A lo largo de sesenta páginas de documento, María José Santiago Fernández, hasta ahora presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) -encargada de controlar todas las licitaciones y sus licitaciones-, enumera las “incoherencias” de la administración pública durante el estado de alarma: cifras que bailan, anomalías, confusión de conceptos… El documento es una suerte de carta de despedida, teniendo en cuenta que Santiago abandona por sorpresa este órgano tras apenas dos años en el cargo.
La -ya ex- presidenta de Oirescon desgrana en su Informe especial de supervisión los errores que han cometido Gobierno y comunidades autónomas en la publicación de los contratos durante la crisis del coronavirus. Todos ellos tramitados por vía de emergencia, sin concurso público y con una negociación presupuestaria directa con las sociedades implicadas. En total, 5.922 adjudicaciones aprobadas por esta vía, cifra que consta en el documento informativo.
Entre todas esas licitaciones hay una serie de lagunas o prácticas polémicas que Vozpópuli viene recogiendo desde que se decretase el estado de alarma: material defectuoso, bailes de mascarillas entre diferentes organismos públicos, contratos adjudicados a empresas marcadas por su opacidad e imprecisiones en el BOE que irritaron a los proveedores y que la administración tuvo que subsanar con apremio.
De los test a las mascarillas defectuosas
La carrera por adquirir material sanitario de urgencia comenzó cuando el Ministerio de Sanidad aprobó un fondo de contingencia de mil millones de euros para encontrar stock en el mercado internacional. Uno de los primeros episodios que suscitó la polémica fueron los test para la detección de coronavirus que no cumplían con los estándares de fiabilidad establecidos.
Adquiridos por 17,1 millones de euros a la empresa china Shenzhen Bioeasy Biotechnology, el Gobierno se vio obligado a retirar el material de los almacenes y devolvérselo a su “proveedor de confianza”. La embajada china en España advirtió a través de sus redes sociales -como recogió este diario- que ese fabricante no figuraba en la lista de proveedores clasificados ni tenía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos china para vender sus productos.
No fue el único material defectuoso que adquirió el Ministerio de Sanidad. El departamento de Salvador Illa repartió a las comunidades autónomas entre 350.000 y 400.000 mascarillas con taras. Eran del modelo N95 y estaban fabricadas por la china Garry Galaxy. Los gobiernos regionales tuvieron que devolverlas, aunque miles de ellas ya habían sido utilizadas por los sanitarios, provocando un profundo malestar entre los funcionarios.
Compras a un empresario vinculado a los ‘Papeles de Panamá’
El Ministerio de Transportes firmó sendos contratos con la firma zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas para la adquisición de mascarillas FFP2 o KN95 por un valor conjunto de casi 40 millones de euros. Poco después, Interior suscribió otro acuerdo con esta sociedad para el suministro de otro millón de mascarillas, por un total de 3,47 millones de euros, IVA incluido.
El administrador de esta empresa figura en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que investigó los Papeles de Panamá, supuestamente por tener empresas offshore en Malta. En concreto, Delta Advisory and Management Services Limited y Arce Investment Consulting Limited.
La empresa zaragozana, que presentaba números rojos en ejercicios recientes, ha sumado contratos por valor de más de 43 millones de euros en mascarillas durante la pandemia. En años anteriores concentró buena parte de su actividad en Angola, donde concurrió en una Unión Temporal de Empresas con Cueto Comercial 92, una compañía procesada por corrupción en el ‘caso Defex’.
Los ‘megacontratos’ a Hong Kong
245 millones de euros. Con esa cifra en contratos, HongKong Travis Asia Limited se convirtió en uno de los socios preferentes del Gobierno para la adquisición de material sanitario durante la pandemia. ¿Quién mueve los hilos de esta compañía? Es difícil saberlo. Tal y como publicó este diario, la estructura de la sociedad está marcada por la opacidad. En apenas un año ha modificado sus estatutos en varias ocasiones para cambiar a sus principales administradores, y su actividad se sostiene en un complejo entramado societario.
En la documentación a la que tuvo acceso Vozpópuli, en el apartado de ‘secretario de la compañía’, figura la sociedad externa Hung Kai Registrations (HK) Limited. Según el registro mercantil de Hong Kong, es una empresa que se constituyó en 2018 y que suma múltiples ramificaciones en otras sociedades.
Las autoridades locales multaron a Hung Kai por incumplir la ordenanza “contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo” al detectar que no había identificado de forma adecuada las identidades de sus clientes ni las de los beneficiarios reales de su actividad económica.
El baile de mascarillas en Correos
La empresa pública Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. -presidida por Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez- protagonizó un baile de mascarillas que irritó a los trabajadores y sindicatos. La cronología comienza con el anuncio del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, de entregar dos millones de mascarillas a la empresa pública. Pero la escasez y la falta de ese material prometido empujaron a Correos al mercado de material sanitario: compró 4,7 millones de mascarillas a Gamma Solutions por 14 millones de euros.
Pero Correos no fue sólo empresa compradora; en los compases más duros de la pandemia vendió al Ministerio del Interior 50.000 mascarillas FFP2 o equivalentes por un importe máximo de 220.000 euros sin IVA. También le suministró 150.000 guantes de protección a cambio de 10.800 euros, sin impuestos. Los empleados se molestaron por la transacción, teniendo en cuenta que sumaban cientos de contagiados entre sus filas.
La empresa pública de paquetería suscitó otra polémica al quedarse con 1.400 mascarillas -según ellos, por “error”- que eran propiedad del Ministerio de Sanidad y las distribuyó entre sus trabajadores. El Partido Popular exige ahora explicaciones al Gobierno por todos estos movimientos desvelados por Vozpópuli.
Los anuncios en el BOE
Salvador Illa admitió que el Ministerio de Sanidad había incurrido al menos en una docena de ocasiones en el mismo error al anunciar las licitaciones en el BOE. Donde el Gobierno debía detallar la ubicación y las localidades en las que estaban radicadas las empresas adjudicatarias, el boletín reflejaba: “Dirección desconocida”.
La oposición criticó la supuesta opacidad del Ministerio, y Salvador Illa explicó que todo se debía a un error administrativo. Algunas de las sociedades protagonistas criticaron que los fallos del departamento enturbiasen “su imagen” y que pudiera suponer una “crisis reputacional” para su marca.
Errores en la publicación
María José Santiago, hasta ahora presidenta de Oirescon, recoge en su informe una serie de prácticas en la publicación de los contratos del coronavirus que, a su juicio, son “susceptibles de mejora”. Apunta a equivocaciones de conceptos: “Se han publicado contratos como ‘tramitación urgente’ u ‘ordinaria’, cuando al constatar la documentación adjunta [...] se ha comprobado que es un contrato tramitados por vía de emergencia”.
También habla de la gestión errónea de documentos: “En varios expedientes se ha observado que la publicación responde a un expediente de gasto y no a un contrato”. Y añade: “Se indica un valor estimado o prepuesto base de licitación distinto y superior al precio de adjudicación agregado”. La presidente de este órgano de control apunta, asimismo, a “incoherencias” en las cifras indicadas en los campos de “valor estimado”, “presupuesto base de licitación” y “precio de adjudicación”.
Un informe crítico con las administraciones -estatales y regionales- por el modo en que han gestionado los contratos públicos durante la pandemia. Y lanza un aviso a los diferentes actores públicos implicados: “Se pudiera deducir que algunas Administraciones no están cumpliendo adecuadamente la obligación de publicación o existen ciertos retrasos en las mismas”.
