El Consejo de Ministros ha aprobado y remitido al Congreso el proyecto de ley por el que se reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, que incluye novedades como la elevación de las multas de alcoholemia y drogas (de 500 a 1.000 euros), la obligación de que los menores lleven casco en ciudad cuando monten en bicicleta o la prohibición del uso de detectores de radar.
La reforma también abre la puerta a elevar el límite de velocidad a 130 km/h en algunos tramos de autopista, al introducir en el cuadro de sanciones por excesos de velocidad este nuevo límite, aunque este nuevo límite de velocidad no se materializará hasta que se lleve a cabo otra reforma, la del Reglamento General de Circulación, que el Gobierno prevé aprobar para primavera.
Según ha indicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha calificado de "importante" la reforma, el Gobierno ha pedido la consulta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Asociación para el estudio de la lesión medular espinal (Aesleme).
Otras de las novedades de la reforma es la regulación de los controles de drogas. La prueba será mediante saliva como medio habitual y la de contraste será un análisis de sangre, con sanciones de 1.000 euros. Además, los peatones que cometan infracciones también deberán someterse a estos controles. La actual regulación permite hacer este tipo de controles a los peatones únicamente cuando son víctimas o participan en la producción de un siniestro.
Por otro lado, la reforma prohibirá el uso de detectores de radar, con una sanción de 200 euros y detracción de 3 puntos del permiso. Hasta ahora, los detectores de radar se permitían, lo que estaba prohibido era los inhibidores de radar. La diferencia entre ambos es que los segundos interfieren con la señal del radar para que este no detecte la velocidad a la que se conduce.
No obstante, probablemente la reforma que más polémica ha causado, y que se incluye en el proyecto de ley, es la obligación de que los ciclistas utilicen casco en vías urbanas --actualmente es sólo obligatorio en carretera--, lo que ha causado el rechazo de asociaciones de ciclistas y algunos ayuntamientos.
El anteproyecto de la reforma incluye la obligatoriedad del uso del casco en ciudad "en cualquier caso para los menores de 18 años", aunque esa obligación podría ampliarse posteriormente a todas las edades, ya que el borrador de reforma del Reglamento General de Circulación en el que está trabajando el Gobierno en paralelo a la reforma de Ley prevé que todos los ciclistas tengan que usarlo.
Cataluña y País Vasco, en contra de elevar los límites de velocidad
El Gobierno Vasco no ve nada positivo para la seguridad vial que se eleve a 130 kilómetros por hora la velocidad máxima en algunos puntos de las autopistas y autovías. La directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Garbiñe Saez, ha recordado que el Ejecutivo de Vitoria ya mostró su rechazo a esta elevación cuando presentó las alegaciones al proyecto de ley y al reglamento de circulación y ha insistido en que en las carreteras de la Comunidad Autónoma Vasca este incremento "en nada es positivo en pro de la seguridad vial", por la orografía, con numerosas curvas, y por la climatología, con lluvias muy habituales.
Saez ha considerado que para mejorar la seguridad vial lo mejor es tender a establecer una "velocidad lineal" y que, en el caso de modificarla por circunstancias puntuales como la climatología, debe ser para disminuir el tope máximo. De esta manera, ha considerado que se debe esperar a ver cómo se aprueba definitivamente la ley en las Cortes porque, además, no está nada claro cuáles deben ser las condiciones y los tramos en los que se podría aumentar la velocidad.
Aún así, ha insistido en que, por las especiales condiciones de las carreteras vascas, es "muy difícil que se pueda llevar a cabo esta elevación" en Euskadi, aunque ha recordado que si es una ley orgánica es de obligado cumplimiento en todo el Estado. Se ha referido a la razón que ha dado la Generalitat de Cataluña para anunciar que no aplicará esta subida de la velocidad, que el parque automovilístico que circula por sus carreteras está envejecido, y ha reiterado que, "desde luego, por ninguno de los criterios que se puedan establecer se entiende por qué es necesaria esa elevación".
Tras el Consejo de Ministros, una portavoz del Servicio Catalán de Tráfico (SCT) ha explicado que "muchos vehículos que circulan por las carreteras catalanas están en condiciones deficientes", ya que la crisis ha ocasionado un envejecimiento del parque automovilístico. El SCT, que ha recordado que el gestor de la velocidad en Cataluña es la Generalitat, cree que "estas no son las condiciones óptimas para subir la velocidad a 130 kilómetros por hora".
En cuanto al resto de medidas que reforma el proyecto de ley, como el aumento de las multas por alcoholemia, el Servicio Catalán de Tráfico ha explicado que sí las aplicará.
Reforma de las Administraciones
En la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros, la vicepresidenta también ha anunciado dos nuevas medidas en relación con la reforma de las Administraciones Públicas que se promovió antes de verano. el anteproyecto de ley presentado conlleva la creación de un portal único de subastas judiciales y la inscripción telemática de nacimientos y defunciones.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación