El presunto uso de fondos europeos en los contratos que se adjudicaron al socio de Begoña Gómez por parte de la Administración Pública amaga con dar un vuelco a la investigación que se sigue en un juzgado de Plaza Castilla. A falta de conocer si la Fiscalía Europea es competente para investigar estos contratos, el sumario desvela que, al menos seis de los adjudicados a la empresa de Carlos Barrabés, se habrían financiado con fondos comunitarios.
La entidad del socio de la mujer del presidente del Gobierno, Innova Next, ha recibido más de 22 millones en adjudicaciones públicas, de los cuales más de 14,5 millones serían de fondos europeos. Entre ellas destacan los dos contratos millonarios asignados por el ente público Red.es, que vinieron avalados por cartas de apoyo firmadas por la propia Begoña Gómez. La UTE que formó con The Valley consiguió imponerse a una veintena de empresas tras barrer a sus competidores en el apartado de valoración subjetiva.
El primer contrato adjudicado por este ente público en 2020, por entonces dependiente del Ministerio de Economía de Nadia Calviño, constaba de dos lotes por valor de unos seis millones de euros. Ambos correspondían al Fondo Social Europeo y respondían a un servicio de apoyo y asesoramiento incluido en el Programa Operativo de Empleo Juvenil. El segundo contrato llegaría pocos meses después, el 8 de mayo de 2021, por valor de 4,8 milones de euros.
Los contratos más allá de Red.es
Asimismo, entre los expedientes solicitados por el juez que instruye la causa se encuentra un contrato de 3,6 millones de euros tramitado mediante el procedimiento de emergencia y firmado por el Consejo Superior de Deportes. Hace a penas dos semanas, la UCO se personó en la sede del CSD en busca de documentación relacionada con las licitaciones concedidas a la empresa de Carlos Barrabés. El juez ponía el foco sobre un contrato millonario financiado con fondos europeos y firmado por el exdirigente del PSOE en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco.
Según consta en el anuncio de la licitación, éste estaría asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una adjudicación pública con el objetivo de prestar un "servicio de apoyo al CSD para el diseño y operación del modelo de innovación y transformación digital en el ámbito del deporte".
En este caso, Innova Next consiguió el primero de los dos lotes relativo al 'Diseño e Implantación del Modelo de Innovación y Transformación Digital del Deporte en España, de un Modelo de Formación y del diseño y configuración de un Hub de Innovación del Deporte'.
Entre los órganos de contratación, se coloca en tercera posición el Consejo de Administración de ICEX España Exportación e Inversiones. Entre 2021 y 2022, este ente público -dirigido desde el Ministerio de Economía- adjudicó dos contratos a la empresa señalada por la denuncia de Manos Limpias por un valor de 130.000 y 205.400,44 euros, respectivamente.
El último de los contratos otorgados por el Gobierno de Sánchez a la empresa y que estaría sufragado por fondos europeos se formalizó el pasado mes de febrero. La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo licitó un encargo de "servicios profesionales para definir una metodología y desarrollar los instrumentos" que faciliten el emprendimiento. Dicho expediente depende del Ministerio de Yolanda Díaz y se alza por casi 340.000 euros.
La consultora de Carlos Barrabés accedió al menos a seis contratos firmados por entes públicos financiados con fondos de la Unión Europea, adjudicados en su mayoría entre el año 2021 y 2022. Según revela el sumario del caso, la empresa aumentó exponencialmente sus ingresos precisamente durante ese periodo. Entre el 18 de marzo de 2021 y el 15 de noviembre de 2022, sólo Innova Next ingresó más 20,2 millones. Esta cantidad supone, según la UCO, "aproximadamente un 90% del total de sus adjudicaciones" -individualmente o en UTE-.
Irrupción de la Fiscalía Europea
El supuesto uso de fondos comunitarios en los contratos a Barrabés puso en guardia a la Fiscalía Europea que a los pocos días de abrirse causa en los juzgados de Plaza Castilla solicitó información de los mismos. Del sumario se desprende que el 26 de abril (diez días después de que el juez Peinado incoara diligencias), reclamó al juzgado que le informara a la mayor brevedad posible de "los hechos y delitos" por los que se seguían estas diligencias contra la mujer del presidente del Gobierno y también que remitiera la documentación sobre los contratos bajo sospecha.
La Fiscalía Europea actuó al igual que en otros procedimientos afectados con fondos europeos –como el caso Koldo- y reclamó información de los expedientes para analizar en primer término si es o no competente para asumir la investigación.
En ese sentido, el juez que dirige la causa contra Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, acaba de abrir una pieza separada para abordar todo lo relativo a los contratos afectados con fondos comunitarios. El asunto es especialmente relevante ya que, de acreditar la competencia la Fiscalía Europea, ésta reclamaría la instrucción de la causa para sí, en el marco de la cual está citada como imputada Begoña Gómez el próximo 5 de julio.
Por su parte, la formación política Vox –que ejerce la acusación popular en el procedimiento- ha solicitado al juez que requiera a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UFASE) para que informe al juzgado sobre los dos expedientes solicitados por la Fiscalía Europea y que el Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó a Carlos Barrabés.
Precisamente Barrabés es uno de los testigos citados por el juez para declarar en relación a estas adjudicaciones. Peinado quiere saber si las recomendaciones de Begoña Gómez propiciaron que el Gobierno que preside su marido, Pedro Sánchez, acabara adjudicando los contratos a la empresa del consultor aragonés, el cual participó en UTE con The Valley.
Sin embargo, la citación del empresario está en el aire debido a problemas de salud. De hecho, el juez ha trasladado su testifical al domingo 16, junto con altos directivos de Red.es, pero su comparecencia es, a día de hoy, una incógnita.
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