Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, y los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmniun Cultural, Jordi Cuixart, entre otros líderes secesionistas, a los que habría que añadir el major (jefe) de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, acumulan entre todos imputaciones por los delitos de sedición, desobediencia, prevaricación, malversación, atentado contra la autoridad y revelación de secretos por usar datos personales en el referéndum del 1-0.
Los delitos de desobediencia y prevaricación administrativa, que no incluyen penas de cárcel, están siendo investigados por dos magistradas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Mercedes Armas y María Eugènia Alegret, pero también en el caso de los no aforados por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que fue el que ordenó el registro de varias sedes de la Generalitat y la detención de 14 personas por organizar el 1-0.
Los magistrados Mercedes Armas (TSJC) y Ramírez Sunyer sí han incluido en sus pesquisas el delito de malversación de caudales públicos, que implica un posible ingreso en prisión en el caso de que haya una condena firme. María Eugènia Alegret rechazó incluir este delito en sus pesquisas sobre la presidenta del Parlament, pese a que la denuncia de la Fiscalía Superior de Cataluña así lo reclamaba.
Pero el delito que, hasta el momento, incluye penas de cárcel más severas es el de sedición, que para los dirigentes que organizaran o permitieran protestas "tumultuarias" establece hasta 15 años de reclusión. Por sedición están imputados el major (jefe) de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; la intendente de los Mossos, Teresa Laplana; y los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmniun Cultural, Jordi Cuixart.
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela investiga la inacción de los Mossos el 20 de septiembre, durante los registros de dependencias de la Generalitat, y las protestas dirigidas por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart contra los agentes de la Guardia Civil. La Fiscalía quiere ampliar estas pesquisas hasta los hechos sucedidos el 1 de octubre.
Además, hasta el momento 23 juzgados de toda Cataluña han recibido denuncias relacionadas con el 1-O. Y de ellos 17 han abierto diligencias para investigar la supuesta inactividad y desobediencia de los Mossos d'Esquadra ante las instrucciones judiciales que les ordenaban cerrar los colegios electorales del 1-O.
Datos Personales
Algunos de estos jueces también han recibido denuncias por el uso de datos personales. En concreto, en cinco juzgados se investigan denuncias presentadas por ciudadanos por presunta revelación de secreto por uso de datos personales en las votaciones del 1-O -Granollers, Mataró, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Figueres y Puigcerdà-.
Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), cuatro de los juzgados que recibieron las primeras denuncias contra la presunta inactividad de los Mossos d'Esquadra para impedir el referéndum del 1-O -Cerdanyola, El Prat de Llobregat, Lleida y La Seu d'Urgell-, ya han solicitado información sobre lo sucedido a la policía autonómica.
El juzgado de instrucción número 7 de Barcelona es, de momento, el que acumula más denuncias por lesiones contra la policía y es el mismo que investiga también una denuncia presentada por la Generalitat contra las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Atentado contra autoridad
El juzgado de instrucción número 4 de Mataró, que ha abierto 8 diligencias previas por lesiones contra la policía, también ha abierto una diligencia por atentado contra la Guardia Civil, el sexto delito presuntamente cometido por los protagonistas del 'procés'.
Por su parte, pese a que el Constitucional no ha imputado a niguno de los activistas pro independencia de Cataluña, el papel del Tribunal Constitucional también ha sido clave. Su último movimiento: la suspensión del Pleno del Parlament del lunes destinado a proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña.
Este pleno fue suspendido por el Constitucional al admitir a trámite un recurso de amparo del PSC. El Alto Tribunal advirtió a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, de su deber de "impedir" que se celebre el Pleno, apercibiéndola de eventuales responsabilidades, incluida la penal.
12.000 euros diarios
Además, el 27 de septiembre el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó un anuncio que pasó desapercibido, pero que sin duda alguna ha tenido gran importancia en los hechos sucesivos. Los integrantes de la Sindicatura Electoral de Cataluña, una especia de Junta Electoral que habían ideado los independentistas, habían renunciado días antes, ya que el Tribunal Constitucional les había advertido de multas de 12.000 euros diarios si seguían en su empeño de dar una imagen de legalidad al referéndum del 1 de octubre.
La decisión se publicó en el BOE, por orden del Constitucional, y ahí se daba cuenta de todas las renuncias presentadas por los miembros de la Sindicatura Territorial de Cataluña y de las sindicaturas de demarcación, en sus propios términos, lo que dejaba sin efecto todas las decisiones adoptadas hasta ese momento.
Esas renuncias, y la publicación de forma oficial, establece que las sindicaturas estaban disueltas por las renuncias de sus miembros, y debidamente publicadas en el BOE, para que produjeran todos sus efectos de forma definitiva. "Y no por una decisión del Govern, por lo que este no puede rehabilitarlas ni siquiera temporalmente. Si lo hiciesen y los vocales lo aceptasen, aunque fuese por un solo día, tendrían que pagar la multa completa porque las renuncias se considerarían fraudulentas", explicaban a Vozpópuli fuentes del Constitucional.
Este es el motivo por el que el resultado del referéndum ilegal tuvo que ser hecho público por el propio Govern, sin que ninguna Junta Electoral lo haya avalado.
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