Las negociaciones sobre la quita de una importante cantidad de deuda griega en manos del sector privado continuaban hoy, pese a la inesperada partida de Atenas del director del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), Charles Dallara, que representa a los bancos en las conversaciones.
Así lo aseguró una fuente del ministerio de Finanzas griego, quien explicó que los contactos continuarán a lo largo del fin de semana por vía telefónica y que ya se había producido una conversación esta mañana entre el IIF y el gobierno griego. "Necesitamos un esbozo de acuerdo para presentarlo este lunes en la reunión del Eurogrupo", añadió la fuente.
De acuerdo a la emisora de radio Skaï, Dallara ha viajado a París para consultar con la banca acreedora los detalles hasta ahora alcanzados con Atenas en las maratonianas reuniones a varias bandas, que concluyeron anoche hacia la 01.30 horas (23.30 GMT del viernes).
Después, el ministro griego de Finanzas, Evangelos Venizelos, aseguró que las negociaciones continuarían en la mañana de hoy, aunque no habló de un cambio de formato. De hecho, el IIF publicó un comunicado firmado por Dallara y el asesor del presidente de BNP Paribas, Jean Lemierre, en el que aseguraban que se estaban acercando posiciones hacia un acuerdo.
"Ahora es el momento de actuar de forma decisiva y aprovechar la oportunidad de concluir este acuerdo histórico y contribuir a la estabilidad económica de Grecia, la zona euro y la economía mundial", afirmaron ambos. La idea -explicaron desde el ministerio de Finanzas de Grecia- es tener listo el acuerdo para hacerlo público durante la Cumbre Europea del próximo 30 de enero, cuyo tema principal será la situación en Grecia.
La quita del 50% o más, dependiendo de lo negociado, de los bonos griegos es esencial para que Grecia tenga una deuda más sostenible, y facilite que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, concedan un nuevo préstamo de 130.000 millones de euros a Atenas.
Grecia necesita fondos para hacer frente al próximo pago de deuda, ya que no dispone de suficiente liquidez para satisfacer los 14.400 millones de euros que vencen en marzo, cuyo impago obligaría al país a declararse en bancarrota.
