Como ya se había anunciado a última hora del jueves, el Ejecutivo ha decidido retrasar la aprobación de la Ley de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) promovida por el ministro de Educación, José Ignacio Wert. La explicación la ha dado la vicepresidenta del Gobierno, diciendo que el texto todavía tenía observaciones anotadas y que la normal forma de actuar es no elevar al Consejo de Ministros ninguna ley hasta que no se hayan solventado estos asuntos. En concreto, las observaciones hacen referencia, según Soraya Sáenz de Santamaría, a aspectos de la memoria económica, pero no a posibles problemas de consenso o de agitación social, especialmente tras la jornada de huelga de ayer. "Los pilares de la LOMCE se mantienen, los elementos fundamentales están diseñados y cerrados por el Gobierno", decía.
Para el Gobierno se trata de una ley importante y considera imprescindible cambiar el modelo de la enseñanza, ya que las cifras de fracaso escolar que tiene España obligan a "no conformarse con el modelo actual". En la misma línea, la vicepresidenta recordaba que ha sido suficientemente discutida, consensuada, y se habían realizado las necesarias alegaciones e informes, remitiendo al elaborado por el Consejo de Estado para poder comprobar la larga lista de organismos o instituciones consultadas.
El Ejecutivo actuará siempre del mismo modo cuando crea que un órgano autonómico vulnera la Constitución: acudiendo al Tribunal Constitucional
Preguntada por cómo va a actuar el Gobierno después de saberse que el Parlament catalán ha decidido seguir adelante con su declaración de soberanía pese a la decisión del Constitucional de suspenderla, Sáenz de Santamaría explicaba que el modo de actuar del Ejecutivo va a ser siempre el mismo, recurriendo al máximo órgano constitucional siempre que consideren que un órgano del Estado incumple la Constitución Española (CE). "Cualquier actuación que suponga darle efectos e incumplir ese auto o el conjunto de la CE se llevará al tribunal para su enjuiciamiento", explicaba, haciendo extensiva la situación de Cataluña a posibles confrontaciones similares.
Además, la vicepresidenta informaba sobre la aprobación por parte del Ejecutivo del Anteproyecto de cámaras oficiales de comercio, algo que atiende a la demanda generalizada de promover un modelo que está consolidado en países como Alemania, Francia, Reino Unido o Italia. Se pretende darle a las cámaras mayor presencia en el exterior para facilitar la internacionalización, y para ello se ha trabajado con las propias cámaras de comercio, con las Comunidades Autónomas, con las organizaciones empresariales y con el Consejo Superior de cámaras de comercio.
Para llevar a cabo la tarea prevista, el Gobierno ha aprobado crear la Cámara de Comercio de España, una marca comercial que puede ayudar a la salida de la de la empresa, que abre la puerta a las pymes en los mercados internacionales.
La vicepresidenta explica que la modificación de la Ley del Aborto responde al compromiso de cumplir la doctrina del Tribunal Constitucional y de no permitir abortar a menores sin conocimiento de los padres
La otra medida aprobada por el Consejo de Ministros es la creación de un nuevo Código del Buen Gobierno para adaptar los "actuales estándares españoles a aquellos a más alto nivel internacional". Para ello se crea una comisión de expertos, presidida por la presidenta de la CNMV, que en 4 meses remitirá al Gobierno un estudio que donde se propondrán medidas para mejorar, y a partir de la recepción del informe comenzarán dos tipos de actuaciones: una propuesta de cambios normativos, que el Ejecutivo se compromete a realizar en los dos meses siguientes, y un código de buenas prácticas para empresas no cotizadas.
Ya en el turno de preguntas, la vicepresidenta del Gobierno debía responder a la modificación de la Ley del Aborto que está llevando a cabo el ministro Gallardón, sobre la que explicaba que es una tarea que corresponde al ministerio de Justicia y que todavía están redactando el texto. "La reforma responde al cumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del compromiso de que los padres puedan intervenir en las interrupciones del embarazo de las menores de edad, algo sobre lo que ya nos manifestamos en contra al aprobar la actual legislación", recordaba Sáenz de Santamaría.
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