El Gobierno tiene previsto aprobar durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes la Ley de Seguridad Privada y la Ley de Acción Exterior, ambas para su remisión a las Cortes. El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, presidirá la reunión del Consejo de Ministros, a la que asistirán todos los miembros de su gabinete, a excepción de los ministros de Empleo y Seguridad Social y de Economía y Competitividad.
El Consejo de Ministros dará luz verde previsiblemente a la Ley de Seguridad Privada, tras varias semanas de consultas a distintas instituciones del sector.
Según señaló el 12 de abril el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la nueva Ley incluirá la prohibición de usar servicios materiales o técnicos "que atenten contra el derecho a la intimidad, la imagen o el secreto de las comunicaciones". "Los informes deberán conservarse archivados cinco años y las imágenes se destruirán un año después de su finalización salvo que estén inmersas en una investigación judicial", explicó el ministro del Interior.
También se contemplan nuevos servicios que hasta ahora no estaban regulados o necesitaban actualizarse. Es el caso de los servicios de videovigilancia de los inmuebles, la gestión y respuesta de alarmas, vigilancia de polígonos, urbanizaciones o zonas comerciales, servicios de planificación y la vigilancia perimetral de las prisiones siempre bajo la dirección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Sobre este último punto, el ministro del Interior aseguró en su momento que esta iniciativa también ha sido solicitada por Cataluña, única comunidad autónoma que cuenta con las competencias penitenciarias transferidas.
Ley de Acción Exterior
Asimismo, el Consejo de Ministros tiene previsto también dar luz verde a la Ley de Acción Exterior, tras haber recibido el informe del Consejo de Estado. El principio que impregna esta ley es el de la unidad de la acción exterior, que hoy ejercen desde el Gobierno, la Corona, las Cortes, hasta las Fuerzas Armadas, pasando por las Comunidades Autónomas y los entes locales, entre otros.
En aras de la coherencia interna, la propuesta de ley permite a las Comunidades Autónomas abrir oficinas en el extranjero para promocionarse, pero informando previamente al Gobierno.
Inspirándose en el modelo del servicio exterior europeo, Exteriores ha propuesto que, de forma paulatina, todas las oficinas de la Administración se vayan integrando en la Embajada y que los diferentes agregados y consejeros dependan orgánicamente del embajador, aunque pueda seguir recibiendo órdenes de los Ministerios de los que procedan.
En aquellas misiones donde se proceda a esta integración, la norma establece que todos los funcionarios tendrán las mismas condiciones de trabajo, en función de su categoría profesional y el puesto que ocupen, en lo relativo a retribuciones, vacaciones y permisos, cobertura sanitaria y asistencia a la escolarización de los hijos, con independencia del departamento del que procedan.
Además, estas nuevas misiones integradas dispondrán de una Sección de Servicios Comunes que integrará al personal de gestión, administrativo y auxiliar, del que ahora se dotan de manera separada los Ministerios, con el fin de reducir costes y reducir la necesidad de contratar personal con esta gestión compartida, que incluye también los recursos materiales, como los coches oficiales.
Embajadas compartidas
La propuesta de Exteriores incorpora la posibilidad de integrar a funcionarios españoles en las delegaciones de la UE en el extranjero en los que España no tenga Embajada. Esta fórmula se pondrá en práctica desde primeros de 2013 en Yemen, donde España cerrará su Embajada y pasará a operar desde la delegación europea desde primeros de 2013.
También habla de la posibilidad de crear Misiones Diplomáticas Conjuntas u oficinas consulares con otros socios de la UE en terceros estados, especialmente en aquellos donde no haya delegación europea.
Por otra parte, el texto concede a la Comisión de Exteriores del Congreso la potestad de solicitar la comparecencia, a puerta cerrada, de los embajadores nombrados por el Gobierno para que informen sobre los objetivos de su misión. El Congreso no tendrá capacidad, como ocurre en EEUU, de vetar el nombramiento del embajador.
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