La Fiscalía General del Estado hizo pública el pasado jueves una inusitada nota de prensa en la que criticaba abiertamente la actuación de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que intervinieron en una operación contra altos cargos del consistorio granadino, entre ellos su alcalde, José Torres Hurtado, por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística.
La fiscalía señalaba en su comunicado que había informado favorablemente la práctica de todas las diligencias que le habían solicitado los investigadores, salvo la relativa a la detención del alcalde y el registro de su domicilio, “al considerar que el estado actual de las investigaciones no permite fundamentar suficientemente medidas tan intrusivas en los derechos fundamentales”. La nota concluía señalando que las detenciones “se practicaron a iniciativa de la fuerza policial, no habiendo sido ordenadas por la autoridad judicial, aunque sí fueron comunicadas previamente a la misma”.
Uno de los agentes que intervino en la redada contra la trama de corrupción urbanística falleció horas después de un ataque al corazón
Fuentes policiales de la investigación manifestaron a este diario su estupor e indignación por las críticas de la fiscalía. “Estamos dolorosamente hartos del manejo que se ha hecho del nombre de la UDEF y de su prestigio por parte de personas que no saben respetar el trabajo que está realizando”, señaló a este diario un alto mando policial, para quien la detención del alcalde de Granada estaba justificada y amparada por el Código Penal, “entre otras razones para garantizar su seguridad”. La misma fuente señaló que todas las detenciones le fueron comunicadas previamente al juez instructor, que autorizó los veintiocho registros solicitados, en los que estuvieron presentes funcionarios judiciales. “El alcalde estuvo detenido el tiempo imprescindible para garantizar el registro de su domicilio, tras lo cual se le puso en libertad. Ha sido un servicio ejemplar en todos los aspectos”.
Las fuentes consultadas manifestaron que al tiempo que la Fiscalía hacía públicas sus críticas fallecía uno de los agentes que intervino en el dispositivo policial. Cuando concluyó el mismo se marchó a la oficina para cumplimentar las oportunidad diligencias, momento en que se sintió indispuesto y sufrió un infarto de miocardio de resultas del cual falleció. “Estábamos preocupados de atender al compañero y mientras tanto esta señora poniéndonos a parir a él y a todos los demás”. Los mandos policiales sostienen que la propia fiscalía podría haber incurrido en un delito por haber desvelado algunos de los extremos de la investigación, que se encuentra bajo secreto sumarial. “El problema es que nosotros no podemos defendernos por estar sometidos a un secreto sumarial, pero tanto la detención del alcalde como la del resto de personas estaba justificada por la información de que disponemos”.
La Fiscalía General del Estado informó que la operación policial tiene su origen en dos causas distintas. Por un lado está la presunta alteración y modificación fraudulenta de un concurso para la construcción de un pabellón deportivo en el número 35 de la calle Torre de la Pólvora, y por otro la desviación de un barranco y la concesión de licencias de primera ocupación de trescientas viviendas, trasteros y garajes del residencial Ciudad de la Luz. Además de estos casos, la UDEF investiga la existencia de irregularidades en otros expedientes tramitados por la Gerencia de urbanismo del ayuntamiento granadino.
Todos los detenido quedaron en libertad tras ser interrogados, a la espera de ser citados por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Granada, que instruye la causa, acusados de la presunta comisión de los delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio.
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