El empresario Ángel Ramón Tejera de León, conocido con el sobrenombre de Mon en el sumario del caso Mediador que implica al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, obtuvo numerosas adjudicaciones para la reforma de dependencias de la Guardia Civil. Las licitaciones a las que ha podido tener acceso Vozpópuli son contratos “menores”, lo que supone un procedimiento más laxo por parte de la Administración. Muchos de los contratos rozaban el límite que permite esta categoría de contratos públicos, fijado en 40.000 euros. También se puede apreciar que la reforma de un cuartel se dividió en dos lotes, adjudicados en un mismo día a la misma sociedad de dicho empresario.
Según adelanta El Periódico de España y ha podido confirmar este diario, Asuntos Internos de la Guardia Civil investigó la reforma de una serie de cuarteles del Instituto Armado adjudicadas a las compañías de Ángel Ramón Tejera de León, quien presumió en el sumario de Mediador de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero quería comprarle una vivienda de una promoción. El nombre de este empresario se repite en varias ocasiones en el sumario del caso Mediador -la trama de supuestas mordidas a empresarios canarios-, si bien no figura como imputado en la causa.
Las adjudicaciones consultadas por este diario se enmarcan dentro de la categoría de “contratos menores” que, según la legislación aprobada en noviembre de 2017, corresponden a “contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras”. Estas adjudicaciones se resuelven mediante un expediente administrativo. Los contratos que superan esa cifra están sometidos a controles más estrictos por parte de la Administración pública.
Así, las adjudicaciones a las que ha tenido acceso Vozpópuli revelan que los contratos de la Guardia Civil a Ángel Ramón Tejera de León a través de la empresa Angrasurcor -de la que es administrador único- se llevaron a cabo mediante contratos menores. Este diario ha identificado licitaciones que van desde el 20 de julio de 2016 hasta el 20 de febrero de 2020, en diferentes cuarteles del Instituto Armado. Las obras están destinadas a reparaciones de fachadas, impermeabilizaciones o la pintura exterior de las dependencias, entre otros.
Contratos entre 2016 y 2020
Llama la atención que en un mismo día -20 de julio de 2016- se suscribieron varios acuerdos para reformas en cuarteles del Instituto Armado. En concreto, la Comandancia Guardia Civil de Algeciras adjudicó a esta empresa la “reparación y aislamiento” del “bloque 3” y del “bloque 4” de Tarifa, cada una de ellas por un importe próximo a los 25.000 euros -casi 30.000, sumando impuestos-.
La misma Comandancia de Algeciras encargó también a Angrasurcor, ese mismo día, el “Pintado Exterior Bloques Acuartelamiento San Roque [sic]”, por poco más de 23.000 euros (casi 28.000, con impuestos). En estas tres adjudicaciones -las dos de Tarifa y la de San Roque- figura una sola oferta recibida, la de la empresa de Ángel Ramón Tejera de León.
La misma Comandancia Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife le encargó la reforma de los acuartelamientos de Guía de Isora, Valverde de El Hierro, Tijarafe y Santa Cruz de la Palma, cada uno de ellos por alrededor de 39.000 euros (sin impuestos)
También resulta llamativa la adjudicació de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante a Angrasurcor para la impermeabilización de cubierta y reforma del garaje de las dependencias oficiales del Cuartel de Dolores (Alicante) por 47.985,40 euros (58.062,33, con impuestos). Un encargo similar le solicitó la Comandancia Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, por unas obras que supusieron el pago de 49.344,74 euros (52.798,87, con impuestos). Ambos proyectos, no obstante, se ejecutaron meses antes de que entrase en vigor la actual Ley de Contratación Pública.
Tras la publicación de esta ley en el BOE se identifican otros proyectos que rozan el límite de los 40.000 euros. La misma Comandancia Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife le encargó la reforma de los acuartelamientos de Guía de Isora, Valverde de El Hierro, Tijarafe y Santa Cruz de la Palma, cada uno de ellos por alrededor de 39.000 euros (sin impuestos).
Diligencias en Ávila
En paralelo un juzgado de Ávila abrió diligencias en 2019 por precisamente por irregularidades las obras de cuarteles de la Guardia Civil. La causa arrancó a raíz de una investigación de Asuntos Internos de la Guardia Civil contra el empresario bautizado como Mon y que se ha convertido en uno de protagonistas de la causa contra el tito Berni.
Servicios Internos denunció que entre el segundo semestre de 2016 y principios de 2017 las mercantiles de este empresario consiguieron la adjudicación para la realización de trabajos de pintura y de impermeabilización de numerosos acuartelamientos de la provincia de Ávila, pese a que lo habitual era que ese tipo de obras venían siendo realizadas por empresas locales.
Los trabajos se abonaron con una asignación presupuestaria que se habría descentralizado desde la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil pese a que muchas de estas obras ni se terminaron. De hecho, según consta en las periciales aportadas a la causa, algunas ni se empezaron.
Durante la instrucción el juez de Ávila tomó declaración como investigados al entonces jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Ávila, a un empresario y a un colaborador. Tras estudiar los hechos, el juzgado entendió que no era competente porque afectaba a un teniente general de la Guardia Civil con sede en la Dirección General de Madrid y por ello se inhibió a los juzgados de la capital. El asunto ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid.
Leonidas
Practica habitual de los políticos, y desde el covid las subvenciones en concesión directa. Nueva versión de robo a manos llenas