La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad un informe favorable a la intención del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional la resolución independentista aprobada este lunes por el Parlamento de Cataluña, han informado a Europa Press fuentes del órgano consultivo. "Existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar ante el Tribunal Constitucional", dice el acuerdo aprobado, ya que, según destaca, esa resolución "implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española y su declarada insumisión a las instituciones del Estado" y niega el "orden constitucional vigente en su conjunto".
La resolución, dice el Consejo de Estado, muestra una "voluntad de desobediencia o desacato" a la Constitución y al orden institucional y afirma que contraviene los principios constitucionales de la soberanía nacional y unidad de la nación española. Asimismo, asegura que la proyectada desobediencia de las decisiones del TC supone "un atentado a uno de los elementos básicos con que se configura el Estado social y democrático de derecho en España".
Así se recoge en el informe preceptivo que ha elaborado el Consejo de Estado, tras una reunión desde las 13 horas de la Comisión Permanente para estudiar el trabajo realizado por la sección primera del Consejo, la encargada de estudiar el expediente que este lunes por la tarde le entregó el Ejecutivo. Tras más de una hora de reunión, el informe favorable ha sido aprobado por unanimidad y remitido al Gobierno. La tarde de este martes este documento será analizado por la Comisión de Secretarios de Estado y de Subsecretarios que preside la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Según el informe del Consejo de Estado, la resolución niega el "orden constitucional en su conjunto"
La Comisión Permanente está presidida por el presidente del órgano consultivo, José Manuel Romay Beccaría, y por los consejeros permanentes, que actualmente son Landelino Lavilla, Miguel Rodríguez-Piñero, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Fernando Ledesma, Alberto Aza, José Luis Manzanares, María Teresa Fernández de la Vega y Enrique Alonso García. Uno de ellos, José Luis Manzanares, ha afirmado a los medios de comunicación al terminar el encuentro que el Consejo de Estado está "muy de acuerdo con lo que ha propuesto el Gobierno".
En su informe, el Consejo de Estado señala además que la impugnación ante el Constitucional "correspondería que se dirigiera contra la resolución en su conjunto" y no "contra puntos concretos de la misma" puesto que "todos ellos guardan una clara interdependencia y responden a unos mismos criterios informadores".
21 cargos, "expresamente apercibidos"
El dictamen del Consejo de Estado que avala la impugnación por el Gobierno, ante el Tribunal Constitucional (TC) de la denominada resolución independentista de Junts pel Sí y la CUP plantea que el órgano de garantías incluya tres puntos concretos en la providencia que previsiblemente dictará admitiendo a trámite el citado recurso. Entre ellos, que la providencia se notifique "bajo apercibimiento" a un total de 21 cargos electos y del gobierno de Cataluña.
En concreto, se propone pedir que el TC notifique a esas personas concretas -se las cita por nombre, apellido y cargo-, que dicha notificación se haga "bajo apercibimiento expreso de suspensión de sus funciones" -lo que de incumplirse daría lugar a acciones penales-, y que se añada la prohibición también expresa de que el Parlament emprenda iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.
Mariano Rajoy tiene previsto presentar este miércoles el recurso ante el TC, para lo cual reunirá primero a su Consejo de Ministros
Así, el Consejo de Estado propone que la resolución que adopte el Pleno del tribunal de garantías sea notificado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y al presidente de la Generalitat en funciones Artur Mas, o en su caso a la persona que resulte nombrada tras la investidura; pero también a los miembros de la Mesa del Parlament y los del Consejo de Gobierno de la Generalitat, a cada uno de los cuales se cita expresamente.
Además de los dos antes citados, los notificados deberían también ser cada uno de los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña: el vicepresidente primero, Lluís Corominas; el vicepresidente segundo, José María Espejo; a la secretaria primera, Anna Simó i Castelló; el secretario segundo, David Pérez Ibáñez; el secretario tercero, Joan Josep Nuet i Pujals; a la secretaria cuarta, Ramona Barrufet i Santacana; y el secretario general del Parlamento, Pere Sol i Ordis.
La notificación debería extenderse también, según el Consejo de Estado, a la vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté; al consejero de presidencia, Francesc Homs i Molist; la consejera de Gobernación y Relaciones Instucionales Meritxell Borrás i Solé; al consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell; a la consejera de Enseñanza Irene Rigau i Oliver; a consejero de Salus Boi Ruiz i García; al consejero de Interior Jordi Jané i Guasch; al consejero de Territorio y Sostenibilidad ; Santi Vila i Vicente; el consejero de Cultura, Ferrán Mascarell i Canalda; el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Jordi Ciuraneta i Riu; el consejero de Empleo y Ocupación; Felip Fpug i Godes y el consejero de Justicia, Germá Gordi i Aubarell.
Según Rajoy, el recurso de inconstitucionalidad solicitará "por ser una prerrogativa del Gobierno", la "inmediata suspensión" de la iniciativa secesionista
El recurso, este miércoles
El presidente, Mariano Rajoy, tiene previsto presentar este miércoles el recurso ante el TC, para lo cual reunirá primero a su Consejo de Ministros y esta tarde lo hará la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que elevará propuesta de recurso. Previamente, necesitaba tener este informe del órgano consultivo del Estado, aunque no está obligado a seguir sus indicaciones.
Según ha señalado Mariano Rajoy, en el recurso de inconstitucionalidad solicitará "por ser una prerrogativa del Gobierno", la "inmediata suspensión" de esta iniciativa y "de todos sus posibles efectos".
Además, Rajoy ha dejado claro que pedirá al Constitucional que la suspensión de la declaración del Parlamento catalán, en caso de ser acordada, sea comunicada "expresamente" a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, "para que tenga en cuenta que la iniciativa recurrida no tiene ningún valor y no puede tener ninguna consecuencia".
El Gobierno ya apuntó el pasado viernes a Forcadell como primera responsable política y jurídica de lo que ocurra a partir de este lunes.
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