El Consejo de Ministros aprueba este martes el subsidio por desempleo para empleadas del hogar, con el que el Gobierno quiere dotarlas de los mismos derechos que el resto de trabajadores. El Ejecutivo trata así de poner fin a "una injusticia absolutamente inaceptable", "siendo coherentes con el reconocimiento de derechos laborales, la dignidad laboral y asumiendo como propio el mandato de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", dijo ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Además, a principios de este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que España contraviene la normativa comunitaria al excluir a los trabajadores del hogar, mayoritariamente mujeres, de la prestación por desempleo, lo que es contrario al Derecho de la Unión. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que lleva trabajando desde febrero en la norma que se aprueba hoy -entrará en vigor mañana- y que dará protección a más de 373.121 personas trabajadoras, en su práctica totalidad mujeres.
"Por fin el Gobierno da un paso adelante, no solo tendrán derecho al desempleo, sino que van a acceder al compendio de derechos ordinarios que tienen los trabajadores en el ejercicio profesional", explicaba la semana pasada. Es de "una de las normas que más me satisface, porque son las grandes olvidadas", ha dejado claro Díaz, quien ha asegurado que ha defendido a estas trabajadoras como abogada, como diputada y como vicepresidenta. De hecho, durante el confinamiento, el Gobierno puso en marcha un subsidio extraordinario que cobraron cerca de 45.000 trabajadoras del hogar.
El Pleno del Congreso de los Diputados ratificó el pasado mes de junio el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que amplía los derechos de las empleadas del hogar, entre otros, la protección por desempleo. Asimismo, establece que, como los demás trabajadores en general, deberán disfrutar de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, así como de una remuneración mínima del salario mínimo interprofesional (SMI), limitando los pagos en especie, algo que ya se está aplicando en España y vigilando su cumplimiento.
