El Tribunal Constitucional ha suspendido por unanimidad la iniciativa en el Parlament de Cataluña para impulsar una proposición de ley con la que declarar la independencia de Cataluña, según informan fuentes del tribunal de garantías a Vozpópuli. El Pleno estima la ponencia del magistrado Enrique Arnaldo en relación a este acuerdo de la Mesa de la cámara regional del pasado 20 de febrero.
El tribunal de garantías, que adhirió la semana pasada este asunto al orden del día de este Pleno, admite de esta forma a trámite la impugnación de disposiciones autonómicas promovida por el Ejecutivo. La consecuencia directa es la suspensión del acuerdo de la Mesa del Parlament, la cual admitió a trámite la iniciativa legislativa popular denominada 'Proposición de Ley de declaración de la independencia de Cataluña'.
El artículo 161 de la Constitución determina que el Ejecutivo puede impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones normativas sin fuerza de ley en un plazo de dos meses siguientes a la fecha de su publicación. Ahora, el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido tiene hasta cinco meses para pronunciarse sobre si levanta la suspensión que impide al Parlament tramitar la independencia de Cataluña o bien mantiene la suspensión acordada.
Requerimiento al Parlament
En una providencia firmada por los 11 miembros que integran el actual Tribunal Constitucional se acuerda la admisión a trámite de la impugnación del Gobierno a la par que se da traslado de la demanda y de los documentos presentados a la presidenta del Parlament de Cataluña, Ana Erra (Junts), para que en el plazo de 20 días formule las alegaciones convenientes.
A falta de abordar el fondo del asunto, el Constitucional frena de esta forma la tramitación de la iniciativa legislativa popular que aprobó el pasado mes de febrero para sentar las bases de una futura desconexión de Cataluña. La iniciativa en cuestión se aprobó gracias a los votos a favor de Junts y de la CUP y de la abstención de ERC. El PSC votó en contra.
La iniciativa popular, que necesitaba del aval de un mínimo de 50.000 firmas, fue presentada por Solidaritat Catalana per la Independència. Se trata de una coalición fundada por Joan Laporta en 2010 con la que ya presentó iniciativas legislativas populares similares a la que ahora se pretendía tramitar en el Parlament.
El texto alude a las resoluciones que "de manera reiterada" ha abordado la cámara regional sobre el "derecho a autodeterminación" de Cataluña, así como a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que avaló la declaración de independencia de Kosovo en 2008.
El Constitucional frena la independencia
"La pertenencia de Cataluña al Estado español ha llevado a la nación catalana a una profunda crisis moral, cultural, económica, institucional y de identidad. La agresión que ha significado la sentencia del Tribunal Constitucional español sobre el Estatut ha confirmado que el autonomismo condena al país a la extinción y que la relación con España no es fruto de un pacto entre iguales sino de una situación de dominación", apunta la iniciativa registrada.
El texto equipara los cuarenta años de democracia con un "régimen constitucional" e insiste en que la sociedad catalana ha expresado "inequívocamente" su voluntad de superar el sistema autonómico y de constituir un Estado catalán". "Es la única alternativa viable para la continuidad del proyecto nacional y para garantizar el bienestar de los catalanes y las catalanas ante una España pétrea decidida, como siempre, a uniformizar las naciones no españolas", añade.
Con su decisión frena de momento la tramitación de esta iniciativa legislativa popular en la cámara regional y pasa ahora a estudiar el fondo de la misma.
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