En 2006 la noticia caía como un jarro de agua fría en las universidades españolas. El Ejecutivo de Zapatero presentaba un proyecto de ley de acceso a la abogacía que suponía una barrera para ejercer la carrera de abogado o procurador en los Tribunales. Nadie sabía en aquel momento que la entrada en vigor de esta ley tardaría en llegar algo más de cinco años, la vacatio legis más larga de la democracia. Una tardanza que ha supuesto multitud de críticas, lentitud de proyectos y el impedimento al acceso profesional de miles de jóvenes recién salidos de las universidades.
La Ley 34/2006 sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales regula que, todos aquellos que quieran ejercer deberán, además de pasar cuatro años por la facultad de derecho, deben hacer un máster, prácticas y un exámen final “con el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a un asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica de calidad”, tal y como se establece el artículo 1 de la norma.
Sin embargo, a la hora de hacer realidad y cumplir con esos requisitos que se iniciaron en 2006, las cosas han ido algo flojas y lentas en el Ministerio. El Consejo General de la Abogacía Española ha pedido este jueves al Gobierno que convoque de "manera urgente" el examen de acceso a la abogacía por el "grave perjuicio" que su retraso provoca a cientos de graduados de Derecho que han superado el máster de acceso y que, sin este examen, no podrán ejercer su profesión.
Este examen debe celebrarse aproximadamente tres meses después de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto Ley, donde se establecerá su fecha de celebración y su formato. Y aquí es donde viene la confusión. El número 3 de Gallardón, Juan Bravo, anunció en marzo del año pasado que previsiblemente "el primer examen podría producirse aproximadamente a finales de enero o principios de febrero de 2014". En octubre, el Ministerio de Justicia adelantó a Efe que el examen tendría una parte práctica y otra teórica y que todas ellas serían tipo test, al mismo tiempo que estimó que la prueba se realizaría, como pronto, en abril.
Desde la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ), Tiziana di Ciommo, vocal primera del organismo, confirma a VozPópuli que la prueba será “muy pronto” y que “es probable que sea en abril”, confirmando de esta manera la posibilidad que adelantaba el ministro de Justicia el pasado mes de octubre. “Me consta que se está trabajando para que el examen se produzca cuanto antes”, dice Di Ciommo. Además, recalca que “se está haciendo todo lo posible para que se agilice el trámite aunque es una prueba complicada que requiere un gran esfuerzo logístico”.
La frustración de los futuros abogados
El Consejo General de la Abogacía apuntó en un comunicado que el "retraso" de la convocatoria está frustrando las expectativas de cientos de graduados en Derecho que han superado el máster de acceso y que están pendientes de realizar la evaluación final para poder ejercer la Abogacía. Un máster que, además, no es barato ni accesible para todos. Según una tabla de titulaciones que publica Aranzadi, en la actualidad se ofertan 42 másteres que dan acceso a la abogacía y van, desde los 1.568 euros de la Universidad de Alicante, a los más de 33.000 euros que se pagan por estudiar en el IE Law School.
Además, el Consejo General de la Abogacía ha aprovechado para pedir que el examen sea "eminentemente práctico" y que responda a "las situaciones reales a las que van a enfrentarse los futuros abogados". Esta es una de las pretensiones que se vienen pidiendo desde la aparición de esta norma. “Los planes de estudios de derecho han adolecido históricamente del excesivo carácter teórico de las materias", dicen desde el organismo.
¿Cuántos hay en esta situación?
Desde CEAJ informan que hay unos 800, desde la plataforma ‘Abogados sin Toga’ estiman que algo menos que 700. Este colectivo, que ya ha presentado una iniciativa en Change.org para la retirada del examen para acceder a la abogacía, dice que “el objetivo principal de esta petición es manifestar nuestra impotencia e indignación ante la situación por la que estamos atravesando la nueva generación de abogados que, a día de hoy, no podemos ejercer la abogacía y tenemos la cualificación necesaria para ello”.
Denuncian la indefensión en la que se encuentran porque “las autoridades competentes no nos proporcionan información de ningún tipo:no existe una convocatoria oficial del mismo, no se sabe la fecha exacta del examen, tampoco se sabe el temario concreto ni mucho menos, la estructura del mismo. No sabemos absolutamente nada”. A su vez, convocan una manifestación para el 22 de febrero para exigir la eliminación de el examen que, de momento, les incapacita para colegiarse y, por ende, acceder a la carrera profesional.
Desde el Ministerio de Justicia, sin embargo, informan en su página web, de la existencia de este exámen y publican, además, un par de enlaces con la posibilidad de realizar la prueba piloto que se exigen se apruebe cuanto antes.
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