El Tribunal Constitucional (TC) estudiará cómo puede afectar la nueva ley del aborto, aprobada el pasado febrero, a la ley de interrupción voluntaria del embarazo de 2010, para resolver el recurso presentado por el PP contra ésta última, pendiente aún de que la corte de garantías dicte sentencia, aunque la mayoría progresista ya avaló la norma al rechazar una ponencia que cuestionaba la constitucionalidad de algunos artículos.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la nueva ponencia analizará el impacto de la ley orgánica 1/2023 -de 28 de febrero- en la 2/2010, que modifica, pero sin adentrarse en una revisión de la última norma, dado que no es la impugnada por el PP.
Las fuentes indican que se trata de un estudio necesario por cuanto el TC se enfrenta a una situación compleja, en la que debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley que ya ha sido modificada por otra.
Cabe recordar que la ley del aborto impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero supuso la implantación en España del sistema de plazos que rige en el entorno europeo.
También eliminaba el consentimiento paterno en los casos de abortos de menores de 16 y 17 años pero ese artículo fue derogado en 2015 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con lo que el recurso 'popular' habría perdido su objeto en este punto.
No obstante, desde el TC se avista un posible conflicto por este mismo asunto, ya que la nueva ley del aborto permite que las menores de esas edades aborten sin necesidad de consentimiento paterno.
Cambio de ponente
El mes pasado, la nueva mayoría progresista (de 7 magistrados frente a 4) rechazó la ponencia redactada por Enrique Arnaldo, que proponía respaldar prácticamente toda la ley de 2010, salvo el artículo 17 por considerar que la forma de informar a la mujer -mediante un sobre cerrado- no garantiza suficientemente que dé un consentimiento informado a la interrupción voluntaria del embarazo.
Tras ello, Arnaldo declinó redactar una nueva ponencia que recoja el sentir mayoritario, por lo que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, le encargó esta tarea a la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán.
Se espera que la propuesta redactada por Montalbán incluya una perspectiva de género que ponga la lupa en el bienestar de la mujer, partiendo del derecho a decidir sobre su maternidad, lo que supondrá una aproximación novedosa respecto a la ponencia elaborada por Arnaldo, que pivotaba sobre los derechos del no nacido o 'nasciturus', de acuerdo con las citadas fuentes.
En un principio, estaba previsto que el nuevo borrador de la sentencia sobre la ley del aborto viera la luz en marzo, pero las fuentes apuntan que lo más probable es que vaya a Pleno después de Semana Santa.
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