El pulso del 9-N y la decisión del Gobierno de llevar a Mas a los tribunales no sólo están dividiendo a la política y la sociedad catalana. Ahora también los órganos del poder judicial empiezan a quebrarse, hasta el punto de que la Fiscalía de Cataluña se divide en torno a si se debe llevar a Mas a los tribunales o no y se enfrenta al criterio del Fiscal General del Estado que tenía ya incluso redactado su escrito. Tras una semana de discusiones, el Ministerio Público en Barcelona apuesta por presentar lo que fuentes de la fiscalía describen como una “demanda de mínimos” sin el aval de todos sus miembros.
El Fiscal Superior de Justicia de Cataluña, José María Romero de Tejada, ha defendido públicamente la presentación de esa querella, después de haberse negado a firmar la que Torres-Dulce había preparado, tal y como publicó Vozpópuli: frente a las pretensiones del Fiscal General del Estado, el representante del Ministerio Público en Cataluña apuesta por limitar el número de delitos (sólo desobediencia y no prevaricación ni usurpación de funciones) y el número de imputados (sólo el número uno y dos del govern y no sus consellers de educación Irene Rigau o Interior, Ramón Espadaler).
La Junta de Fiscales se reúne pese a estar reservada a debatir cuestiones de especial urgencia o complejidad”
Pero en el seno de la fiscalía catalana, ni siquiera hay acuerdo para seguir adelante con la causa en esos términos y un sector mayoritario de los fiscales se oponen judicializar la consulta. Por ese motivo han forzado la celebración de una junta extraordinaria –un organismo reservado sólo “a debatir cuestiones de especial urgencia o complejidad”, según su estatuto—que intenta frenar esa querella. Esa junta es, a fecha de hoy, mayoritariamente contraria a la demanda y ha planteado un debate que obligará a un nuevo encuentro extraordinario el próximo lunes para decidir si mantiene o no ese procedimiento. Técnicamente, la oposición puede canalizarse en un informe no vinculante que se remitiría a Madrid para que decida. En los últimos años, jamás se había producido una situación semejante que, según fuentes de la fiscalía, pueden desembocar en un escrito de mínimos apoyado sólo por una minoría de los 9 fiscales.
“No es necesario que el ministerio fiscal lleve a los tribunales el asunto, que ya está incluso antes del 9-N", asegura Torres Dulce
Dos nombres se muestran públicamente contrarios a la imputación: Martín Rodríguez Sol y Teresa Compte y sus argumentos son fundamentalmente jurídicos, bajo la tesis de que la defensa del Estado no equivale a una defensa de las posiciones del Gobierno central. Pero al debate jurídico se suma una carga política derivada de que esa haya sido anunciada por el PP de Cataluña antes incluso de que lo hayan decidido los representantes del Ministerio Público y que altos cargos del Partido Popular hayan reconocido abiertamente estar “asesorando” en esa causa, tal y como hizo Alicia Sánchez-Camacho.
Retrasos y plazos
Con semejante fractura la demanda se ha retrasado ya en tres ocasiones. Se anunció de forma inminente 24 horas después del 9-N, se retrasó hasta la reunión de las fiscalías de Madrid y Barcelona y ahora se pospone para mañana lunes cuando podría incluso no llegar. Así las cosas, las fuentes de la Fiscalía consultadas no se atreven a dar un nuevo plazo.
La Fiscalía en Madrid presentó inicialmente un escrito que pretendía que los fiscales de Cataluña ratificaran. Ante la posibilidad de que ni siquiera la querella de la Fiscalía se sustancie, Eduardo Torres-Dulce ha abierto la puerta a sumarse a los procedimientos ya abiertos. “No es necesario que el ministerio fiscal lleve a los tribunales el asunto, que ya está incluso antes del 9-N en manos del Tribunal Superior de Justicia, y nosotros tenemos que dictaminar si tenemos que interponer una querella y si lo entendemos procedente. Lo haremos cuando estimemos que disponemos de todos los elementos para plantear la querella”, ha dicho Torres-Dulce.
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