras que Salvador Viada, al ser fiscal del Tribunal Supremo, se ha abstenido de participar en este nombramiento. Así pues, y teniendo en cuenta que el criterio del Consejo Fiscal no es vinculante, se ha impuesto la opción del fiscal general pese a no haber sido la más votada.
La fiscal del caso Plus Ultra
Del mismo modo, el Consejo Fiscal también ha aprobado otros nombramientos en la Fiscalía del Tribunal Supremo. Así, la fiscal Anticorrupción Belén Suárez ha sido propuesta como fiscal de la Sección Penal de la Fiscalía del Supremo y José Ignacio Esquivias, que partía como favorito, como fiscal de la Sección Civil.
Para la vacante de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, García Ortiz ha propuesto a María Luisa Llop, quien desde enero se encuentra con carácter provisional en esta Fiscalía. Llop -que fue la fiscal que actuó en la causa de Plus Ultra y consiguió el archivo de la misma- se ha impuesto a otros candidatos como José Manuel San Baldomero, fiscal al frente de las diligencias abiertas contra Begoña Gómez.
Las fuentes consultadas explican que, al menos tres de los nueve propuestos son fiscales ligados a la UPF, asociación de la que es afín el fiscal general. Es el caso de Jesús Dacio (propuesto como fiscal superior de la Comunidad de Cantabria y que ha recabado seis votos); Pilar Tomás Gómez (propuesta a fiscal jefe de Valencia) y Luis Carlos Díez (teniente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Valenciana y que no ha logrado el apoyo mayoritario).
Pendientes del Tribunal Supremo
Se trata de nombramientos que se aprobarán en el Consejo de Ministros y que se acuerdan en plena cuenta atrás para que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la posible imputación de García Ortiz. Fuentes fiscales consultadas por este medio explican que el escrito de la Fiscalía que solicitó el alto tribunal antes de resolver sobre si admite o no a trámite la exposición razonada, está a punto de ver la luz.
Se trata de un informe que ha elaborado la teniente fiscal y en el que se opondrá a que se abra causa contra García Ortiz por ser la persona que ordenó la filtración de la nota informativa conteniendo conversaciones entre el fiscal y el abogado de González Amador. Tras éste, la Sala de lo Penal determinará si comparte el criterio o, por contra, ve indicios para aceptar la exposición razonada remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El órgano investigó la querella inicial -dirigida contra dos fiscales de Madrid- y, tras constatar la presunta implicación de García Ortiz, elevó la causa al Supremo al tratarse de una persona aforada. Fuentes jurídicas consultadas por este medio sostienen que la Sala de lo Penal se decanta por abrir causa por presunta revelación de secretos, lo que, de producirse, supondrá la primera imputación en democracia de un fiscal general del Estado.
