Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraron el Ayuntamiento de Melilla en busca de los documentos referentes a los contratos menores de la Consejería que estaba dirigida por Mohamed Ahmed Al-lal, el dirigente de Coalición por Melilla (CPM) detenido por la red de compra de votos. Es un paso más de las diligencias en torno a esta organización criminal que financiaba la adquisición de sufragios mediante las subvenciones públicas a sus personas más afines, según la Fiscalía Anticorrupción.
Así, los investigadores acudieron este viernes al Palacio de la Asamblea de Melilla con un ordenamiento judicial del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad autónoma. En un primer momento se dirigieron con la autorización al presidente de Melilla Eduardo de Castro. El dirigente expresó su compromiso de colaborar en las investigaciones. Los agentes requirieron de su despacho y de otros organismos de la localidad información sobre contratos menores, según informan fuentes de la investigación a Vozpópuli.
Estas adjudicaciones son importes inferiores a 40.000 euros que se realizaron desde diferentes Consejerías, todas ellas del CPM. El caso está bajo secreto de sumario y forma parte de las nuevas diligencias que se están realizando sobre la trama de la compra de votos por correo. De Castro no está investigado y tampoco participó en ellas, según las fuentes consultadas.
El epicentro de la búsqueda de los agentes es el área de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, que lideraba Mohamed Ahmed Al-lal. Este político de Coalición por Melilla (CPM) fue uno de los arrestados por la trama de la compra de votos. Un día después fue cesado por el presidente de la ciudad.
Los agentes registraron la sede del partido en busca de documentación pero no dependencias municipales como en el caso de este viernes. En la inspección al local, que está cedido por un afiliado, se localizó dinero en efectivo y papeletas preparadas para ser depositadas en las oficinas de Correos.
De Castro preside como independiente el Gobierno de Melilla y cuenta con cinco consejeros de Coalición por Melilla. Este hombre fue el único diputado que consiguió Ciudadanos en las elecciones de 2019. También hay tres miembros del Ejecutivo que pertenecen al PSOE.
Adjudicaciones bajo sospecha
El denominador común en las licitaciones que rastrean los agentes de la UDEF es que se trata de contratos menores, con cantidades inferiores a 40.000 euros, lo que supone unos procedimientos más laxos en las adjudicaciones y sometidos a controles menos estrictos. Este modus operandi se repite en otros casos de supuesta corrupción pública que actualmente investigan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
No obstante, el objetivo final de la trama no sería el lucro de una persona o institución, sino la financiación para cometer otros ilícitos. En este caso, con la intención de sufragar el escándalo de la compra de votos por correo que estalló durante la campaña electoral de las últimas elecciones autonómicas y municipales. El elevado número de solicitudes de voto por correo fue el punto de partida de las sospechas de las autoridades.
Fuentes consultadas por este diario aseguran que son "decenas" los contratos que actualmente están bajo investigación. Y el foco está puesto en la organización de eventos deportivos o culturales, como campeonatos regionales o conciertos. Los agentes sospechan que algunas de estas licitaciones se adjudicaron a empresarios afines a los políticos investigados, lo que permitiría desviar una parte de los fondos para financiar la trama de compra de votos.
Algunas de las empresas acumulan varios contratos que actualmente ocupan las pesquisas de los investigadores de la UDEF. En otros casos sospechan que los presupuestos abonados podrían estar 'inflados'; por eso cruzan datos entre los servicios contratados y las partidas que finalmente se destinaron a los empresarios.
A todas estas partidas relacionadas con contratos públicos habría que sumar las subvenciones o ayudas públicas como otra supuesta vía de financiación de la trama. En este caso, el dinero llegaría de forma íntegra hasta el destinatario final, en tanto que no sería necesaria la justificación de una contraprestación para recibir la partida.
Entre unas maniobras y otras, los investigadores creen que la red habría desviado cientos de miles de euros con los que manipular el resultado de los comicios, abonando cantidades que iban desde los 50 euros a individuos dispuestos a vender su voto. Los colectivos más desfavorecidos eran, por tanto, un objetivo potencial de la trama.
La derrota de CPM en las municipales
El escenario político en Melilla ha cambiado sustancialmente en las últimas semanas. La derrota electoral de Coalición por Melilla (CPM) ha supuesto un duro golpe a la formación que también ha sufrido un impacto importante en su fuente de financiación.
Además, el adelanto de los comicios ha roto los planes del partido. El presidente de la formación Mustafá Aberchán pensaba presentar su candidatura para entrar en el Congreso de los Diputados. La nueva fecha le impide este deseo ya que su condena por inhabilitación por fraude electoral termina en agosto.
La Fiscalía Anticorrupción, que asumió las diligencias debido a la gravedad y la importancia de la trama de fraude de votos en Melilla, sospecha que se financió con fondos públicos. Sostiene que esta red -que salpica al partido Coalición por Melilla- se nutrió a través de empresas y particulares que, a su vez, recibieron ayudas y subvenciones del Gobierno de coalición integrado por este partido y por el PSOE.
El Ministerio Público detalla que estas empresas y particulares vinculados al partido político recibieron "licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones" que provenían del gobierno local. Según recalca Anticorrupción, las investigaciones realizadas hasta el momento constatarían que los imputados -entre los que se encuentran el exconsejero de Distritos, Mohamed Ahmed Al-lal y el yerno del presidente de Coalición por Melilla, Mustafá Aberchán- conformarían una "estructura organizada" que se dedicó a comprar votos gracias al sistema telemático de votos.
"Operación de compra a gran escala"
Tras las sospechas de fraude en la entrega de votos por correo, fueron admitidos 5.814 de los 11.707 solicitados, lo que supone el 49,6% del total, según los datos facilitados respectivamente por Correos y por el Ministerio del Interior. Precisamente estas cifras hicieron saltar la alarma en Melilla, al dispararse el voto por correo en comparación a las 4.200 solicitudes presentadas en las elecciones de 2019.
Según las primeras pesquisas los investigados habían diseñado "una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 50 y 150 euros a un importante número de ciudadanos alterando la mecánica legamente establecida del voto por correo". Aunque las diligencias siguen bajo secreto de sumario, se sabe que la trama comenzó a operar el 4 de abril, coincidiendo con la publicación en el BOE de la convocatoria electoral.
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