Orden PRE/404/2014, de 14 de marzo, por la que se convoca la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2014. Estas palabras, publicadas en el Boletín Oficial del Estado el pasado lunes 17 de marzo, llevan siendo esperadas la friolera de ocho años. Corría el año 2006 cuando, desde el Gobierno de Zapatero, decidieron crear una especie de oposición para frenar el acceso a la carrera de abogado en España.
La ley 34/2006 sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador regula que, todos aquellos que quieran ejercer deberán, además de pasar cuatro años por la facultad de Derecho, hacer un máster, prácticas y un exámen final "con el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a un asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica de calidad", tal y como se establece el artículo 1 de la norma.
Con tal fin, y según publicó Vozpópuli hace un mes, el Consejo General de la Abogacía Española pidió al Gobierno que convocara de "manera urgente" el examen de acceso a la abogacía por el "grave perjuicio" que su retraso provoca a cientos de graduados de Derecho que han superado el máster de acceso y que, sin este examen, no podrán ejercer su profesión.
Ahora, tras esa 'urgente' aprobación en la que se han demorado un mes en hacerla, los graduados en Derecho siguen viendo como una atrocidad esta norma. De hecho, de la redacción de la orden ministerial se desprenden varias cosas con las que no están de acuerdo los integrantes del colectivo Abogados Sin Toga, que representa a esos estudiantes que llevan años en el 'limbo' jurídico sin poder ejercer, y con los que Vozpópuli ha tenido ocasión de hablar.
Ni fecha, ni hora, ni lugar
Por una parte, la convocatoria no establece limitación en el número de personas que se puedan apuntar a la prueba ni el lugar donde se realizará, lo que da a entender, según esta asociación, que el examen se “realizará únicamente en Madrid” ya que, según dice el BOE, será “única e idéntica para todo el territorio español”. Esta falta de conocimiento por parte de los estudiantes implica una nueva suposición: ¿quién pagará el transporte a los alumnos que acudan a la prueba desde fuera de Madrid? "No tenemos conocimiento -dicen- de quién se encargará de pagar el transporte, ni siquiera si esos desplazamientos van a ser cubiertos por el Estado, por lo que en el peor de los casos, los estudiantes que deseen hacer el examen y vivan fuera de Madrid (si al final es aquí donde se realiza), tendrán que hacer frente a los gastos que eso supone de manera personal".
A esos gastos de transporte hay que sumar todos los derivados de un largo camino hasta él. Nos referimos al desembolso por la matriculación en Derecho, el máster y las prácticas. "El montante final depende de cuál haya sido la situación personal de cada uno de los alumnos. En cuanto a la carrera, cada curso (el Grado en Derecho consta de cuatro) costaba aproximadamente unos 1000€ de matrícula en la Universidad Carlos III, a los que hay que añadirle los materiales, el transporte o el alquiler de la vivienda de todos aquellos que no han estudiado en su ciudad natal. En cuanto al máster, la matrícula en la Universidad Carlos III (universidad pública) en total ha costado 6750€, (60 créditos teóricos en los que se incluye el trabajo de fin de máster, y 30 créditos de las prácticas, a razón de 75€ el crédito). Además, el período de prácticas fue en la mayoría de los casos no remunerado y los gastos de transporte y comida fueron asumidos por cada uno de los alumnos", denuncian desde la plataforma.
¿Qué razón de ser tiene el examen?
Otro de los problemas con los que se han encontrado estudiantes y profesores es el referente a las materias objeto de examen y a la forma en la que se llevará a cabo la prueba. El BOE recoge que serán un total de 149 temas, divididos en 75 preguntas tipo test y que se alargará unas cuatro horas. Federico Garau, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de las Islas Baleares, denuncia los cambios que se han tenido que hacer en las universidades para adaptarse al plan Bolonia para que, ahora, se pida a los alumnos que vuelvan a enfrentarse a una tipología de examen que desde el Gobierno se encargaron de erradicar. "Las Universidades hemos tenido que cambiar todo el planteamiento docente, pasando de un sistema basado en clases magistrales y cuya carga se medía por las horas de clase impartidas por el profesor, a otro sistema centrado en el desarrollo de habilidades por parte del alumno y cuya carga se mide en atención al esfuerzo y tiempo que éste debe trabajar para prepararse. El cambio docente más notable está en un actual sistema de evaluación continua y de aprendizaje constante, dándose menos importancia a la simple memorización de conceptos. En definitiva, el alumno se ha formado a lo largo de los cuatro años de sus estudios de Grado con un sistema diferente al que ahora se utilizará en la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado. Creo que esta prueba tendría que ajustarse a los métodos docentes en los que se ha formado el alumno", comenta Garau a Vozpópuli.
Este catedrático, que se muestra muy crítico con la forma en que se desarrollará probablemente el examen, dice que "este examen no se corresponde con la metodología docente en la que se ha formado el alumno a lo largo de los estudios de Grado. Si se mantiene este sistema, posiblemente se generará en torno a él un entramado de academias y preparadores que, valga la redundancia, preparen al Graduado para la superación del examen". Junto a sus respuestas, también son igual de críticas las que proporcionan desde Abogados Sin Toga. Compartimos las críticas de los docentes con respeto al examen. Por una parte, el temario es demasiado extenso, y es imposible que coincida con todo el que ha sido impartido en cada uno de los másteres de acceso a la abogacía, puesto que los mismos se hicieron 'a ciegas', debido a que el temario del examen no se había publicado, y en cada uno de ellos se han impartido diferentes asignaturas".
Estudiantes y profesores coinciden: "Las preguntas tipo test no permiten demostrar cómo es la argumentación jurídica de cada uno de nosotros, cuando es precisamente esa la cualidad más importante que debe tener un abogado. En conjunto, se trata de un examen que no coincide con el temario que se ha dado en el máster de acceso a la abogacía, y que al ser tipo test no permite mostrar las cualidades reales de cada futuro abogado".
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