El Tribunal Constitucional se dispone a avalar esta semana la reforma legal aprobada en 2023 que permite a las menores de 16 y 17 años el aborto sin permiso de los padres. Ahora, el Pleno de la corte de garantías debatirá y previsiblemente aprobará el borrador de la sentencia que ha redactado la magistrada del ala progresista Laura Díez, quien defiende que la norma es constitucional.
En este sentido, se prevé que la mayoría progresista del tribunal rechace el recurso que presentaron los diputados de Vox contra la Ley 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que modificaba la aprobada en 2010.
Los de Santiago Abascal llevaron la ley ante el Constitucional al considerar que vulnera los principios de libertad, pluralidad y legalidad, y los derechos a la vida, a la igualdad y a la libertad ideológica. Fue en febrero de 2023 cuando el Congreso aprobó definitivamente la reforma que supuso devolver a las menores de 16 y 17 años el derecho al aborto sin necesidad de contar con permiso paterno, un aspecto sobre el que el TC no se pronunció en 2023 al resolver el recurso del PP contra la ley del 2010, porque el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió ese artículo en 2015.
La reforma también eliminó los tres días de reflexión y blindó el aborto frente a protocolos antiabortistas como el que propuso Vox en la comunidad de Castilla y León.
La 'Ley Zerolo'
Al margen, está previsto que el Pleno estudie a su vez un recurso de Vox contra la ley para la igualdad de trato y no discriminación, conocida como 'Ley Zerolo'. Las fuentes consultadas apuntan que el borrador de la sentencia, a cargo de la magistrada María Luisa Segoviano, propone avalar el texto legal.
Los de Vox impugnaron la norma en la legislatura anterior al entender que vulnera la Constitución al atentar contra el derecho de los padres a elegir la educación que prefieran para sus hijos, al excluir de la financiación pública a todos los centros educativos que separen a alumnos por sexo.
La denominada 'Ley Zerolo' especifica que "nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Y los principales ámbitos que regula son el laboral, el educativo, el sanitario y el de la vivienda, aunque también prevé mecanismos en otros como el de justicia o el administrativo.
Ley madrileña de transportes urbanos
Asimismo, el Constitucional estudiará el recurso que planteó en la anterior legislatura Unidas Podemos junto a diputados de ERC, EH Bildu, CUP, Compromís, Más País y Junts contra la Ley 5/2022, de 9 de junio, por la que se modifica la Ley 20/1998, de Ordenación y Coordinación de los Transportes de la Comunidad de Madrid.
Esta ley, según la formación 'morada', que la denomina 'Ley Uber de Ayuso', debería haber cumplido con la obligación de regular las autorizaciones para realizar transportes urbanos a las VTC, respetando las competencias municipales en transporte urbano.
Algo que, a su juicio, no ha ocurrido, ya que "prescinde de los mínimos requisitos legales e invade claramente las competencias municipales en materia de transporte urbano, otorgando autorización para realizar transporte urbano a todas las VTC con autorización nacional en la Comunidad de Madrid", indicaron a Europa Press fuentes de la formación 'morada'.
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