El Tribunal Constitucional va a suspender con toda urgencia la Ley de Transitoriedad catalana, una resolución que se producirá probablemente mañana, dado que los magistrados evitarán abordar hoy el asunto por ser la Diada.
De este modo, la suspensión se producirá casi con toda seguridad en un pleno que tendrá lugar mañana y en cuya agenda podría figurar también la ley de Hacienda catalana, que asimismo resultará suspendida.
El recurso que el Gobierno central ha anunciado contra la ley de Transitoriedad aprobada por el Parlamento catalán, que pretende convertir a Cataluña en una República, entrará a lo largo de esta mañana en el registro del Tribunal Constitucional, previsiblemente.
Sin embargo, y puesto que hoy es festivo en Cataluña (se celebra la Diada), no es probable que se adopte por parte del pleno del TC ninguna decisión, dado que no podría ser notificada a las autoridades catalanas.
En todo caso, con toda probabilidad dicha resolución será adoptada lo antes posible, es decir, mañana. Y será de admisión a trámite del recurso del ejecutivo y suspensión cautelar de la norma, además de apercibimiento -una vez más- a las autoridades catalanas afectadas.
A ese respecto los magistrados del alto tribunal disponen de escaso margen para decidir, es decir, vienen casi obligados a hacerlo de manera automática por la ley. Otra cosa será la resolución sobre el fondo del asunto, acerca de la cual son plenamente independientes.
El pleno del TC debe resolver también en los próximos días el recurso que el Gobierno presentó contra el Código Tributario (la nueva ley de Hacienda catalana), que entró en su registro el viernes pasado.
Por otro lado, fuentes del Constitucional han informado a Efe de que el pleno del tribunal no ha discutido en ningún momento la posibilidad de imponer medidas provisionales coercitivas, es decir, multas o suspensión cautelar, a las autoridades catalanas que parecen decididas a desobedecer sus sentencias.
Esta posibilidad existe debido a la reciente reforma de la Ley del Tribunal Constitucional que aprobó el PP en la pasada legislatura.
Sin embargo, aplicar ahora tales sanciones podría suponer la ruptura de la unanimidad entre los magistrados del TC que ha imperado hasta el momento en todas sus resoluciones acerca del proceso independentista catalán, apuntan las mismas fuentes. De modo que, de momento, no se contempla esa posibilidad.
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