El Tribunal Constitucional frenará las leyes secesionistas del Parlamento catalán, en concreto la denominadas Ley de Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República cuando dejen de ser “virtuales”, según han adelantado a Vozpópuli fuentes del alto tribunal, que aseguran que su actuación se iniciará tras la denuncia que interponga el Gobierno central cuando se aprueben las normas en el Parlament.
El pasado viernes, el portavoz del Ejecutivo y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que el Gobierno tiene estudiadas y preparadas todas las respuestas a los pasos que puedan dar los independentistas y actuará de inmediato con todos los instrumentos necesarios.
En este sentido, las citadas fuentes explican que el Constitucional no puede actuar ante un desafío político, ya que eso es materia del Gobierno y de los diferentes partidos políticos: “No reaccionamos ante planteamientos políticos, sino ante los meramente jurídicos”, completan las mencionadas fuentes, que anuncian: “El Estado responderá al desafío a la Constitución cuando deje de ser virtual”.
El Tribunal Constitucional tiene previsto reunirse en un pleno ordinario la próxima semana, los días 6 y 7 de septiembre, los mismos en los que se celebrará el Pleno del Parlament de Cataluña, en el que podría aprobarse las dos leyes secesionistas.
Asimismo, otras fuentes del alto tribunal han confirmado a Efe que en el pleno del Constitucional aún no está previsto que los magistrados vayan a abordar el recurso a la modificación del reglamento del Parlament. Sin embargo, al ser un pleno ordinario, según las fuentes, la agenda siempre está sujeta a introducir nuevos puntos en el orden del día.
Por el contrario, un integrante del Constitucional ha certificado a Vozpópuli que no existe ningún tipo de malestar por la supuesta utilización de este tribunal por el Gobierno para hacer frente al desafío secesionista.
"Nosotros actuaremos, pero sólo en el marco de la ley, y ahí no cabe desempeñar ningún papel político”, advierten fuentes del alto tribunal
Otra cosa bien diferente, apuntan las fuentes aludidas, es que alguien pretenda que el Constitucional desempeñe una actividad política: “Nosotros actuaremos, pero sólo en el marco de la ley, y ahí no cabe desempeñar ningún papel político”, advierten.
La dificultad de los integrantes del Tribunal Constitucional estriba es que hasta el momento se desconoce si el Parlament aprobará esta semana las leyes del Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana, ya que la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, no ha querido dar pistas y solo ha anunciado que se hará "próximamente".
El Govern ya anunció que no hará caso a la decisión del Tribunal Constitucional, que previsiblemente será la de anular la Ley de Referéndum, "con todas las consecuencias" que ello acarree en las filas independentistas.
Leyes de "desconexión"
El pasado lunes, hace justo una semana, Junts pel Sí y la CUP registraron en el Parlament la Ley de Transitoriedad Jurídica, considerada la más importante de las llamadas leyes de "desconexión". Esta norma, siempre según los independentistas, entraría en vigor si la mayoría de catalanes votara "sí" a la independencia en el todavía no convocado referéndum del 1 de octubre.
El Ejecutivo ha convocado a la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado, que preside la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ante la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad.
En el pleno del 31 de julio, el Tribunal Constitucional suspendió la reforma del Reglamento del Parlament catalán con la que el Govern de Puigdemont pretendía tramitar de forma exprés el referéndum del 1 de octubre. Además, el alto tribunal apercibió a los miembros de la Mesa de que la aplicación de la norma podría implicar responsabilidades penales.
Hasta el momento, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y un juez de instrucción de Barcelona, han frenado las iniciativas de la Generalitat y del Parlament a instancias de una decena de denuncias del Gobierno, de la Fiscalía y de particulares.
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