En plena pandemia, el Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Ada Colau (Barcelona en Común), compró el gel hidroalcohólico y los guantes de nitrilo más caros que el consistorio madrileño, capitaneado por el popular José Luis Martínez-Almeida, según se desprende del informe de fiscalización de los contratos de emergencia que firmaron en 2020 los ayuntamientos para atender las necesidades de las medidas de contención del covid-19 que ha escrito el Tribunal de Cuentas y al que ha tenido acceso Vozpópuli.
La Justicia investiga el 'caso mascarillas' por el pelotazo de la venta de cubrebocas, cuyo contrato de 11 millones para suministrar material sanitario al Ayuntamiento de Madrid ha podido incurrir en delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Pero lo cierto es que el Tribunal de Cuentas ya ha fiscalizado los contratos de emergencia en plena crisis sanitaria de los consistorios de más de 300.000 habitantes.
El gobierno barcelonés soltó 52,48 euros por cada cinco litros de gel, 29,48 más que el ejecutivo madrileño. Y 0,19 euros por guante, por 0,16 de la capital de España. Es más, Colau solo pagó menos que su homólogo madrileño por las mascarillas quirúrgicas y por las FFP2. Así, el precio medio que pagó la capital de Cataluña por los tapabocas quirúrgicos fue de 0,40 euros por los 0,50 de Madrid. Y, por las FFP2, Barcelona desembolsó de media 2,57 euros y Madrid, 4,76.
Varios contratos por el mismo producto
Además, hay dos ciudades más escudriñadas por el tribunal, Bilbao y Sevilla, que pagaron las mascarillas quirúrgicas casi al doble de precio que Madrid. Los bilbaínos desembolsaron 0,98 euros y los sevillanos, 0,90. Y es que el Tribunal de Cuentas explica que ha realizado "un análisis del precio de adquisición unitario de algunos de los artículos más demandados por los ayuntamientos para hacer frente a la situación sanitaria causada por el coronavirus", entre los que incluye las mascarillas quirúrgicas, las FFP2, los guantes de nitrilo y gel hidroalcohólico.
Lo cierto es que Sevilla, dirigida por el socialista Juan Espadas, pagó el precio más elevado por las quirúrgicas, porque llegó a desembolsar 1,15 euros la unidad en un contrato para la adquisición de 50.000 fechado el 15 de abril del 2020. Lo más llamativo es que el 28 de abril, solo trece días después, en otro contrato para la adquisición de la misma cuantía y con el mismo proveedor, el precio que firmó el consistorio hispalense bajó a 0,65 euros la unidad.
Al Tribunal, que ha estimado el precio medio precisamente por que los consistorios realizaron varios contratos durante la emergencia sanitaria, le llama la atención el precio de ese primer contrato de Sevilla, "más en consonancia con los precios pagados en esas fechas por otros Ayuntamientos, ya que el de Barcelona había pactado un precio de 0,7 euros/unidad en un contrato del 26 de marzo de 2020, y el Ayuntamiento de Madrid, a través de la empresa municipal SFM, de 0,55 euros/unidad el 30 de abril de 2020".
El Tribunal de Cuentas recuerda que "la consecución de un menor precio, que sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato atendiendo a las condiciones del mercado, y siempre que ello sea compatible con la finalidad de atender a la situación de emergencia planteada, es una práctica de buena gestión". En verdad, al margen de los precios pagados por cada producto, el tribunal ha detectado fallos. Casi ninguno de los 12 ayuntamientos analizados se libra de defectos.
El consistorio que más contratos ha visto pasar por la lupa del Tribunal de Cuentas respecto al total es el de Murcia (83%). El de Madrid ha visto analizar la mitad y, el de Barcelona, el 48%. Lo más curioso es que el consistorio barcelonés es uno de los que más recelos destapa al tener el 92% de los contratos analizados sin tener siquiera acreditada su formalización. Es decir, sin un "documento que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación", como exige el artículo 37.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. Junto a Barcelona están Sevilla (73%), Zaragoza (94%), Málaga (92%), Palma (85%, Las Palmas de Gran Canaria (100%) y Bilbao (100%). Eso sí, Madrid queda lejos con un 19%.
El Tribunal de Cuentas finaliza su informe de fiscalización con una serie de recomendaciones a los ayuntamientos. Y uno de los puntos en los que es más contundente es, precisamente, en la necesidad de formalizar la licitaciones: "Sin perjuicio de la inmediata ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, los términos del contrato tramitado de emergencia deberían formalizarse por escrito".
Además, recuerda que "en todos los contratos que se tramiten por emergencia, debería dejarse constancia de manera individual de las causas o motivos que justifican acudir a esta tramitación extraordinaria, justificando de manera escrupulosa que concurre el supuesto de hecho concreto exigido por la normativa". Y es que ese ha sido uno de los grandes problemas que se ha encontrado el Tribunal de Cuentas.
Sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Barcelona contrató un "servicio de secretaría técnica para la definición y elaboración del dossier Barcelona para la captación de los fondos europeos”. Fue adjudicado el 29 de octubre de 2020 por 88.939,00 euros, IVA excluido, al amparo de la emergencia ocasionada por la covid. Pero el servicio, como explica el Tribinal, "no guarda relación con las necesidades inmediatas derivadas de la situación sanitaria causada por el COVID-19 ni con los supuestos de tramitación de emergencia recogidos en el artículo 120 Ley de Contratos del Sector Público". Y así unos cuantos despistes tras otros.
